La ciudad de Tarija vive una paradoja que salta a la vista de cualquier transeúnte: mientras los mercados formales lucen cada vez más puestos vacíos —espacios construidos con recursos públicos y pensados para ordenar la actividad comercial—, las calles adyacentes y avenidas principales se colman de vendedores informales que ocupan veredas, calzadas y hasta pasos peatonales. Es un contraste que se repite en mercados como el Central, Bolívar, La Loma, Abaroa o San Bernardo, donde se contabilizan decenas de puestos cerrados o subutilizados, al mismo tiempo que las arterias aledañas se transforman en ferias improvisadas, congestionadas y sin control.
Este fenómeno no es nuevo, pero sí se ha profundizado. La falta de fiscalización municipal, la débil presencia de políticas de incentivo para que los comerciantes ingresen a puestos formales, y la permisividad histórica hacia el comercio callejero han generado un círculo vicioso: los mercados se vacían, la ciudad se desordena y el ciudadano común paga las consecuencias con tráfico, inseguridad, acumulación de basura y una calidad de vida deteriorada.
Los testimonios de administradores de mercados y comerciantes antiguos coinciden en un punto: muchos puestos desocupados pertenecen a personas que los alquilan, los mantienen cerrados o simplemente los abandonaron, mientras que otros venden en la calle porque allí “hay más movimiento”. Es una muestra clara de que, en Tarija, el espacio público se ha convertido en un recurso disputado, donde la regulación es débil y el interés privado termina imponiéndose sobre el bien común.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en los comerciantes. La Alcaldía ha sostenido durante años una política ambigua: controla por temporadas, pero no sostiene sus acciones; anuncia reordenamientos, pero rara vez se aplican con continuidad. Un día se despeja una avenida y al siguiente vuelve a llenarse. Sin reglas claras, sin presencia constante y sin alternativas atractivas, el desorden se normaliza.
La solución no pasa por desalojar con fuerza ni por tolerar indefinidamente el caos. La respuesta debe ser integral, sostenida y, sobre todo, realista.
Primero, el municipio debe realizar un catastro completo, público y actualizado de los puestos vacíos, incluyendo a sus legítimos titulares. Quien no cumpla con la función económica del puesto debería perder el derecho a mantenerlo cerrado o sin uso. Un mercado con decenas de casilleros muertos es un fracaso del sistema, no de los vendedores.
Segundo, es imprescindible aplicar un plan progresivo de reordenamiento en calles críticas, acompañado de incentivos reales: reducción temporal de patentes, facilidades de pago, mejoras en infraestructura, garantías de seguridad y campañas que devuelvan valor al concepto de “comprar en el mercado”.
Tercero, Tarija necesita una guardia municipal especializada en espacio público, con presencia diaria, no esporádica. No para reprimir, sino para ordenar de manera constante y educativa.
Cuarto, la ciudad debe asumir un pacto social: mercados funcionales, calles transitables y vendedores con condiciones dignas. Esto implica escuchar a todos los sectores, pero también implica decisiones firmes que, aunque impopulares para algunos, garanticen el derecho de todos a una ciudad vivible.
Tarija no puede resignarse a que sus mercados se conviertan en cascarones vacíos mientras sus calles colapsan. El comercio es parte esencial de la identidad chapaca, pero su crecimiento debe ser ordenado. Recuperar los mercados es recuperar la ciudad. Y ordenar las calles no es solo una tarea municipal: es un acto de responsabilidad colectiva hacia el futuro.