Bolivia vive un nuevo repunte de contagios de chikungunya, y Tarija no es la excepción. Las salas de emergencia, los centros de salud y los laboratorios comienzan a sentir la presión de una enfermedad que se expande con rapidez, impulsada por las altas temperaturas, la proliferación del mosquito Aedes aegypti y la falta de una respuesta estatal oportuna. Una vez más, el virus avanza más rápido que la capacidad de reacción del país.
Si algo ha quedado claro en esta nueva ola es que el sistema de salud continúa atrapado en un laberinto de trámites, autorizaciones y procedimientos administrativos que parecen pertenecer a otra época. Los retrasos en la compra de insumos, la burocracia para habilitar brigadas de fumigación, la escasez de reactivos para diagnósticos y la falta de personal especializado no son hechos aislados: son síntomas de un aparato estatal que funciona con lentitud mientras la enfermedad corre sin esperar.
En Tarija, los testimonios de pacientes que deben peregrinar por distintos centros para conseguir atención son un reflejo alarmante de esta realidad. La demora en la confirmación de casos, la saturación de los servicios de emergencia y la falta de coordinación entre niveles de gobierno agravan una situación que requiere, más que nunca, decisiones rápidas y capacidad de adaptación. La enfermedad no distingue trámites ni compulsa presupuestaria; simplemente avanza allí donde encuentra un sistema debilitado y desorganizado.
Los municipios, responsables de la lucha contra el mosquito, denuncian que los recursos llegan tarde o no llegan. Las campañas de fumigación suelen activarse cuando los contagios ya están disparados, y no cuando deberían: antes del brote. Peor aún, la planificación suele depender de procesos administrativos tan lentos que, para cuando se aprueban, el ciclo del mosquito ya completó varias generaciones.
El ciudadano, como siempre, queda en medio de este escenario: enfermo, confundido, esperando atención oportuna y viendo cómo los hospitales, que ya operan al límite de sus capacidades, lidian con una avalancha de pacientes con fiebre, dolores articulares y complicaciones que requieren seguimiento. La chikungunya no es una enfermedad menor; su secuela de dolores persistentes puede incapacitar por semanas o meses. Y, sin embargo, parece que algunos despachos públicos siguen tratándola como una simple molestia temporal.
El país necesita con urgencia una reforma profunda en los mecanismos de respuesta sanitaria. No basta con activar “alertas” y emitir comunicados. Se requiere agilizar los procedimientos de compra, flexibilizar la movilización de brigadas, centralizar información epidemiológica en tiempo real y, sobre todo, devolverle a la salud pública la capacidad de actuar antes de que el problema explote. La ciencia epidemiológica funciona con anticipación; la política pública boliviana, por desgracia, sigue funcionando con retraso.
Los contagios de chikungunya no deberían sorprender a nadie. Estaban anunciados desde hace meses. Lo que sí sorprende —y preocupa— es que el sistema de salud continúe atrapado en prácticas anacrónicas que dejan a Tarija y a todo el país expuestos frente a enfermedades que hoy, más que nunca, exigen eficacia, coordinación y velocidad. La chikungunya ya está aquí. El mosquito no espera.