El próximo 19 de abril, Tarija elegirá a su nuevo gobernador o gobernadora en medio de uno de los escenarios más complejos que ha enfrentado el departamento desde la creación de los gobiernos autónomos. La contienda electoral, aunque cargada de discursos y promesas, no puede pasar por alto una verdad económica que golpea sin tregua: la Gobernación está asfixiada financieramente, con ingresos que siguen cayendo, programas que consumen sumas millonarias sin resultados palpables, y una deuda que limita cualquier posibilidad real de reactivar la inversión pública en el corto plazo.
Durante más de una década, Tarija vivió una bonanza hidrocarburífera que permitió expandir la burocracia, multiplicar programas sociales sin evaluaciones serias y comprometer recursos futuros que hoy faltan desesperadamente. Esa época ya no volverá y la nueva autoridad deberá asumir que gobierna un departamento que ya no tiene el margen económico de antes, pero sí mantiene obligaciones y expectativas del pasado.
Uno de los problemas más graves es la existencia de programas departamentales diseñados para otros tiempos, cuyos costos superan con creces su efectividad. Muchos de ellos se sostienen por presión política o por inercia administrativa, sin reportar indicadores, sin auditorías de impacto y sin responder a los desafíos actuales de la producción, la salud, la educación o la infraestructura. Tarija gasta mucho, pero gasta mal.
A esto se suma el peso de las deudas acumuladas por proyectos mal planificados, licitaciones mal cerradas o simplemente obras iniciadas sin respaldo presupuestario. La Gobernación hoy destina una parte significativa de su presupuesto anual solo al pago de obligaciones anteriores, lo que impide iniciar nuevas obras estratégicas y deja a la región atrapada en un círculo vicioso: no se invierte, la economía se estanca y los ingresos continúan disminuyendo.
Frente a este panorama, el nuevo gobernador o gobernadora tendrá que asumir decisiones difíciles desde el primer día. Las medidas inmediatas que deberá tomar no son populares, pero sí necesarias para encaminar nuevamente al departamento:
Auditoría integral de todos los programas y unidades dependientes de la Gobernación.
No se puede seguir financiando iniciativas que no demuestran resultados. Los programas que no generen impacto medible deben reestructurarse o cerrarse, sin excepción.
Redimensionamiento del gasto corriente.
La estructura administrativa debe revisarse a fondo. Se requiere reducir la burocracia excesiva, optimizar funciones y evitar duplicidades que encarecen el funcionamiento institucional.
Renegociación urgente de la deuda departamental.
Un plan serio de refinanciamiento permitiría liberar recursos para obras esenciales y frenar el colapso de la inversión pública.
Priorización estricta de proyectos estratégicos.
No se trata de hacer muchas obras, sino de hacer las necesarias: agua, caminos productivos, energía alternativa, apoyo real al sector agrícola y fortalecimiento de servicios básicos. Cada boliviano debe invertirse con impacto.
Transparencia y control social permanente.
Las decisiones difíciles solo serán aceptadas si la ciudadanía entiende la situación real de las finanzas. Es indispensable abrir los datos, publicar los estados financieros y establecer mecanismos de seguimiento con participación ciudadana.
El 19 de abril, Tarija no elegirá solamente a una persona para administrar la Gobernación. Elegirá a quien tendrá la responsabilidad de reordenar una institución debilitada, recuperar la confianza pública y reconstruir un modelo de gestión que hoy está agotado. El próximo gobernador o gobernadora deberá actuar con firmeza, sin populismos y con una visión realista del futuro.