En las últimas semanas, los consumidores bolivianos han visto un aumento notable en el precio de la carne de res, un producto básico en la canasta familiar. Lo paradójico es que, según declaraciones de los productores ganaderos, ellos continúan vendiendo la carne al mismo precio de siempre. Este hecho ha desatado una serie de cuestionamientos sobre los verdaderos responsables del alza y sobre las fallas estructurales del sistema de comercialización de alimentos en el país.
La cadena de intermediación, el eslabón donde se pierde el control. Uno de los factores más críticos en este fenómeno es la estructura de intermediación. Desde que la carne sale del productor hasta que llega al consumidor final, atraviesa por diversos actores: frigoríficos, transportistas, mayoristas, comercializadores y, finalmente, los minoristas. Cada eslabón añade su margen de ganancia, y en un contexto de poca regulación y control, esos márgenes pueden volverse excesivos.
Además, existe una notable falta de transparencia en los costos reales del proceso posterior a la venta primaria. A menudo, se justifica el incremento en el precio al consumidor por gastos en transporte, refrigeración, o incluso por el aumento en insumos complementarios. Sin embargo, estos argumentos no siempre están respaldados por datos verificables y, en muchos casos, se usan como excusas para especular con los precios.
Otro elemento que incide en la tensión del mercado es el volumen creciente de carne destinada a la exportación. Aunque las autoridades han implementado cupos para asegurar el abastecimiento interno, en la práctica estos controles son difíciles de fiscalizar. Cuando la demanda externa —y los precios internacionales— son más atractivos, existe una presión natural del mercado para canalizar más carne fuera del país, reduciendo la oferta interna y empujando los precios al alza.
El rol del Estado en este escenario es fundamental. Si bien existen instituciones encargadas de supervisar el mercado, como el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor o el SENASAG, su capacidad de acción frente a la especulación en mercados locales es limitada. A menudo, la fiscalización llega tarde, cuando el daño ya está hecho, o se ve obstaculizada por la falta de coordinación entre niveles de gobierno.
Como siempre, el mayor impacto lo siente el consumidor final, en especial las familias de bajos ingresos que dependen de la carne como fuente principal de proteína. Frente a este panorama, es urgente replantear las políticas de control de precios, mejorar la trazabilidad del producto desde su origen hasta el punto de venta, y fomentar mercados más directos entre productores y consumidores, como las ferias campesinas o plataformas digitales que eliminan intermediarios.