Eduardo Claure
El 24 de abril de 2013, Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya la demanda contra Chile por una salida soberana al Pacífico. El agente Rodríguez Veltzé y el entonces canciller David Choquehuanca lideraron la representación, apoyados por el lobby comunicacional del ex presidente Carlos Mesa: esfuerzos sin lógica visión de política internacional y, más bien oportunista en lo domestico.
En 2018, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que Chile no contrajo obligación legal para negociar el retorno al océano, como demandó Bolivia. El 1ero de octubre de 2018, la CIJ desestimó por 12 votos contra 3 la demanda de Bolivia, rechazando, además, la obligación de Chile de negociar una salida al mar para Bolivia. Y, se acabó la historia, a pesar que el gobierno de Evo Morales hizo pasear por la carretera Oruro a La Paz una bandera azul de varias decenas de kilómetros y el día del fallo de la CIJ llevó a su sede un circo de representantes políticos y originarios con música autóctona, trajes típico, y todo para nada: la CIJ no se conmovió por ese show, el mundo legal de ese nivel internacional, se mueve por la Ley, no por la ineficiencia y el engaño de una campaña política mediática, antes que por una genuina y sentida reivindicación histórica.
Evo Morales anunció en marzo de 2016 su intención de demandar a Chile ante la CIJ por “robar” las aguas del río Silala, no obstante Chile fue primero en acudir a la Haya y, en junio de 2106 la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, presentó una demanda pidiendo que se declarara el Silala como de curso internacional cuyo uso se rige por el Derecho Internacional Consuetudinario, solicitando igualdad de derechos sobre esas aguas y, pidiendo que Bolivia, adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminación de sus aguas, además de notificar a Chile las medidas que pudieran contaminar el río, así Chile, podría impedir en lo futuro a Bolivia interferir en el suministro de agua del Silala a Chile a través del desierto de Atacama. En 2018 Bolivia contrademando a Chile bajo el argumento que se declarara sobre su soberanía sobre los canales artificiales y mecanismos de drenaje en el Silala que se encuentran en su territorio, planteando además, su soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala que ha sido diseñado, mejorado o producido en su territorio, alegando que Chile no tiene derecho a ese curso artificial y, que cualquier entrega de Bolivia a Chile de las aguas de flujo artificial -condiciones, modalidad y compensación- debe ser pagada previo acuerdo con Bolivia.
El argumento boliviano era que defendía un conjunto de ojos de manantial, por lo que le correspondía un usufructo integro y retroactivo, bajo la figura que el Silala nace de manantiales con origen en vertientes y estas captadas y conducidas artificialmente hacia el territorio chileno por infraestructuras chilenas, que de no existir se infiltrarían en suelos bolivianos, aduciendo además que, que Chile debía pagar un retroactivo desde su construcción y cuya deuda era muy alta.
La sentencia de la CIJ, dio razón a Chile sobre sus derechos y, así también sobre los derechos bolivianos, manifiestamente reducidos, dando por cerrado el asunto en la certidumbre de la insuficiencia e ineptitud del manejo de la política internacional de la Cancillería boliviana, ADEMAF, incluidos el lector de piedras y el escribidor de historia.
Un boletín del Ministerio de Hidrocarburos y energía, de fecha 20 de enero del año en curso señalaba: “Bolivia presentó este viernes el modelo soberano de inversiones en la industria del litio, que antepone el principio de respeto a la soberanía del país, en la firma de convenio entre la estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) y la empresa china CATL BRUNP & CMOC (CBC).” Arce Catacora señaló que hay una gran diferencia entre la política que aplica el Gobierno nacional respecto a la de otros países. “La diferencia está en que nuestra empresa estatal YLB estará presente en toda la cadena productiva, desde la extracción, su industrialización y la comercialización de productos”. Para Catacora, la firma de este convenio es fruto de la aplicación de modelo económico social comunitario productivo, cuyo propósito es aprovechar nuestros recursos naturales para el beneficio de las bolivianas y los bolivianos. “Esta filosofía se ha plasmado hoy en la firma de este convenio y valdrá para cada una de las empresas que quieran trabajar en Bolivia, siempre y cuando respeten nuestro modelo de negocio, donde el Estado es el protagonista fundamental”, expresó. Mucho discurso. Los yacimientos de litio de Bolivia están entre los más grandes del mundo, alentando expectativas del gobierno que permitan al país salir de la pobreza y la dependencia.
Sin embargo, desde una perspectiva socioambiental, debe observarse críticamente, las múltiples dimensiones de la desigualdad y sobre potenciales escenarios de conflicto que están asociados con la explotación e industrialización del litio en el salar de Uyuni, también por el marco normativo y los riesgos ambientales.
Bolivia se enfrenta a una competencia de ofertantes con alta tecnología y yacimientos: Chile, con 44%, Australia (25%), China (13%) y Argentina (12%) presentes en el mercado desde hace más de 20 años y con tecnología de punta e infraestructuras modernas. Bolivia no tiene tecnología adecuada, ni técnicos especializados ni infraestructura.
El programa boliviano del litio tiene fuertes restricciones a la participación de empresas privadas nacionales o extranjeras en el campo de las tecnologías y prevé financiamiento propio, cuando paradójicamente el gobierno/Estado/partido están vendiendo las joyas de la abuela.
En el espectro global, las empresas chinas y rusas dominan la carrera por explotar el litio en Bolivia, entonces, no se trata solamente de negocio, sino también de influencia en Hispanoamérica en momentos en que Rusia y China disputan la hegemonía de EE.UU., por lo tanto, esta operación, ensombrecida por denuncias que los medios señalan por la manera que ha sido tratado el asunto: nepotismo cínico ligado al ejecutivo presidencial, deja muchas dudas de su transparencia y probidad al respecto, dado que las debilidades de gestión para un lobby para una empresa de semejante envergadura son miseras, intermediando -seguramente- los afanes de recibir diezmos multiplicados, en este drama económico nacional de insolvencia -casi declarada- , puede hacer cometer mil riesgos sin réditos para el pueblo boliviano, tal como han sido otros proyectos y negocios estatales encubiertos y aderezados por una corrupción e impunidad de estos recientes 17 años, nunca antes visto.
Respecto al oro depositado en el Banco Central de Bolivia, de cuya existencia física medios, políticos y el pueblo boliviano se viene interrogando desde hace dos años -cuando el BCB envío un proyecto de ley al ejecutivo para su tratamiento y se le asigne a este precioso mineral una utilidad de reforzamiento a las RIN y otros beneficios colaterales a la economía boliviana-, hoy, con ley aprobada, no termina de comprenderse el alcance de las operaciones que dicha ley promete por las explicaciones vagas del ejecutivo del BCB, cuya entidad informó mediante un boletín que el 98,7% de las reservas del oro del país se encuentran en entidades financieras internacionales y el restante 1,2% se encuentra en las bóvedas de esa entidad.
Esta ley de Fortalecimiento de la Reservas Internacionales, tiene por objeto la compra de oro que pueda hacer el BCB de la minería aurífera, agregando la posibilidad evidente de vender el oro, quedando siempre en la duda el futuro de sus beneficios integrales a la economía nacional. Por dicho informe, quedarían de “libre disponibilidad” 0,4 toneladas, el resto se habría poco menos que volatilizado administrativamente, pues los intereses que generaron o su retorno -recuperación física-, es o parece ser un agujero azul a 55.000.000 Años Luz.
Es decir, tan lejana como los 55.000.000 de $us de los ingresos hidrocarburiferos que dicen ingresó a las arcas nacionales entre 2008 y 2014, pero que, 12 millones de bolivianos no vieron nunca por ninguna parte materializados en desarrollo integral con visión país o, por lo menos tener empedrado con adoquines -lingotes de oro- el camino a ser como Suiza.
Esta “movida” del gobierno/Estado/partido, por los antecedentes de denuncias de propios parlamentarios que cursan en la ALP, indican que, ha sucedido como en el pasado, se decía que “nadie se podía resistir a un talegazo”, luego en la época neoliberal, se comentaba que circulaban maletines negros y, hoy, por lo visto, tal como los medios reflejan denuncias de cómo se aprobó de prisa y en votación secreta dicha ley, mueve a pensar que circularon entre los “honorables diputados”: q’epis -bultos-, aguayos y/o saquillos azules.
Es lamentable reconocer que, Bolivia transita de mentira política en mentira política desde el 2006, hoy por las denuncias de asambleístas que comprometen a integrantes “probos” de CC y CREEMOS, se confirma esta desgracia política. No hay nadie más ruin que el mentiroso. Un mentiroso es peor que un criminal. El asesinato se comete generalmente en estado de excitación y puede tener circunstancias atenuantes. El mentiroso hace su obra con sosiego; el suyo es un crimen imperdonable.
Uno puede protegerse contra el criminal. No hay protección contra el mentiroso. El criminal mata a un mortal. El mentiroso asesinaría a la Deidad misma. Falsifica el real sello de Dios: La Verdad. Ningún pecado puede ser mayor que este. Esta perversión es absolutamente condenable, moral y éticamente cuando de política se trata y más aún cuando se funge de autoridad y se ejerce con la mentira y la falsedad. El MAS-IPSP, tiene la capacidad infinita de inventar, de reinventar, de distorsionar, y, por supuesto, de mentir y, no solo ellos según vemos.
En ocasiones, el hilo entre la invención y la mentira es muy tenue, tanto que con frecuencia la inteligencia es capaz de volverlo invisible y de deshilacharlo para que sea imposible saber dónde empieza una y dónde termina otra, este el poder de la mentira. Perdimos el Mar, el Silala, el Litio y ahora el Oro, son las glorias de un proceso de cambio, bajo una oscura complicidad de virtuosos políticos de la oposición, sin duda.
