Escribe: Roberto Márquez
Hablar con rigor político implica desarmar una ficción: el desabastecimiento en La Habana y los surtidores paralizados en El Alto no son accidentes, sino los efectos gemelos del «Socialismo del Siglo XXI». Este populismo reformista jamás fue una etapa de transición emancipadora; fue, desde su origen, una desviación burocrática y corporativa. Al suprimir la fiscalización popular y vaciar la institucionalidad democrática, la receta condena a sus sociedades a degenerar en dos variantes de una misma distopía económica: el capitalismo de Estado monopolista de la franquicia militar GAESA en Cuba, o el capitalismo lumpen-transnacional alimentado por economías ilícitas que hoy, tras 20 años de masismo, asfixia a Bolivia.
La verdad, siempre concreta, no admite matices: un Estado deja de ser un instrumento de liberación en el instante en que despoja a sus ciudadanos de salud básica mientras su élite uniformada resguarda más de 20.000 millones de dólares en las cuentas secretas del Banco Financiero Internacional. Esa misma capitulación moral se replica cuando se entregan las fronteras y las riquezas estratégicas a las economías ilícitas de los carteles. Lo que queda no es una revolución, sino un aparato de opresión, desfalco y profunda degradación social que disfraza con consignas ideológicas una estructura de acumulación puramente capitalista, mafiosa y corporativa.
La complicidad del silencio y el quiebre institucional
Semejante red parasitaria jamás habría adquirido escala transnacional sin la claudicación de los encargados de fiscalizarla. ¿Cómo se explica el silencio sepulcral de la Central Obrera Boliviana (COB) y las cúpulas sindicales mientras se estructuraba este saqueo de dos décadas? La respuesta es descarnadamente material: una metódica cooptación corporativa.
A lo largo de 20 años de populismo nefasto, la cúpula de la COB rifó la independencia de clase a cambio de prebendas tangibles. El masismo domesticó el descontento obrero repartiendo ministerios, facilitando licitaciones públicas direccionadas y entregando parcelas del poder burocrático. Al mutar en socios menores del desvalijamiento estatal, estos dirigentes amordazaron a las bases para blindar sus propias estructuras aristocráticas, alimentadas por las migajas del rentismo. Una traición flagrante a la memoria de líderes mineros como don Federico Escobar Zapata, aquel referente insobornable e incorruptible que consagró su vida, con lealtad absoluta, a la causa de la clase trabajadora y de la nación.
La demolición de la institucionalidad bajo el pretexto de apelar a una «vanguardia» burocrática —corporativizada en el estamento militar cubano o en las cúpulas sindicales del Chapare boliviano— empuja los medios de producción hacia las leyes del capitalismo más opaco y monopólico. En Bolivia, los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce Catacora reprodujeron fielmente el diseño de GAESA al proliferar empresas públicas «estratégicas» sin fiscalización alguna. Protegidas por decretos de excepción y adjudicaciones directas, estas firmas mutaron en la caja chica de la élite gobernante. El resultado de estas dos décadas es devastador: una oligarquía mafiosa incrustada con éxito en los niveles medios, operativos y jerárquicos del aparato estatal.
La estrategia del sabotaje interno
El derrumbe del esquema rentista y el desplazamiento del MAS del control gubernamental precipitaron el rostro más violento de la contraofensiva desestabilizadora. Al perder el control del Ejecutivo y el usufructo de sus privilegios corporativos, las corporaciones burocráticas han mutado en una quinta columna incrustada en la administración pública. Su trinchera ya no es el discurso, sino el boicot institucional: sabotean la maquinaria estatal desde el revés del poder, ralentizan los ministerios y bloquean trámites estratégicos con el único fin de estrangular administrativamente al gobierno constitucional de Rodrigo Paz.
Apenas transcurridos seis meses de la gestión constitucional del presidente Paz, elegido democráticamente para iniciar la reconstrucción institucional democrática del país, las alarmas se han encendido por completo. Ante el inminente avance de auditorías que amenazan con desmantelar los engranajes del desfalco pasado y exponer la complicidad de las cúpulas gremiales cooptadas, la vanguardia radical del MAS —dirigida por Evo Morales y respaldada por esas mismas facciones corrompidas de la COB— ha optado por combinar el sabotaje interno con el chantaje callejero.
Las hordas armadas y el cerco violento a las principales vías del país desarticulan cualquier narrativa de protesta legítima: estamos ante un plan deliberado de desestabilización que busca derrocar, mediante el chantaje, a un gobierno con escasos seis meses de gestión. El libreto es tan burdo como criminal: asfixiar el abastecimiento de alimentos, boicotear el suministro de carburantes y desatar el pánico en las ciudades para luego responsabilizar de este colapso provocado a la gestión de Rodrigo Paz.
La emancipación del pueblo trabajador exige hoy combatir, con la misma firmeza, tanto a la nueva oligarquía transnacional surgida del «Socialismo del Siglo XXI» y su populismo nefasto, como a las burocracias parasitarias y sindicales que traicionaron a sus bases. Resulta imperativo organizar la resistencia ciudadana en torno a la recuperación de la institucionalidad, restaurando la legalidad, la transparencia económica y la soberanía productiva desde las bases.
La encrucijada que hoy enfrenta Bolivia desborda cualquier cálculo político y prohíbe la tibieza. El dilema es descarnado: o se blinda con entereza irreductible el orden democrático junto a la necesidad imperiosa del trabajo productivo, o la República entera se rinde ante la extorsión de una corporación criminal transnacional. El objetivo de este asedio es transparente: canjear la paz social por impunidad, restaurando la barbarie, la delincuencia organizada y el desmantelamiento de unas instituciones democráticas aún nacientes. En este momento crucial, ser neutral equivale a ser cómplice.
El porvenir de la libertad boliviana depende por completo del coraje, la firmeza y el valor para defenderla.