Escribe: Roberto Márquez
Preguntarse hacia dónde va Bolivia en este convulso 2026 obliga a abandonar los análisis complacientes y las falsas dicotomías. Durante años, el gran fantasma del debate político nacional ha sido la separación territorial: la idea de que la polarización irreconciliable entre el occidente y el oriente rompería el mapa en dos.
Hoy sabemos que esa premisa es falsa, pero la realidad que la reemplaza es considerablemente más compleja. El verdadero peligro de Bolivia no es la división geográfica; es la erosión interna que las economías ilegales provocan en el tejido institucional de la nación y las regiones.
Sostener que el país es territorialmente indivisible debido a su interdependencia económica y a la integración migratoria interna ya no es un motivo para cruzarse de brazos.
Al contrario, es el punto de partida de nuestra mayor paradoja. ¿De qué sirve un mapa geográficamente intacto si el territorio sufre la amenaza de una fragmentación fáctica por feudos de la ilegalidad?
El avance del circuito del narcotráfico en zonas de producción excedentaria de coca, sumado al contrabando masivo y a la explotación ilegal del oro, busca construir «micro-Estados» dentro de la República.
Son mafias organizadas y carteles criminales que pretenden de manera violenta imponer un orden paralelo, asfixiando al pueblo y a las autoridades que quedan expuestas al chantaje, el amedrentamiento y la extorsión de estas corporaciones delictivas que pretenden someter la soberanía nacional a sus intereses.
Aquí cae también el mito de la estabilidad económica inercial.
No se puede defender una «interdependencia absoluta» entre regiones si las economías criminales distorsionan el aparato productivo formal en los departamentos, inflando los precios de la tierra, destruyendo la competitividad legal y generando burbujas inmobiliarias.
La base económica legal que mantiene unido al país debe ser defendida y saneada con firmeza, evitando que el esfuerzo de los bolivianos honestos sea sustituido por una peligrosa y degradante dependencia de la informalidad y el dinero sucio.
Frente a este escenario, la respuesta tradicional no puede limitarse a discursos tibios o negociaciones con sectores que están fuera de la ley. Frente a un crimen organizado que no cree en la democracia, que corrompe sindicatos y que utiliza la violencia como moneda de cambio, la única respuesta institucional válida es la recuperación implacable de la autoridad estatal.
Esto exige la presencia real, permanente y sin miramientos del Estado en aquellos territorios que hoy pretenden operar como repúblicas independientes. Zonas como el Chapare, enclaves de impunidad delictiva como el denominado México Chico, y las vastas regiones fronterizas y ribereñas tomadas por las mafias del contrabando y la explotación ilegal del oro, deben ser intervenidas mediante el uso legítimo de la fuerza pública, desarticulando sus estructuras logísticas y financieras.
A diferencia de los viejos vicios del centralismo que utilizaban cualquier crisis para acumular competencias en la sede de gobierno, la voluntad de la administración del presidente Rodrigo Paz camina en el sentido opuesto.
La apuesta estratégica no es la recentralización, sino el avance decidido hacia el 50/50, un modelo de equilibrio real que distribuye recursos y responsabilidades a la mitad entre el nivel central y las regiones.
Al empoderar directamente a los departamentos con los recursos económicos y la autonomía necesarios, se les otorgan las herramientas indispensables para reactivar sus aparatos productivos formales y blindar sus economías locales, mientras el nivel central asume con firmeza su rol de soberanía y seguridad nacional.
Bolivia no va hacia una división de fronteras internacionales ni hacia la centralización absoluta del pasado. Va hacia una disputa histórica por la calidad de su democracia, la vigencia del Estado de derecho y el control soberano de su territorio.
El destino del país dependerá de la consolidación de este modelo de corresponsabilidad y equilibrio regional. Si las gobernaciones y municipios asumen con valentía el peso de la gestión que les corresponde, y el Estado central reafirma con puño de hierro el monopolio de la ley frente a cualquier grupo criminal, Bolivia no solo preservará su mapa, sino que refundará una República de Bolivia viable, justa y genuinamente descentralizada.