Róger Mariaca, Alberto Zeballos, Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio fueron enviados a prisión preventiva por decisión judicial, cada uno en diferentes cárceles del país. Mariaca será remitido a la cárcel de Cantumarca (Potosí), Zeballos a El Abra (Cochabamba), Irusta a Patacamaya (La Paz), mientras que Aparicio irá a Chonchocoro (La Paz).
El juez, además, rechazó el pedido de Mariaca para ser sometido a un juicio de responsabilidades y determinó que sea procesado por la vía ordinaria.Este desenlace se dio después de más de 14 horas desde que inició la audiencia, pasados algunos minutos de las 05:00 am de este sábado 3 de octubre.
Róger Mariaca, ex fiscal general del Estado, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el fiscal superior Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio fueron enviados este sábado a prisión preventiva dentro de la investigación por sus presuntos vínculos con una estructura de protección al narcotráfico relacionada con el uruguayo Sebastián Marset.
La decisión fue asumida por el juez que dirigió la audiencia cautelar instalada a las 05:00 de este sábado, de manera virtual. La Fiscalía había solicitado seis meses de detención preventiva para los cuatro investigados y pidió que Mariaca, Zeballos e Irusta sean recluidos en el penal de San Pedro, mientras que Aparicio sea trasladado al recinto penitenciario de Patacamaya.La resolución también despejó uno de los principales planteamientos de la defensa de Mariaca.
El juzgador rechazó el incidente mediante el cual se buscaba que el ex fiscal general sea sometido a un juicio de responsabilidades y estableció que los delitos investigados deben ser procesados por la vía ordinaria.Durante la etapa de resolución de incidentes, la defensa de Mariaca cuestionó la competencia de la justicia ordinaria y sostuvo que, por haber ejercido como fiscal general, correspondía aplicar el régimen especial previsto para las altas autoridades.
El juez consideró, sin embargo, que los delitos atribuidos -tráfico de sustancias controladas y organización criminal, entre otros señalados en la imputación fiscal- son de naturaleza común y que no se acreditó, para efectos de esa excepción, que se trate de delitos propios cometidos en el ejercicio de sus funciones públicas.El juzgador citó el artículo 12 de la Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público y concluyó que, al no encontrarse los delitos investigados dentro de ese régimen en las circunstancias planteadas, corresponde que Mariaca sea sometido a la jurisdicción ordinaria.
La defensa anunció que apelará la determinaciónEl juez también declinó competencia por territorio al considerar que los hechos investigados se habrían desarrollado principalmente en Santa Cruz y dispuso que los antecedentes sean remitidos al juzgado competente de ese departamento. No obstante, señaló que la etapa cautelar podía continuar en La Paz para evitar afectaciones a los derechos de los investigados.
La Fiscalía sostiene como hipótesis que Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio habrían formado parte de una estructura que proporcionaba protección institucional a organizaciones vinculadas con el narcotráfico y que habría favorecido las actividades de Sebastián Marset.
Según la imputación fiscal, esa supuesta protección habría permitido el almacenamiento, ingreso y salida de sustancias controladas, además de proporcionar información anticipada sobre operativos policiales.La investigación incorpora informes policiales, información atribuida a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), antecedentes provenientes de Estados Unidos, material audiovisual y dispositivos electrónicos y dinero secuestrados durante las aprehensiones.
Estos elementos forman parte de la hipótesis del Ministerio Público y deberán ser sometidos a investigación y valoración judicial. La imputación no constituye una sentencia ni establece responsabilidad penal.
La Fiscalía habla de pagos de hasta $us 500.000Uno de los principales elementos expuestos por la Fiscalía es la supuesta existencia de una estructura de protección por la que, según la imputación, Marset habría pagado hasta $us 500.000 mensuales a cambio de protección e información anticipada sobre operativos.
El documento califica esos pagos como un supuesto «alquiler de protección» y señala que la estructura habría involucrado a diferentes niveles del aparato estatal, entre ellos el entonces Ministerio de Gobierno, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y posteriormente la Fiscalía General del Estado.
La imputación también incorpora una entrevista realizada a Marset el 13 de marzo, antes de ser entregado a la DEA, en la que el uruguayo hace referencia a Mariaca y sostiene que le pagaba para recibir información sobre posibles operativos en su contra.
La Fiscalía utiliza esas declaraciones, además de otros informes, entrevistas, videos y diagramas de vínculos, para sustentar su hipótesis sobre una supuesta red de protección.La investigación también retoma el operativo del 29 de julio de 2023, cuando Marset logró escapar de un despliegue policial realizado en Santa Cruz antes de que pudiera ser capturado.
La Fiscalía sostiene que la presunta filtración de información pudo haber permitido al narcotraficante anticiparse a las acciones policiales y relaciona ese episodio con la supuesta estructura de protección institucional.En la imputación, Mariaca aparece señalado por un supuesto rol de «protección y ayuda» durante el periodo en que ejerció como fiscal departamental de Santa Cruz y posteriormente como fiscal general del Estado.
A Zeballos se le atribuye un papel similar desde la Fiscalía Departamental, mientras que a Aparicio se le atribuyen presuntas tareas de protección y ayuda desde la Policía. En el caso de Irusta, la Fiscalía sostiene que habría cumplido una función operativa dentro del Ministerio Público.
La imputación también menciona el operativo realizado en la Fiscalía General del Estado en Sucre, donde fue aprehendido Martín Irusta.Según el Ministerio Público, el fiscal superior habría sido encontrado cuando, presuntamente, intentaba retirar documentación y expedientes relacionados con la investigación.
La Fiscalía considera que esa actuación pudo estar orientada a obstaculizar las pesquisas.Entre los elementos mencionados figura además un cable tipo C que habría sido encontrado en poder de Irusta y que, según la hipótesis fiscal, estaría relacionado con el intento de extraer información.