El fiscal inicialmente rechazó la denuncia contra el gobernador, los abogados de la alcaldía lo objetaron y derivó en la imputación de Oscar Montes, expresó el Asesor Andrés Castellanos.
El Periódico-Octubre-25-2023.- La gobernación pedirá explicaciones a la alcaldía por qué la persecución judicial contra el Gobernador Oscar Montes Barzón, que fue imputado por la Fiscalía tras denuncia del Concejal Ervin Mancilla Olarte.
“Se realiza la denuncia a finales del año pasado, han pasado 9 meses de investigación, en junio el fiscal asignado al caso ha presentado el rechazo”, recordó el Asesor de la Gobernación Andrés Castellanos, al mostrar extrañeza por la actitud de los abogados del municipio.
“Los abogados han presentado la objeción a este rechazo que ha derivado que se impute formalmente al gobernador de Tarija, vamos a pedir explicaciones al alcalde Jhonny Torres, de por qué está siendo cómplice de la persecución jurídica al gobernador”, expresó.
Castellanos dijo que hay una persecución del MAS, agregó que este asunto se debe a una deuda heredada de anteriores gestiones, no es de la actual, aunque el adeudo ya fue saldado, se estima una deuda superior a los 10 millones de bolivianos.
El gobernador, el gerente de Setar Marco Lopez y el exgerente Alfredo Becerra fueron imputados por el presunto delito de malversación e incumplimiento de deberes, recordó al asegurar que el fiscal no tomó ningún elemento probatorio que confirme los delitos.
El fiscal no confirmó la malversación, no ha demostrado que otro uso diferente ha dado el gobernador a estos recursos, tampoco el incumplimiento de deberes, no precisa qué norma ha incumplido, es una imputación sin ningún sustento legal, insistió Castellanos.
Se tomó al gobernador como máximo ejecutivo de Setar cuando esta empresa goza de autonomía administrativa, técnica y financiera, sostuvo al asegurar que el gobernador se defenderá. La denuncia es que Setar no habría transferido al municipio, lo que recaudó por el cobro al usuario por EMAT y el alumbrado público.
El Director Jurídico del Municipio, Roberto Ugarte, respondió que el criterio de Castellanos es errado, totalmente desinformado y con desconocimiento de la norma, esta Dirección actuó conforme manda la norma, la Ley “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
Esta ley manda a las instituciones víctimas a asumir acciones de víctima o acusadores, en este caso nada tiene que ver el alcalde, la Dirección Jurídica según esta ley, actúa de oficio y se constituye en parte, las decisiones son propias de la Dirección, respondió.
LOS DATOS
Ugarte también dijo que el Fiscal no depende del gobierno municipal, al insistir que el alcalde no es “cómplice” de nada, remarcó que las declaraciones de Castellanos no solamente son temerarias, sino antojadizas.
“El alcalde no está haciendo los memoriales, tampoco los rechazos de denuncia, ni las querellas y no asiste a las audiencias, es el Ejecutivo del gobierno municipal”, insistió al reiterar que la máxima autoridad jurídica es Ugarte las decisiones de objeción o no, “son nuestras”.
