Bolivia atraviesa un periodo de creciente conflictividad social en los meses previos a las elecciones generales, un fenómeno que, lejos de ser inédito, adquiere una peligrosidad particular en el actual contexto de polarización política, desconfianza institucional y crisis económica. Las tensiones acumuladas —entre sectores sociales, regiones, partidos políticos e incluso dentro del propio oficialismo— configuran un escenario de alta volatilidad que amenaza con erosionar aún más la ya frágil democracia boliviana.
El país se encuentra inmerso en una profunda fragmentación política. El Movimiento al Socialismo (MAS), que durante años funcionó como una estructura unificada bajo el liderazgo de Evo Morales, hoy muestra fisuras internas entre el bloque “evista” y el “arcista”, cada uno buscando imponer su narrativa y su candidato. Esta disputa, lejos de limitarse a los ámbitos partidarios, se ha trasladado al espacio público y ha alimentado una confrontación que se expresa en paros, movilizaciones y bloqueos, afectando la gobernabilidad.
Paralelamente, los sectores opositores —si bien diversos— también enfrentan serias dificultades para articular un frente común, lo que deja al electorado frente a una oferta fragmentada y sin proyectos claros de país. Esta falta de alternativas creíbles y cohesionadas alimenta el desencanto ciudadano y amplía el terreno para discursos radicales o autoritarios.
En el ámbito social, las tensiones se han agudizado por el deterioro económico: el crecimiento se ha desacelerado, las reservas internacionales han disminuido notablemente, y los conflictos por recursos naturales, tierras y redistribución de competencias entre regiones cobran nueva fuerza. Las recientes protestas de sectores campesinos, cívicos, gremiales y del transporte revelan un malestar acumulado que trasciende las coyunturas partidarias y expresa una profunda crisis de representación.
Uno de los factores más preocupantes es la creciente desconfianza en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Las denuncias de parcialización, las sospechas sobre el padrón electoral y la falta de transparencia en los procesos previos han minado la credibilidad del árbitro electoral, elemento fundamental para la legitimidad de cualquier contienda democrática. Si este órgano no logra garantizar condiciones mínimas de imparcialidad y confiabilidad, las elecciones podrían derivar en una nueva ola de protestas, poniendo en riesgo la estabilidad del país.
La democracia boliviana, ya golpeada por los acontecimientos de 2019 y la crisis institucional que los siguió, se encuentra nuevamente en una encrucijada. La politización de la justicia, la persecución a opositores y líderes sociales, y el uso discrecional del aparato estatal para fines partidarios son señales de alerta que deben ser atendidas con urgencia.
Frente a este panorama, es imprescindible que los actores políticos y sociales asuman su responsabilidad histórica. Se requiere un pacto mínimo que garantice un proceso electoral transparente, competitivo y pacífico. La comunidad internacional, por su parte, debe desempeñar un rol activo en el acompañamiento técnico y político, para evitar una nueva regresión democrática.
Bolivia necesita más que una elección; necesita reconstruir su tejido institucional, restaurar la confianza en sus reglas del juego y devolverle sentido a la participación ciudadana.