En una audiencia ante la CIDH, Ipas Bolivia denunció persistentes barreras para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la impunidad en delitos sexuales y la necesidad de una ley integral. Por su parte, el Estado defendió los avances normativos y las políticas en curso, aunque reconoció la necesidad de una ley y una mejor regulación de la objeción de conciencia.
Redacción Central/Bolinfo/Tarija/ Martes, 5 de agosto de 2025
En el marco de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la situación de los derechos sexuales y reproductivos en Bolivia fue objeto de debate en una audiencia que confrontó las posturas de la organización Ipas Bolivia y los representantes del Estado boliviano. Mientras Ipas denunció la existencia de graves obstáculos para el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el Estado destacó los avances normativos y las políticas implementadas para garantizar estos derechos.
Las demandas de Ipas Bolivia: Ley integral y fin de la impunidad
Ipas Bolivia urgió al Estado a tomar medidas contundentes para proteger a las niñas y adolescentes. Entre sus principales demandas, la organización solicitó la promulgación de una ley integral de derechos sexuales y reproductivos que incorpore la interrupción voluntaria del embarazo, tal como lo establece la Sentencia Constitucional 0206/2014. También pidió la aprobación de un programa contra la violencia sexual y la actualización del Plan Plurinacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes.
La organización criticó fuertemente las barreras existentes para la ILE. Señaló que los procedimientos técnicos actuales limitan el acceso al servicio al definir la salud únicamente en su aspecto físico, ignorando el bienestar psicológico y social. Además, alertó que la objeción de conciencia está siendo mal utilizada como una decisión institucional, y no individual como lo indica la norma. Para contrarrestar esto, Ipas pidió impulsar campañas de desestigmatización dirigidas al personal de salud y la inclusión de estos temas en la currícula escolar. Finalmente, demandó una ley que combata la impunidad en delitos sexuales y la pronta resolución del caso de la “Niña de Yapacaní” en el Tribunal Constitucional.
La respuesta del Estado: Avances y reconocimientos
Los representantes del Estado boliviano respondieron defendiendo su gestión y destacando los avances en la materia. Afirmaron que los derechos sexuales y reproductivos están reconocidos en la Constitución y que la Sentencia Constitucional 0206/2014 despenalizó el aborto en ciertos casos. Mencionaron que el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 tiene como uno de sus pilares la reducción de la violencia de género y que se ha remitido un anteproyecto de ley para la atención integral a mujeres en situación de violencia.
El Estado también reconoció la necesidad de una ley de derechos sexuales y reproductivos que contemple la autonomía progresiva de los menores. Señaló que se trabaja en una reglamentación adecuada para la objeción de conciencia, la cual está siendo revisada por la Defensoría del Pueblo. Para mejorar el acceso a la ILE, informaron sobre la elaboración de nuevas normativas ministeriales, herramientas de registro para reportar las causales y cursos de capacitación para el personal de salud. Se concluyó que, a pesar de las diferencias en la urgencia de las reformas, ambas partes coinciden en la necesidad de avanzar en una ley integral y en una mejor regulación de la objeción de conciencia.