El año 2024 ha dejado cifras preocupantes en materia de derechos humanos en Bolivia, según el informe presentado por la Defensoría del Pueblo. Con un total de 25.840 quejas registradas, se ha evidenciado un incremento significativo en la vulneración de derechos fundamentales, marcando la cifra más alta en los 26 años de historia de la institución.
Dentro de los problemas más recurrentes denunciados se encuentran el acceso a la justicia y el debido proceso, siendo las instituciones como el Ministerio Público, el Órgano Judicial y la Policía Boliviana las que lideran las quejas. Este panorama ha despertado la necesidad de una reforma integral en el sistema de justicia para el próximo año 2025, destacando la importancia de la legitimidad de los nuevos magistrados para impulsar estos cambios y garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía.
Por otro lado, la crisis medioambiental también ha sido un foco de atención en Bolivia durante el año anterior. Más de 10 millones de hectáreas han sido consumidas por incendios forestales en el segundo semestre, provocando graves daños a la biodiversidad y obligando al desplazamiento de comunidades indígenas. Ante esta situación, la Defensoría ha presentado acciones legales y está exigiendo medidas preventivas para evitar desastres similares en el futuro, buscando proteger tanto el territorio boliviano como a los países vecinos afectados por estas catástrofes ambientales.
La violencia, especialmente aquella dirigida contra mujeres y niñas, ha sido otro de los problemas críticos identificados por la Defensoría del Pueblo. La evaluación de la efectividad de la Ley 348 ha revelado falencias en la prevención y en la sanción a los responsables de estos actos violentos. Se destaca la ineficacia del sistema judicial y la falta de inversión estatal en programas de prevención, aspectos que agravan la situación y que serán detallados en un informe específico a presentarse durante el primer trimestre de 2025.
Frente al año electoral que se avecina, la Defensoría anticipa un aumento en la conflictividad social y propone la apertura de espacios de diálogo para promover una cultura de paz en el país. Asimismo, se priorizarán acciones en litigios estratégicos y la supervisión de centros penitenciarios y de custodia, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad ante posibles violaciones de sus derechos.
En definitiva, la Defensoría del Pueblo reconoce el desafío que representa la vulneración estructural de derechos en Bolivia, pero reafirma su compromiso de buscar soluciones y trabajar incansablemente por una sociedad más justa y equitativa para todos sus ciudadanos.