Este jueves estas instituciones se reunirán para buscar soluciones al problema, que es acuciante al igual que el tema de los prediarios, de acuerdo a la directora de seguridad, Yovana Delfín.
Fernando Barral Zegarra/Bolinfo/Tarija//
El Periódico-Agosto-14-2025.- La Policía, la Defensoría del Pueblo y la Gobernación debatirán este jueves, el hacinamiento carcelario en este departamento, que está empeorando por el aumento del número de reclusos y la no ampliación de las cárceles.
“Hay un hacinamiento en las carceletas que tenemos, Entre Ríos especialmente”, confirmó la directora de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Yovana Delfín al indicar que en Tarija el número reclusos supera la cifra de 1.200.
En la reunión también estará Régimen Penitenciario, agregó para afirmar que se analizará este problema en sus diferentes facetas para buscar alternativas de solución, aunque cualquier acción supone recursos económicos.
La directora admitió que el hacinamiento está asediando las cárceles, como en Tarija y Entre Ríos, donde la carceleta funciona en la propia Policía, “es un ambiente de tres por tres exagerando, para 31 personas privadas de libertad”.
En Bermejo tenemos más de 60 personas, en un ambiente reducido, entre hombres y mujeres, es un problema latente en nuestro departamento, acotó al insistir que por lo menos en la gobernación, el problema es la falta de recursos económicos.
“La reunión de mañana es para eso, el gobernador tiene toda la predisposición para solucionar este tema, pero existen aspectos técnicos difíciles”, expresó al calificar de “elefante blanco” la infraestructura levantada en Entre Ríos.
En esa zona se construyó un supuesto recinto carcelario con más de 10 millones de bolivianos, sin ningún criterio técnico como hicieron notar personal de la Policía y de Obras Públicas de la Gobernación, explicó Delfín.
En cuanto a los prediarios que la gobernación otorga para los reclusos, de 8 bolivianos por día para cada uno, la funcionaria recordó que es una competencia nacional impuesta a las gobernaciones, que ahora tienen problemas al no tener recursos.
Delfín rememoró que en una reunión de gobernadores se decidió recordar al gobierno nacional, que es su competencia atender los prediarios, sin embargo, pese al planteamiento no se logró ninguna respuesta hasta ahora.
LIBERACIÓN
Si la gobernación dejara de pagar los prediarios liberaría un monto de 5 millones de bolivianos por año, que podría destinar a la mejora del servicio de seguridad ciudadana, según la directora que admitió que este tema es complicado.
“Ese monto nos hace mucha falta para seguridad ciudadana, no pueden hacerse al destinarse al pago de prediarios”, insistió al admitir que el gobierno desoye estos planteamientos y se espera que las nuevas autoridades resuelvan el asunto.