La medida se enmarca en la reestructuración de la empresa eléctrica y busca recuperar un bien público cuyo permiso de uso habría concluido hace nueve años.
Redacción Central/El Periódico/03-09-2026.- La gobernadora de Tarija, María René Soruco, anunció la revocación del usufructo del predio Polifuncional de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR), inmueble que se encontraba bajo administración del sindicato de trabajadores de la empresa. La determinación fue formalizada mediante la Resolución Administrativa N.° 84/2026, que establece un plazo de 10 días para la devolución del bien.
De acuerdo con la explicación brindada por la autoridad departamental, el usufructo fue concedido por un periodo legal de 30 años y ese plazo concluyó en 2017. Sin embargo, durante las gestiones anteriores, sobretodo de Adrián Oliva, no se habrían iniciado acciones destinadas a recuperar el predio ni a regularizar su situación jurídica y administrativa.
La Gobernación considera que la continuidad del uso del inmueble después del vencimiento del plazo requiere una revisión institucional y legal. En ese marco, la resolución instruye la restitución formal del Polifuncional y dispone que el proceso se desarrolle conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.
El predio es utilizado para actividades vinculadas con el sindicato de trabajadores de SETAR. La decisión de la administración departamental abre ahora una etapa de transición en la que deberán definirse las condiciones de entrega, la verificación del estado del inmueble y el resguardo de los bienes que se encuentren en su interior.
La medida forma parte de un proceso más amplio de reestructuración de la empresa eléctrica departamental, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la administración de SETAR, reclamos de usuarios por el costo de las facturas y pedidos de mayor transparencia en el manejo de los recursos y activos públicos.
Desde la Gobernación se sostiene que la recuperación del predio responde a la necesidad de proteger el patrimonio departamental y evitar que bienes de propiedad pública permanezcan bajo usos que no cuenten con respaldo legal vigente. La administración de Soruco busca, de esta manera, revisar convenios, autorizaciones y derechos de uso que fueron otorgados en gestiones anteriores.
El vencimiento del usufructo en 2017 se convierte en uno de los principales antecedentes de la resolución. La falta de acciones posteriores habría permitido que el sindicato continuara utilizando el espacio sin que se concrete una nueva autorización o un mecanismo de renovación formal, según los argumentos expuestos por la Gobernación.
La Resolución Administrativa N.° 84/2026 establece que la devolución debe efectuarse dentro de los próximos 10 días. Cumplido ese periodo, la institución departamental podrá evaluar las medidas administrativas que correspondan en caso de que no se produzca la entrega voluntaria del inmueble.
El anuncio también genera expectativas sobre el destino que tendrá el Polifuncional una vez que retorne a la administración pública. Aunque todavía no se conoció un plan detallado para su uso posterior, la Gobernación anticipó que el bien será resguardado y sometido a una evaluación para determinar las acciones que permitan aprovecharlo en beneficio del departamento.
La recuperación del predio se suma a otras decisiones anunciadas por la administración departamental para fortalecer los mecanismos de control sobre SETAR. Entre ellas se encuentran la revisión de procedimientos internos, la verificación de posibles irregularidades y la exigencia de que las actuaciones de la empresa se ajusten a la normativa vigente.
El caso podría generar una respuesta del sindicato de trabajadores, que deberá pronunciarse sobre la resolución y sobre las condiciones planteadas para la devolución. La controversia podría centrarse en los antecedentes del usufructo, la interpretación del plazo legal y las eventuales obligaciones de las partes durante el proceso de restitución.
La Gobernación, entretanto, presenta la determinación como una acción orientada a recuperar la autoridad institucional sobre los bienes departamentales. La administración sostiene que ningún patrimonio público puede permanecer sin control o continuar siendo utilizado al margen de los plazos y condiciones establecidos en los documentos legales.
El anuncio se produce en un momento en que la relación entre la Gobernación, SETAR y distintos sectores sociales atraviesa una etapa de tensión. Los reclamos por las tarifas eléctricas y las demandas de información sobre la situación financiera y administrativa de la empresa han incrementado la presión sobre las autoridades.
En ese escenario, la revocación del usufructo del Polifuncional representa una de las primeras medidas concretas vinculadas con la recuperación de activos públicos. La Gobernación deberá ahora garantizar que la entrega se realice de manera documentada, que se establezca el estado del inmueble y que cualquier decisión posterior sea comunicada a la población.
La resolución reafirma la posición del Gobierno Departamental de revisar los actos administrativos heredados y recuperar los bienes que, según su interpretación, ya no cuentan con una autorización vigente de uso. El cumplimiento del plazo de 10 días permitirá conocer si la devolución se concreta de forma consensuada o si el conflicto deriva en nuevas acciones legales y administrativas.