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Gobernación identifica riesgos ambientales en el 35% del área de intervención del pozo Domo Oso-X3

El Gobierno departamental advierte que unas 5,2 hectáreas del proyecto se encuentran a menos de 50 metros de cursos de agua y observa posibles inconsistencias respecto a la normativa ambiental. Anunciará requerimientos al Ejecutivo nacional y a la autoridad competente, después de que el Tribunal Agroambiental rechazara la suspensión cautelar de la perforación.

Redacción Central/El Periódico/19-11-2026.- La decisión del Tribunal Agroambiental Plurinacional de rechazar la suspensión cautelar del proyecto de perforación del pozo Domo Oso-X3 no puso fin a las preocupaciones ambientales que rodean esta intervención hidrocarburífera en Tarija. Por el contrario, la Gobernación departamental hizo públicas nuevas observaciones técnicas y advirtió sobre situaciones que, a su criterio, requieren aclaraciones y respuestas de las instancias nacionales responsables de la actividad.En un pronunciamiento institucional difundido este 19 de noviembre, la administración departamental señaló que el Tribunal consideró que los solicitantes de la medida cautelar no presentaron suficientes fundamentos jurídicos ni demostraron la existencia de un peligro de daño material inminente que justificara detener temporalmente el proyecto.La resolución dispone, además, la implementación de un sistema de monitoreo ambiental reforzado y continuo, que deberá contemplar el control de la calidad del agua en las cuencas de los ríos Chiquiacá y Soledad.Sin embargo, la Gobernación aclaró que el rechazo de la medida cautelar resuelve únicamente la solicitud de suspensión temporal y no las controversias ambientales de fondo. En consecuencia, la decisión no significa que el proyecto esté libre de riesgos ni que se encuentren garantizadas todas las condiciones necesarias para evitar posibles afectaciones.Uno de los principales elementos de preocupación surge de un análisis técnico desarrollado durante los últimos tres meses por la institución departamental. Según sus resultados, aproximadamente el 35% de la superficie de intervención del proyecto, equivalente a unas 5,2 hectáreas, se encuentra a menos de 50 metros de cursos de agua, entre ellos el río Oso y sus quebradas tributarias.La observación cobra relevancia por su posible relación con el artículo 22 del Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos (RASH), que establece una distancia general de protección de 100 metros. La Gobernación considera que este aspecto merece una evaluación específica, debido a que la resolución judicial, si bien reconoce la importancia de las cuencas de los ríos Chiquiacá y Soledad y dispone mecanismos de monitoreo, no desarrolla un análisis particular sobre las distancias entre las instalaciones del proyecto y los cursos de agua próximos.Las preocupaciones no se limitan a la proximidad de las fuentes hídricas. La evaluación departamental identificó diez áreas que requieren aclaración y respaldo técnico, relacionadas con la disponibilidad y calidad del agua, la estabilidad de los terrenos, la biodiversidad, los riesgos operacionales, el manejo de fluidos y residuos, las medidas de prevención y mitigación, la categorización ambiental y la participación de las comunidades.Frente a este escenario, la Gobernación anunció que remitirá el detalle de los riesgos e inconsistencias identificados al Órgano Ejecutivo Nacional y a la Autoridad Ambiental Competente Nacional, exigiendo las explicaciones y respuestas correspondientes. También aseguró que ejercerá sus atribuciones de fiscalización, vigilancia y control, participando en los mecanismos de coordinación interinstitucional y verificando el cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización ambiental.Otro aspecto incorporado en el pronunciamiento es la Sentencia Constitucional Plurinacional 0250/2026-S3, cuya evaluación científica y técnica la Gobernación considera fundamental para la protección de la reserva natural. La institución sostiene que la conservación ambiental no puede depender de interpretaciones que reduzcan la prevención a simples monitoreos posteriores.Paralelamente, ratificó su compromiso con el Plan Tariquía 2035, que busca compatibilizar una vida digna para las comunidades con la conservación y restauración de la naturaleza y la generación de mejores oportunidades económicas.La posición departamental vuelve a colocar en el centro del debate la tensión entre la necesidad de nuevos recursos hidrocarburíferos para Bolivia y la obligación de preservar los ecosistemas, las fuentes de agua y la biodiversidad de Tarija. La Gobernación plantea que el futuro del país no puede construirse exclusivamente sobre la explotación del gas tarijeño, sino mediante un modelo de desarrollo que también garantice la protección de su patrimonio natural.El Gobierno departamental advierte que unas 5,2 hectáreas del proyecto se encuentran a menos de 50 metros de cursos de agua y observa posibles inconsistencias respecto a la normativa ambiental. Anunciará requerimientos al Ejecutivo nacional y a la autoridad competente, después de que el Tribunal Agroambiental rechazara la suspensión cautelar de la perforación.

Redacción Central/El Periódico/19-11-2026.- La decisión del Tribunal Agroambiental Plurinacional de rechazar la suspensión cautelar del proyecto de perforación del pozo Domo Oso-X3 no puso fin a las preocupaciones ambientales que rodean esta intervención hidrocarburífera en Tarija. Por el contrario, la Gobernación departamental hizo públicas nuevas observaciones técnicas y advirtió sobre situaciones que, a su criterio, requieren aclaraciones y respuestas de las instancias nacionales responsables de la actividad.

En un pronunciamiento institucional difundido este 19 de noviembre, la administración departamental señaló que el Tribunal consideró que los solicitantes de la medida cautelar no presentaron suficientes fundamentos jurídicos ni demostraron la existencia de un peligro de daño material inminente que justificara detener temporalmente el proyecto.

La resolución dispone, además, la implementación de un sistema de monitoreo ambiental reforzado y continuo, que deberá contemplar el control de la calidad del agua en las cuencas de los ríos Chiquiacá y Soledad.

Sin embargo, la Gobernación aclaró que el rechazo de la medida cautelar resuelve únicamente la solicitud de suspensión temporal y no las controversias ambientales de fondo. En consecuencia, la decisión no significa que el proyecto esté libre de riesgos ni que se encuentren garantizadas todas las condiciones necesarias para evitar posibles afectaciones.

Uno de los principales elementos de preocupación surge de un análisis técnico desarrollado durante los últimos tres meses por la institución departamental. Según sus resultados, aproximadamente el 35% de la superficie de intervención del proyecto, equivalente a unas 5,2 hectáreas, se encuentra a menos de 50 metros de cursos de agua, entre ellos el río Oso y sus quebradas tributarias.

La observación cobra relevancia por su posible relación con el artículo 22 del Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos (RASH), que establece una distancia general de protección de 100 metros. La Gobernación considera que este aspecto merece una evaluación específica, debido a que la resolución judicial, si bien reconoce la importancia de las cuencas de los ríos Chiquiacá y Soledad y dispone mecanismos de monitoreo, no desarrolla un análisis particular sobre las distancias entre las instalaciones del proyecto y los cursos de agua próximos.

Las preocupaciones no se limitan a la proximidad de las fuentes hídricas. La evaluación departamental identificó diez áreas que requieren aclaración y respaldo técnico, relacionadas con la disponibilidad y calidad del agua, la estabilidad de los terrenos, la biodiversidad, los riesgos operacionales, el manejo de fluidos y residuos, las medidas de prevención y mitigación, la categorización ambiental y la participación de las comunidades.

Frente a este escenario, la Gobernación anunció que remitirá el detalle de los riesgos e inconsistencias identificados al Órgano Ejecutivo Nacional y a la Autoridad Ambiental Competente Nacional, exigiendo las explicaciones y respuestas correspondientes. También aseguró que ejercerá sus atribuciones de fiscalización, vigilancia y control, participando en los mecanismos de coordinación interinstitucional y verificando el cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización ambiental.

Otro aspecto incorporado en el pronunciamiento es la Sentencia Constitucional Plurinacional 0250/2026-S3, cuya evaluación científica y técnica la Gobernación considera fundamental para la protección de la reserva natural. La institución sostiene que la conservación ambiental no puede depender de interpretaciones que reduzcan la prevención a simples monitoreos posteriores.

Paralelamente, ratificó su compromiso con el Plan Tariquía 2035, que busca compatibilizar una vida digna para las comunidades con la conservación y restauración de la naturaleza y la generación de mejores oportunidades económicas.

La posición departamental vuelve a colocar en el centro del debate la tensión entre la necesidad de nuevos recursos hidrocarburíferos para Bolivia y la obligación de preservar los ecosistemas, las fuentes de agua y la biodiversidad de Tarija. La Gobernación plantea que el futuro del país no puede construirse exclusivamente sobre la explotación del gas tarijeño, sino mediante un modelo de desarrollo que también garantice la protección de su patrimonio natural.

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