Eduardo Claure
En el Barómetro Global de la Corrupción de Trasparencia Internacional del 2006 se preguntó a diferentes entrevistados en varios países, si habían pagado algún soborno en estrados judiciales. Las respuestas entre 20 países expresan lo siguiente: Más del 40% dijeron que si: Albania, Camerún, Gabón, Marruecos, Bolivia, Congo, República Checa, República Dominicana, Grecia, Indonesia. Porcentaje de personas por país que cree que la corrupción ha aumentado con relación al año anterior a la realización de la encuesta: Bolivia señala el 59% entre un rango de 41 a 87%; Instituciones o grupos sociales con la mayoría de sus miembros corruptos: Jueces y Magistrados 40%; Aprobación de las acciones tomadas por los gobiernos para combatir la corrupción: Bolivia desaprueba con el 56%; Porcentaje de personas entrevistadas que han tenido que pagar un soborno, Bolivia 28%. La encuesta también preguntó por el papel que puede tener la sociedad civil a la hora de combatir los hechos de corrupción en los diferentes países, en Bolivia respondió posible esta figura en un 63%. La corrupción judicial en general, se debería a la deficiente formación ética y profesional de los servidores públicos, el desconocimiento de los objetivos y alcance del rol del sistema judicial, la inexistencia de un modelo o perfil de fiscal y juez ideal, la necesidad de mantenerse en los diferentes cargos judiciales por falta de oportunidades laborales en otras áreas, las bajas remuneraciones, la función corruptora de los grupos de poder, un poder judicial ineficiente, el abuso del poder de los funcionarios judiciales, y finalmente, la aceptación social de la corrupción judicial, entre otras más particulares. El mal de la Justicia en Bolivia, así, es estructural y en ello sus piezas claves: Jueces, Fiscales y abogados. En este antecedente, se entiende qué, el deber de la fiscalía es aportar pruebas de cargo, de manera que se evidencie totalmente la responsabilidad penal de los incriminados. El deber del magistrado es juzgar según su íntima convicción. Es entonces donde se aplica la probidad y donde muchos fallan por amistad, por venalidad, por odio, por ideologías, por sometimiento al poder político u otras causas y, es cuando asaltan las dudas porque se percibe que la función judicial está viciada, que existen sentencias condenatorias redactadas de antemano, que los sumarios se abren por consorcios para delinquir y acusar a la oposición y sus referentes, y así. En los casos escandalosos de apropiación de fondos públicos, ilícitos de dinero de los bolivianos mediante la forma de peculado, que se descubrirán cuando caiga la trama azul, ya no estarán las mentes brillantes pervertidas por el afán de ocultar, desviar y enredar la verdad, cómo aquello de que “el sol no va a salir y la luna se ocultará”, o sepultar información dando tiempo a que los culpables huyan evadiendo la justicia. Por tal razón, el pueblo boliviano, reclama nuevos magistrados y que la CPE sea reformada para que la ALP retome la soberanía del pueblo. En esto, no existe la venganza pública porque el pueblo no busca vengarse, busca la verdad. En el Estado/Gobierno/Partido, centenares de casos denunciados de alta corrupción, señalan a funcionarios públicos, del más alto rango que adjudicaron contratos millonarios sin licitación y otros en cargos jerárquicos que apadrinaron dolosos latrocinios. Por eso, una Fiscalía proba encontrará la verdad y un Juez probo, aplicará la ley. Pero, esta, es la real dificultad: que Jueces y Fiscales sean honrados. No se trata de delitos comunes porque hay un alto componente político. Para cuando se restituya la institucionalidad democrática, si sucede, no habrá piedra bajo la cual se escondan, los que declararon: “somos la reserva moral de la humanidad”. CAMCE, FONDIOC, ABC, RIN, YPFB, Bulo Bulo, Banco UNION, etc., etc. ¡Están en lista!Ahora bien, quién desempeña el cargo de juez, lo hace bajo la potestad jurisdiccional dependiente de consideraciones jurídico-políticas. Los jueces debieran formar un poder independiente del resto de poderes del Estado, que reclame exclusividad para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en todos los casos que atienden. Así, la labor jurisdiccional y las razones que los jueces habrían de invocar a favor de sus decisiones no debieran depender de circunstancias o de los respectivos sistemas jurídico-políticos de turno. Pero, curiosamente, a despecho de la época histórica que se analice y del origen o fundamento de su actividad o de su obligación o no de dar razones que avalen sus decisiones, a los jueces siempre se les ha creído dotados de una moral especial y se les ha exigido ciertos comportamientos decorosos en su vida privada que no condicen con iguales requisitos propias de otras profesiones. Una virtuosa vida privada de los jueces debería ser una condición necesaria para que desarrollen correctamente, desde un punto de vista técnico, su propia función jurisdiccional. Los jueces debieran ser como los que pertenecen a una orden religiosa. Tiene que ser un ejemplo de virtud, si no quieren que los creyentes pierdan la fe. Debiera decirse que, para ser un buen juez es necesario ser una buena persona y, si sabe derecho, preferible. Desde hace más de medio siglo, las críticas y males hacia los procesos se debían a altos precios y tiempo; las ambigüedades de la ley específica por la que se juzgaban y jurisdicciones superpuestas que permitían a litigantes con poder frustrar los casos de su rival, tribunales ineficientes, corruptos y la avidez. Definitivamente, una profesión jurídica de cuyos objetivos y ambiciones siempre se han tenido muchísimas sospechas y rarísimas certezas probas. Es por ello que, teniendo en cuenta la existencia de un entramado legal impreciso e insuficiente, no puede extrañar el enorme poder que se concentra en manos de los jueces y fiscales. “Tienen amplias competencias para intervenir perversamente en los procedimientos civiles y penales. Al momento de dictar sentencia en fuero civil solo debieran manifestar que una parte probó su causa y que la otra no probó su causa, sin hacer ningún alegato que justifique tal o cual fallo. En el ámbito penal, a su vez, dado que las sentencias, no suelen estar fundadas expresamente en derecho ni en hechos, y dado también la poca formalidad del proceso y el arbitrio al establecer la pena, no es de extrañar que el juez se presente como el verdadero señor del proceso. Entonces, hay resultados, en muchos aspectos donde el Derecho y el proceso penal dependen más de la voluntad y decisión libre del juez, que el derecho y el proceso civil. Pero si la justificación de las sentencias no proviene de su motivación, ni de su adecuación al principio de legalidad, entonces debía recaer en el carácter moral de la autoridad que las dicta. La garantía de la corrección de la sentencia debiera descansar en la calidad ética del juez que las emite. De ahí que a los jueces se les debe exigir poseer rasgos morales muy marcados y determinados comportamientos sociales muy estrictos” (S. Raspinegro 1950). A los jueces, antiguamente, S. Raspinegro, decía: “se les exigía, que vivieran en un entorno especial de un aislamiento social casi total. Esto se iniciaba con los destinos profesionales que se les asignaba, las más de las veces realizaban su labor lejos de las zonas de donde eran originarios o habían realizado sus estudios o vivido parte de sus vidas. Además, les estaba vedado prácticamente toda vida social, no podían tener relaciones amistosas, ni asistir a celebraciones tales como casamientos, bautismos, banquetes, etc. Tampoco podían asistir a espectáculos como las corridas de toros o el teatro de comedias, ni participar en cacerías o en juegos de azar: cuanto más alejados de donde ejercía su magisterio, tanto mejor”. “Tal era la preocupación por aislar a los jueces de las posibles influencias de la comunidad donde se insertaban sus decisiones, que los traslados eran muy frecuentes, con la dificultad y demoras que ello traía aparejado para la resolución de las causas. Con estas medidas se perseguía que los jueces se dedicaran plenamente a la tarea de juzgar y de hacer cumplir lo juzgado y que tuvieran, además, una imagen clara de imparcialidad, que no debía quedar empañada siquiera por la sombra de sospecha de que su juicio había sido torcido por una relación de amistad, económica, política o de cualquier otro tipo. Pero no solo se trataba de que el juez diera una imagen personal de imparcialidad, sino también de hombre justo y moralmente irreprochable. Por esa razón, se sostenía que quien ejerciera tan elevado magisterio debía ser temeroso de Dios y sentir amor por la justicia. Los jueces debían, además, ser de buena fama, desinteresados, sabios y con experiencia. Para poder juzgar con acierto, debían ser dóciles de corazón, afables y con indiferencia de ánimo respecto de las cosas o personas involucradas en las causas, aunque debían estar dotados de una gran firmeza de carácter para llevar a cabo su misión. Los jueces también debían mantener una compostura grave, circunspecta y decorosa. Debían vestir con ropas oscuras y no mantener ningún trato familiar con sus colegas, con los abogados y con los vecinos. En fin, los jueces debían estar exentos de todo vicio. Su cargo era incompatible con la lujuria, la impiedad, la avaricia, la lisonja, la envidia, la codicia, la soberbia, los vicios y su dependencia, etc. Si la función del juez es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado aplicando la Constitución, el sistema de fuentes y los valores contenidos en ellas que sean compatibles con la ética crítica, resultaría que, para ser un buen juez, desde el punto de vista técnico, debe resolver los conflictos que competencialmente conoce imbuyendo sus decisiones precisamente de esos valores en todos aquellos casos en que fuera menester. Las valoraciones personales ajenas a dicho orden serían entonces inaceptables y de ninguna manera podrían ser invocadas o utilizadas en ningún caso. Una mala persona, en términos de su rechazo a este sistema de valores políticos, no podría ser en ese sentido un buen técnico como juez”. Hugette Labelle presidenta de Transparency International, dijo ya, en 2007: “El trato equitativo frente a la ley, es un pilar de las sociedades democráticas. Cuando las cortes ceden ante la corrupción o conveniencia política, el ciudadano sale perjudicado. La corrupción judicial implica que la voz del inocente no es escuchada, mientras que los culpables son libres de actuar con impunidad”.La realidad, dicen los medios y los ciudadanos, jueces, fiscales, conforman verdaderos entramados delincuenciales que dejan al ciudadano en la indefensión. El dinero es lo único que mueve los juicios para uno u otro lado, sin importar si es justo o injusto el veredicto. Pero, un consorcio estaría incompleto si no tuviera la tercera pata del trípode, el abogado, que es el que negocia, cobra y extorsiona a nombre del juez y del fiscal corrupto. Estos operadores no solo son corruptos, son chicaneros, largueros y burócratas a conveniencia. Los litigantes gastan su vida entera visitando juzgados, rogando a actuarios, pagando a notificadores para ver que una y otra vez, decenas de veces, la audiencia clave haya sido suspendida. No importa si de por medio hay mujeres asesinadas y violadas, niñas ultrajadas, hombres denigrados, o dineros públicos robados. No importan las víctimas, importa el que paga más. El caso de los fiscales es igual o peor, porque ya ni si quiera se guardan las formas, incluso, se han conformado asociaciones de víctimas contra tal o cual fiscal, como si de defenderse de una caterva se tratara. Este estado de situación, incide directamente con la pérdida de confianza de la sociedad civil en las instituciones de un Estado sin Estado de Derecho. La falta de confianza en el sistema judicial trae consigo hiper corrupción, pues un sistema débil y predecible se convierte en escenario propicio para que no solamente los miembros de la sociedad, sino también los grandes grupos de poder interfieran en sus actuaciones: pago de sobornos y coimas para que fallos judiciales beneficien a ciertas personas se han convertido en formas de proceder rutinarias y ejercidas por miembros de grupos sociales, que se han convertido en la clase social y política emergente del proceso de cambio y el Socialismo del Siglo XXI. Por ello -más allá de afectos y desafectos-, reformar a fondo el sistema de justicia boliviano, es hacer justicia. Tal cual promueven el grupo de Juristas Independientes, fundaciones, ONGs, Comités Cívicos, CONADE y otros de la sociedad civil organizada. Las firmas que sumen, son, un clamor con coraje, una decisión democrática, es un No al sicariato judicial azul.
