El nuevo gobierno de Bolivia enfrenta una de sus primeras y más decisivas pruebas: la revisión del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, elaborado y dejado por la administración saliente. Este documento, más que una simple proyección contable, es el reflejo de un modelo económico que ha mostrado claros signos de agotamiento, con déficits fiscales persistentes, reservas internacionales en niveles críticos y una creciente dependencia del endeudamiento externo.
Por ello, más que aprobarlo sin observaciones, el nuevo Ejecutivo y la Asamblea Legislativa deben introducir profundas modificaciones que permitan reencauzar las finanzas públicas hacia la sostenibilidad y la eficiencia. No se trata de ajustar cifras de forma cosmética, sino de rediseñar las prioridades del gasto público para responder a la crisis económica que golpea al país.
El presupuesto heredado mantiene la lógica del gasto expansivo, apostando por mantener la inversión pública en niveles que el Estado ya no puede sostener sin incrementar la deuda. En lugar de continuar con ese patrón, el nuevo PGE debe enfocarse en la calidad y no en la cantidad de la inversión, priorizando proyectos que generen empleo productivo, valor agregado y retorno económico, especialmente en sectores estratégicos como energía, agroindustria, turismo y tecnología.
Otro punto crucial es el ajuste del gasto corriente, particularmente en lo que respecta al aparato estatal sobredimensionado. Reducir la burocracia y racionalizar los gastos administrativos no solo aliviaría las cuentas fiscales, sino que también enviaría una señal de responsabilidad y transparencia a la población y a los organismos internacionales.
Asimismo, es necesario revisar las subvenciones, especialmente la de los carburantes, que hoy representan un peso insostenible para el Tesoro General de la Nación. El nuevo presupuesto debería incorporar una ruta gradual y técnica de reducción de subsidios, acompañada de políticas de compensación social que protejan a los sectores más vulnerables.
La recomposición de los ingresos también es fundamental. Bolivia necesita ampliar su base tributaria, formalizar la economía y estimular al sector privado mediante incentivos claros para la inversión nacional y extranjera. Para ello, el PGE 2026 debe dejar espacio para reformas fiscales y productivas que fortalezcan la recaudación sin asfixiar al contribuyente.
Finalmente, el nuevo gobierno debe garantizar que el presupuesto refleje transparencia, realismo y visión de futuro. No puede seguir siendo un instrumento político, sino un plan económico integral que inspire confianza y marque el inicio de un ciclo de recuperación.
Modificar el presupuesto 2026 no es solo una tarea técnica: es una decisión política y moral que definirá si Bolivia continúa en la senda del estancamiento o si, por el contrario, emprende un camino de reconstrucción económica responsable, con menos despilfarro y más desarrollo real.