Escribe: Roberto Márquez
La reciente salida del Movimiento al Socialismo (MAS) tras dos décadas ininterrumpidas en el poder marca un momento clave para el futuro político e institucional de Bolivia. Sin embargo, el saldo heredado está lejos de ser positivo: el sistema judicial, cuyo rol esencial es ser garante esencial de la democracia, se encuentra severamente erosionado, reflejado en un alarmante retroceso en los indicadores internacionales de Estado de Derecho.
El Índice 2025 del World Justice Project (WJP) posiciona a Bolivia en el lugar 131 de 143 países, con una puntuación que evidencia la gravedad de la crisis institucional. Durante los mandatos de Evo Morales y su sucesor Luis Arce, la justicia, en vez de funcionar como un poder independiente, sufrió una funesta instrumentalización política sistemática. Esta subordinación del Órgano Judicial al Ejecutivo y al partido de gobierno impidió la efectiva separación de poderes, creando un sistema de justicia parcializado y reservado para la persecución política.
La modalidad conocida como “lawfare” (persecución Judicializada) se convirtió en una herramienta para silenciar y castigar a la oposición, a periodistas y críticos, generando un alarmante clima de persecución política, apresamientos y abusos a derechos fundamentales denunciados por organizaciones de derechos humanos. Asociado a esto, los procesos de selección de magistrados fueron manipulados para asegurar la lealtad política, en detrimento de la idoneidad profesional y la probidad judicial.
Este conjunto de prácticas condujo al colapso del sistema judicial, marcado por corrupción, impunidad y retrasos injustificados en los procesos, con un uso excesivo de la detención preventiva que violenta derechos esenciales de la población carcelaria. La legitimidad del Poder Judicial quedó profundamente fragilizada, alejando a la ciudadanía del acceso confiable a la justicia.
La figura de Evo Morales es inseparable de este deterioro, evidenciado también en el uso político del Tribunal Constitucional Plurinacional para habilitar su reelección indefinida, vulnerando la voluntad popular expresada en un referéndum. Casos emblemáticos como el operativo en el Hotel Las Américas, cuyos excesos y violaciones revelados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destacan la gravedad de las vulneraciones y la necesidad de juzgar a los responsables, los (ex) presidente, vicepresidente, incluidos altos funcionarios del régimen masista.
Bolivia de Paz Pereira, enfrenta ahora un desafío histórico: superar el legado de daño institucional y restablecer un sistema judicial independiente, efectivo y respetado que pueda reconstruir la confianza ciudadana y consolidar la democracia, la libertad y los derechos humanos en Bolivia. Esta tarea es imprescindible para dar un paso firme hacia un Estado de Derecho genuino indispensable para el desarrollo social, político y económico de nuestro país, con la estabilidad necesaria para la prosperidad y la paz social sostenible.
Solo a través del compromiso renovado con la transparencia, la justicia imparcial y la obediencia a las leyes, Bolivia podrá dejar atrás la sombra del pasado reciente, abriendo el camino hacia un horizonte luminoso con una verdadera democracia vigorosa y plural. //