MSc. Lic. Luis Alberto Callapino López
Magister en Políticas de Formación Docente
Ante los supuestos hechos (abuso y agresión sexual) ocurridos en el Colegio Alemán de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, denunciados valientemente la pasada semana, se denota nuevamente la ausencia de políticas de prevención promovidas por las autoridades educativas distritales, departamentales y del Ministerio de Educación.
Al típico estilo boliviano, reaccionar y actuar después de ocurridos los hechos, el lunes 26 de junio de la presente gestión, se conformó el Consejo Interinstitucional por la Niñez, integrado por actores de distintos ministerios, de los que sobresalen obviamente los de Educación, Justicia y Gobierno, quienes desarrollarán su primera reunión el venidero jueves 6 de julio.
Asimismo, según el ministro de Educación, Edgar Pary Chambi, el Consejo Interinstitucional por la Niñez, será integrado por representantes de madres y padres de familia, unidades educativas privadas y estudiantes, exhortando la participación de otros actores; vale decir, las confederaciones y federaciones de maestros, los medios de comunicación, Defensoría del Pueblo, entre otros.
La conformación del Consejo Interinstitucional por la Niñez, en palabras del ministro Pary, tiene por objeto; erradicar la violencia (en sus distintos tipos) en las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, en razón a los últimos hechos lamentables entre pares, siendo los estudiantes las víctimas principales.
Para muchos actores educativos, sin duda, el caso del Colegio Alemán (institución educativa privada) de Santa Cruz es la punta del iceberg de la infinidad de casos que ocurren a diario al interior y fuera de las aulas, el detalle de la baja estadística, el miedo y la resiste a denunciar.
En tal sentido, sería crédulo pensar que el Consejo Interinstitucional por la Niñez, erradicará de la noche a la mañana la infinidad de casos de violencia que se presentan en las unidades educativas, en razón de la problemática estructural, circunscrita en el ámbito social, económico y principalmente jurídico.
En tal antecedente, la discordancia del ordenamiento jurídico educativo, en el marco de la norma sustantiva y adjetiva, en casos de violencia, continúa beneficiando a los agresores y desprotegiendo a las víctimas, por ejemplo; el caduco Reglamento de faltas y sanciones del magisterio, personal docente y administrativo, vigente desde el 21 de abril de 1993; vale decir, data de hace 30 años atrás.
No obstante, es menester resaltar el carácter sobreprotector del Código Niña, Niño y Adolescente, la Ley Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” y la Resolución Ministerial Nº 001/2023 “Normas Generales para la Gestión Educativa”, en razón a la permisibilidad de los estudiantes causantes de violencia; además, de sobredimensionar sus derechos.
Por tanto, erradicar la violencia en unidades educativas, debería direccionarse a la actualización del ordenamiento jurídico educativo, acorde a la coyuntura y perspectivas del Siglo XXI. Pero, sobre todo, es imperante retomar la disciplina, como principio de respeto a los demás.
