El crecimiento explosivo del uso de teléfonos inteligentes en Bolivia ha venido acompañado de un fenómeno igualmente acelerado: el robo de celulares. En las ciudades del eje troncal y también en urbes intermedias como Tarija, el hurto y la reventa de dispositivos se ha convertido en una economía clandestina que golpea la seguridad ciudadana, alimenta redes delictivas y deja a miles de usuarios desprotegidos. Frente a este escenario, la implementación de un sistema nacional, obligatorio y efectivo que impida que los celulares robados vuelvan a ser habilitados no es solo una necesidad técnica: es una política pública imprescindible.
A pesar de que existen iniciativas parciales y esfuerzos aislados por parte de las telefónicas y de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones (ATT), la realidad es contundente: hoy en Bolivia todavía es posible reactivar un teléfono reportado como robado mediante la alteración del IMEI, la importación irregular de partes o la complicidad de comercios informales. Esta brecha tecnológica y regulatoria no solo perpetúa el mercado negro, sino que incentiva el delito, pues los ladrones saben que siempre habrá una salida para colocar el aparato nuevamente en circulación.
Las empresas operadoras —Entel, Tigo y Viva— tienen una responsabilidad directa en revertir este escenario. No se trata únicamente de bloquear líneas o suspender chips, sino de establecer un sistema integrado y blindado que impida que cualquier dispositivo reportado como robado vuelva a ingresar a la red, incluso si se modifica el IMEI. Tecnologías para ello existen y son usadas en varios países de la región: bases de datos centralizadas, cotejo cruzado, verificación biométrica para habilitaciones y sistemas antifraude basados en inteligencia artificial. Lo que falta es voluntad y una política sectorial que obligue a su adopción y fiscalice su cumplimiento de manera estricta.
La implicancia de contar con un sistema de bloqueo real va mucho más allá del ámbito técnico. Significaría una disminución sustancial en el robo callejero —uno de los delitos más comunes del país—, un golpe a las mafias que trafican con celulares de contrabando y una mejora en la percepción de seguridad de la ciudadanía. Además, fortalecería la confianza en las empresas operadoras, que hoy enfrentan críticas por no ofrecer suficientes garantías a sus usuarios.
El Estado también debe asumir su rol. La norma existe, pero la fiscalización es débil y las sanciones, insuficientes. La ATT y el Ministerio de Gobierno deben coordinar acciones para que cada reporte de robo tenga consecuencias efectivas en las redes de las telefónicas, y para controlar los puntos de reparación e importación de repuestos, donde muchas veces se reinician o “blanquean” equipos robados. Bolivia necesita cerrar, de una vez, la puerta tecnológica que mantiene vivo el mercado de celulares robados.