El grupo activista antimonárquico Republic ha presentado una denuncia formal ante la Policía británica en contra del príncipe Andrés, el Duque de York y hermano del rey Carlos III, por la supuesta utilización de un seudónimo para registrar sus negocios, lo que podría constituir un delito bajo la legislación británica. Esta acción ha reavivado el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas de los miembros de la familia real británica, especialmente en un contexto donde las controversias en torno a sus actividades han estado bajo un intenso escrutinio público.
Las alegaciones se centran en la utilización del nombre «Andrew Inverness», una referencia a su título nobiliario de ‘Conde de Inverness’, en la inscripción de la empresa Naples Gold Limited en el registro mercantil británico, conocido como Companies House. Además de la elección del seudónimo, Republic sostiene que el príncipe Andrés proporcionó una dirección incorrecta en Londres como su domicilio habitual. Estos actos, si se confirman, violarían la ley británica de Sociedades, que prohíbe la presentación de información falsa durante el proceso de registro.
El director ejecutivo de Republic, Graham Smith, ha expresado su preocupación sobre el aparente doble rasero que parece existir en el tratamiento de los miembros de la realeza en comparación con ciudadanos comunes. En su comunicado, Smith criticó la percepción de impunidad que rodea a la familia real, reforzada por lo que él considera una falta de acción policial frente a acusaciones graves de corrupción y delitos sexuales que han ensombrecido la figura del príncipe Andrés en años recientes. «La familia real parece creer que puede actuar con impunidad», afirmó Smith, subrayando la importancia de que los miembros de la realeza sean juzgados «con los más altos estándares».
El Duque de York ha estado en el centro de varias controversias desde que se retiró de sus funciones públicas en 2020, tras verse envuelto en acusaciones de conducta inapropiada en Estados Unidos. No obstante, su situación se ha complicando aún más con la revelación de sus lazos con un presunto espía chino, lo que ha generado una mayor inquietud sobre sus conexiones y la seguridad nacional. Esta serie de escándalos ha impactado severamente su reputación, sumiendo a la monarquía británica en un mar de críticas y cuestionamientos sobre su relevancia y papel en la sociedad contemporánea.
A pesar de la denuncia presentada, un portavoz de la Policía Metropolitana ha confirmado la recepción de la documentación relacionada con el registro mercantil, aunque hasta el momento no se ha iniciado ninguna investigación formal. Esta falta de acción ha suscitado más inquietudes entre grupos activistas y la opinión pública, quienes ven en ello una posible falta de voluntad para investigar a figuras de alto perfil, especialmente a un miembro de la familia real.
Mientras el debate continúa, el grupo Republic continúa abogando por la abolición de la monarquía y la instauración de un sistema republicano en el Reino Unido, argumentando que la institución monárquica ya no tiene cabida en una sociedad moderna. Las acusaciones contra el príncipe Andrés podrían ser un punto de inflexión en esta discusión, al poner en el centro de atención no solo la necesidad de una reforma institucional, sino también las expectativas de responsabilidad que deben aplicarse a quienes ostentan privilegios especiales en la sociedad. Con el país sumido en un clima de creciente desconfianza hacia las élites, el futuro de la monarquía británica podría estar en juego, dependiendo de cómo se manejen estas alegaciones y la percepción pública que se derive de ellas.