El comandante de la Policía Departamental de Pando, coronel Óscar Ruiz, ha dado a conocer una denuncia impactante presentada por el conscripto Jordi N.G., de tan solo 19 años de edad, quien afirmó haber sido víctima de una brutal golpiza en el puesto militar de seguridad de Aguas Ricas, situado en el municipio de Porvenir. El incidente tuvo lugar el pasado 1 de enero y, tras ser objeto de tan violento ataque, el recluta logró escapar del recinto militar para buscar ayuda y reportar a sus agresores, siendo acompañado por un representante de Derechos Humanos durante este proceso.
Según la versión presentada en la denuncia, el joven fue arrastrado a la fuerza a una habitación por el sargento José Luis Cejas, quien junto a siete compañeros soldados, identificados como Elmer J.I., Ismar Q.Ch., Marcial V.J., Raúl M.A., Ever T.G., John V.S. y Eddy V.H., le propinaron una serie de golpes que lo dejaron inconsciente. La gravedad de las heridas sufridas por el recluta ha llevado a que las autoridades competentes inicien una investigación sobre lo ocurrido, catalogando los posibles delitos cometidos en este caso como lesiones leves y graves.
El Ministerio Público ha tomado cartas en el asunto y se ha encargado de llevar adelante las pesquisas correspondientes para esclarecer los hechos y determinar el nivel de implicación de cada uno de los individuos mencionados en la denuncia, en especial del sargento Cejas, señalado como el principal responsable de la agresión. Este episodio, que parece ser el primero de su tipo denunciado desde dentro de las Fuerzas Armadas en este año 2025, ha causado conmoción y ha arrojado luz sobre posibles abusos de poder dentro de la institución militar.
La gravedad de la situación destaca la urgencia de garantizar el respeto irrestricto por los derechos humanos en el seno de las organizaciones castrenses, con el fin de prevenir la repetición de episodios como este y asegurar la integridad y seguridad de los conscriptos que cumplen con su deber de servicio militar. La denuncia de Jordi N.G. pone de manifiesto la necesidad imperiosa de supervisar y corregir comportamientos que vulneren la dignidad y los derechos fundamentales de los individuos, independientemente de su condición en las fuerzas armadas. La sociedad y las autoridades competentes deben velar por salvaguardar la integridad de quienes sirven a la nación, garantizando que se respeten los principios de justicia y equidad en todos los ámbitos, incluido el militar.