Redacción Central/El Periódico/07-09-2026.- Jaime Balanza sostiene que la comisión de cinco ministros carece de sustento legal y advierte que la medida podría agravar la crisis de combustibles en lugar de resolverla
El analista e ingeniero especializado en hidrocarburos Jaime Balanza cuestionó con dureza la decisión del Gobierno de intervenir simultáneamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) mediante una comisión integrada por cinco ministros de Estado. Para el especialista, este mecanismo no tiene respaldo dentro del ordenamiento jurídico boliviano y representa, en sus propias palabras, un despropósito institucional que se aparta de los procedimientos que la normativa sectorial establece para este tipo de situaciones.
La intervención fue dispuesta a través del Decreto Supremo 5697, firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, y contempla un plazo de vigencia de 180 días. La comisión interventora quedó conformada por los titulares de Economía y Finanzas Públicas, Producción Sostenible y Medio Ambiente y Agua, Hidrocarburos y Energías, y Obras Públicas, Servicios y Vivienda, además de un viceministro de Transparencia dependiente del Ministerio de la Presidencia. La medida se aplicó en un contexto de escasez prolongada de carburantes, largas filas de vehículos en distintas regiones del país y denuncias de corrupción dentro de ambas entidades estatales.
Según el planteamiento de Balanza, este esquema de intervención choca frontalmente con la Constitución Política del Estado y con dos normas específicas del sector: la Ley 3058, de Hidrocarburos, y la Ley 1600, de creación del extinto Sistema de Regulación Sectorial. El experto remarca que ambas leyes ya prevén un procedimiento claro para las intervenciones preventivas a empresas del rubro, el cual exige que sea el ente regulador —y no un grupo de ministros del Órgano Ejecutivo— quien disponga la medida, mediante resolución administrativa fundamentada y con un procedimiento de carácter público. A su juicio, sustituir ese mecanismo por una comisión interministerial equivale a que el propio Estado se fiscalice a sí mismo sin las garantías de independencia que la ley exige.
El especialista también advierte que la fórmula elegida por el Gobierno puede derivar en un vacío de autoridad dentro de ambas instituciones, en lugar de aportar la conducción técnica que la crisis energética demanda. Sostiene que la ausencia de un marco normativo específico para esta intervención abre la puerta a decisiones discrecionales, retrasos operativos y eventuales cuestionamientos legales que terminarían profundizando, en lugar de resolver, el desabastecimiento de gasolina y diésel que golpea a la población desde hace semanas.
En los últimos días, autoridades del propio Gobierno reconocieron irregularidades detectadas tras el inicio de la intervención. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, informó del hallazgo de alrededor de 600 usuarios con acceso al sistema informático de YPFB que no correspondían a personal activo de la empresa, entre ellos exfuncionarios ya desvinculados. También se anunció el cambio del gerente comercial de la petrolera estatal y la evaluación de acciones legales contra quienes habrían favorecido el desvío de combustible. Respecto a la ANH, el Ejecutivo señaló que el organismo regulador arrastraba deficiencias estructurales para fiscalizar la salida de carburantes desde los surtidores, lo que habría facilitado maniobras irregulares en la cadena de distribución.
Balanza plantea que ninguno de estos hallazgos justifica saltarse el procedimiento legal establecido, ya que las mismas leyes de hidrocarburos habilitan auditorías, remociones de personal y sanciones sin necesidad de recurrir a una intervención de este tipo. Por ello, exige al Gobierno restablecer lo que denomina el imperio de la ley, es decir, ajustar el proceso interventor a los cauces constitucionales y legales vigentes, como única vía para devolver certidumbre jurídica al sector y, con ello, previsibilidad al abastecimiento de combustibles en el país.
La discusión sobre la legalidad de la intervención se suma a otras voces críticas que circulan en medios locales, que cuestionan tanto la efectividad como la oportunidad de la medida, en momentos en que el Gobierno también evalúa que YPFB deje progresivamente el negocio de comercialización de carburantes para concentrarse en exploración y explotación, mientras se define la creación de una nueva entidad que reemplace funciones de la actual ANH.