El creador de contenido tarijeño fue declarado absuelto al concluir el juicio oral y público. Su defensa sostiene que durante el proceso presentó elementos que cuestionaron la acusación y plantea revisar algunos aspectos de la Ley 348.
Redacción Central/El Periódico/28-09-2026.- El creador de contenido tarijeño Luis Guerrero fue absuelto de pena y culpa dentro del proceso judicial que enfrentaba por el delito de violación agravada, luego de la conclusión del juicio oral y público desarrollado en Tarija.La determinación judicial cierra una etapa de un caso que generó atención en la capital tarijeña desde finales de 2023, cuando Guerrero fue aprehendido y posteriormente enviado con detención preventiva al penal de Morros Blancos, acusado de un hecho de violencia sexual contra un menor de edad.Durante el desarrollo de la investigación, la defensa cuestionó distintos elementos incorporados al proceso y sostuvo que existían contradicciones e inconsistencias que debían ser consideradas por las autoridades judiciales. En abril de 2024, después de permanecer aproximadamente cuatro meses en prisión preventiva, Guerrero obtuvo el beneficio de la detención domiciliaria mientras continuaban las actuaciones judiciales.La abogada Carola Aguirre, integrante de la defensa, señaló que el resultado del juicio representa la conclusión favorable para su patrocinado y atribuyó la absolución a los elementos presentados durante el proceso. Desde la defensa se había cuestionado anteriormente la consistencia de la acusación y se habían planteado observaciones respecto a las pruebas consideradas en la investigación.El caso había comenzado a adquirir notoriedad pública después de la aprehensión de Guerrero en diciembre de 2023. En ese momento, la investigación se encontraba relacionada con una denuncia por un supuesto hecho de violación contra un menor de edad. Posteriormente, el Ministerio Público presentó una acusación formal y el proceso avanzó hasta la etapa de juicio.Uno de los aspectos planteados por la defensa durante la etapa preparatoria estuvo relacionado con las pruebas médicas y periciales. Los abogados también habían cuestionado la existencia de comunicaciones entre el acusado y la persona denunciante, así como algunos elementos contenidos en las declaraciones incorporadas a la investigación.En abril de 2024, una pericia presentada por la defensa fue mencionada como uno de los elementos considerados durante la audiencia que modificó la situación cautelar de Guerrero. En aquella oportunidad, la justicia determinó sustituir la detención preventiva por arresto domiciliario mientras continuaba la investigación.Con la conclusión del juicio oral, el proceso ingresó en una nueva etapa tras la decisión de absolver al acusado. La determinación implica que, dentro de esta causa y conforme al fallo emitido por el tribunal, Guerrero no recibió una condena por el delito por el que fue llevado a juicio.La defensa también aprovechó el desenlace del proceso para plantear la necesidad de revisar determinados aspectos de la Ley 348, norma destinada a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. El planteamiento abre nuevamente la discusión sobre el equilibrio entre los mecanismos de protección establecidos por la legislación y las garantías procesales que corresponden a las personas sometidas a una investigación penal.El debate sobre la aplicación de esta normativa ha acompañado el caso desde sus primeras etapas. Mientras las leyes contra la violencia de género buscan fortalecer la protección de las víctimas y facilitar la respuesta estatal frente a hechos de violencia, los procesos penales deben desarrollarse respetando principios como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y la valoración judicial de las pruebas.En el caso de Guerrero, esos aspectos adquirieron particular relevancia debido a la repercusión pública que tuvo la denuncia y al periodo que el acusado permaneció privado de libertad antes de acceder a la detención domiciliaria.La absolución alcanzada al término del juicio constituye ahora el principal resultado judicial de un proceso que se extendió durante varios años y que movilizó a familiares, abogados y personas vinculadas al creador de contenido.El caso deja además abierta una discusión en Tarija sobre la aplicación de la normativa de protección frente a la violencia sexual y de género, así como sobre los mecanismos de investigación y valoración de pruebas en procesos de esta naturaleza.Concluida la etapa de juicio, cualquier determinación posterior dependerá de los mecanismos procesales previstos por la legislación boliviana y de las actuaciones que eventualmente puedan promover las partes dentro de los plazos establecidos.