Escribe: Roberto Márquez
Situación actual y contexto. Actualmente, el Gobierno central administra aproximadamente el 88% de los recursos, y solo un 12% se distribuye entre niveles subnacionales. Esta desigualdad en recursos es una de las causas principales de la demanda por un pacto fiscal más justo. El candidato presidencial Rodrigo Paz, a planteando una distribución fiscal del “50 -50”, junto al “Capitalismo para Todos”, más otras propuestas, y pivotea el debate sobre un nuevo pacto fiscal en Bolivia que, en esencia es la distribución del poder y la riqueza.
La propuesta del 50/50 simboliza la lucha de las regiones y comités cívicos por su AUTONOMÍA.
La propuesta de Paz Pereira del 50/50, tiene raíces en los planteamientos de los comités cívicos de Bolivia, especialmente de Tarija y Santa Cruz, municipios (FAM-BOLIVIA), desde 1998, 2006, 2010, en adelante, y encierra una complejidad fiscal, política y social que determina el futuro del país. Se trata de destinar la mitad de los ingresos del Estado al gobierno central y la otra mitad a los gobiernos subnacionales (departamentos, municipios, universidades y autonomías indígenas).
Justificación y distribución del 50/50. La propuesta no afecta al Tesoro General de la Nación ni a recursos específicos como el Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) ni regalías. La distribución específica planteada es 20% para gobernaciones, 23% para municipios, 6% para universidades y 1% para pueblos indígenas. Permitiría que las regiones tengan mayor control sobre los recursos generados localmente, fortaleciendo su autonomía y el desarrollo territorial.
El pacto fiscal 50/50 representa una demanda clave en Bolivia para un reparto equitativo de recursos, con claras bases legales, apoyo territorial y una distribución dirigida a fortalecer la autonomía y el desarrollo regional sin afectar la estabilidad fiscal nacional.
Es preciso entender la propuesta de Paz, que una mayor porción de los ingresos en manos de las regiones permitirá a los gobiernos subnacionales invertir en proyectos de infraestructura económico-financieros, salud y educación que se adapten a las realidades locales, evitando la burocracia y la lentitud de los proyectos gestionados desde el nivel central.
Al tener acceso directo a más recursos, las regiones podrán impulsar un desarrollo más equilibrado y sostenible, corrigiendo las desigualdades históricas que han limitado y han llevado al atraso a todos los departamentos y regiones, especialmente a Tarija.
El mayor desafío para implementar el pacto 50/50 es político, que requiere de u diálogo nacional, acuerdos en el Consejo Nacional de Autonomía, y voluntad política entre las autoridades. La propuesta está enmarcada legalmente y defendida por actores cívicos, políticos y económicos de importancia regional.
Definitivamente urgente. Se considera una medida urgente para evitar que continue la caída de ingresos subnacionales y potenciar la inversión pública en servicios y desarrollo.
Por otro lado, dejar para el análisis y la discusión, el pacto o acuerdo fiscal tiene en su agenda la sostenibilidad fiscal del Estado: ¿Un 50/50 dejaría al gobierno central sin los fondos necesarios para cumplir con sus responsabilidades nacionales, como el pago de la deuda externa, el mantenimiento de las Fuerzas Armadas y la seguridad ciudadana, o la financiación de programas sociales a nivel nacional? Tienen la palabra.
Hay que recordar que el pacto fiscal es un debate sobre la construcción de un nuevo modelo de Estado en Bolivia, uno que sea más descentralizado, justo y equitativo para todas sus regiones. La pregunta no es solo cuánto dinero se distribuye, sino cómo se logra un desarrollo que beneficie a todos los bolivianos.
El debate abierto por el candidato Rodrigo Paz Pereira, sobre un pacto fiscal en Bolivia es un tema central y fundamental que va más allá de la simple división de ingresos. La propuesta del 50/50 se ha convertido en una bandera cívica que simboliza la demanda del municipalismo boliviano, de las regiones por una mayor autonomía económica y política.
Para entender esta dinámica se trata de acabar con el modelo centralizado, pues la propuesta del 50/50 de Paz, no es solo un número, es la expresión de una profunda convicción autonomista de los bolivianos. La Autonomía económica, la eficiencia y transparencia, la equidad regional, son los desafíos de un pacto real, hacia una REPÚBLICA DE BOLIVIA AUTONOMICA.