Escribe: Roberto Márquez
La llegada de Rodrigo Paz a la presidencia de Bolivia no representó meramente una alternancia en el poder tras dos décadas de hegemonía; fue, en estricto rigor, un parto doloroso hacia la verdadera democracia en medio de las ruinas institucionales dejadas por el socialismo del siglo XXI.
La victoria en las urnas devino rápidamente en un ejercicio de equilibrismo político extremo, marcado desde el primer día por una paradoja fundacional: el mandatario asumió el mando con un flanco descubierto letal, situado curiosamente en el asiento contiguo del poder ejecutivo, donde su propio vicepresidente, Lara, comenzó a destilar una estrategia de zapa y ataques sistemáticos orquestados en sintonía con los designios que bajaban desde el Chapare.
El ascenso al poder de la fórmula no estuvo exento de contradicciones tácticas. La inclusión de Lara como compañero de binomio, capitalizando un fenómeno digital de protesta antisistema, se transformó de inmediato en un caballo de Troya dentro del Palacio Quemado.
Lejos de asumir la lealtad institucional que exige la administración de un Estado en severa crisis, la vicepresidencia se convirtió en el epicentro de un boicot permanente. Desde las primeras semanas de gestión, los ataques arteros y las señales de desestabilización comenzaron a articularse con precisión quirúrgica, revelando una agenda oculta orientada a provocar la implosión del Ejecutivo desde adentro.
Esta pinza interna, operada por un vicepresidente convertido en opositor en funciones de gobierno, encontró su complemento perfecto en la agresión externa del evismo y en una de las mayores imposturas de la política tradicional boliviana. En un ejercicio táctico de malabaristas, figuras como Doria Medina y «Tuto» Quiroga han vuelto a hacer coro y coludirse solapadamente con el evismo, repitiendo el libreto oscuro con el que operaron bajo la mesa en el pasado. Lejos de defender el orden democrático y la gobernabilidad que el país urgentemente demanda, estos actores funcionales al caos buscan capitalizar el desgaste del gobierno, demostrando que sus apetitos de poder personal están por encima de la estabilidad de la República.
A este coctel de desestabilización se sumó recientemente un punto de quiebre histórico: la decisión soberana de reabrir las puertas a la cooperación internacional y permitir el retorno de la DEA a territorio boliviano. Este paso firme, impulsado por la administración del presidente Rodrigo Paz, provocó un auténtico terremoto en las entrañas del narcotráfico. Al sentirse acorraladas ante la inminente pérdida de impunidad, estas redes mafiosas, junto a su andamiaje corporativo y sindical —como la Confederación Tupac Katari y los grupos «evo pueblo»—, preparan una nueva ofensiva para buscar la caída del mandatario.
Sin embargo, el presidente Paz ya supo demostrar templanza frente a las operaciones de desestabilización, desactivando el movimiento criminal de los 50 días sin disparar una sola bala y negándoles aquel «muerto» que las cúpulas subversivas buscaban desesperadamente para justificar la legalidad de su asonada. Hoy, la democracia boliviana se debate en una encrucijada histórica: entre la purga institucional indispensable y el asedio implacable de un narco-populismo respaldado, abierta o solapadamente, por esa vieja casta política dispuesta a reeditar el despojo institucional, el odio y la destrucción sistemática de la República.