Escribe: Roberto Márquez
Una cifra escandalosa: 2.687 millones de dólares perdidos en solo tres años. No es el costo de un desastre natural, sino el precio que Bolivia ha pagado por la ineficacia, la corrupción y el «secuestro» institucional que permite que casi un tercio de nuestros combustibles subvencionados termine alimentando el mercado negro, según la propia Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Esta revelación coloca el contrabando de carburantes no solo como un problema de orden público, sino como una hemorragia financiera que amenaza con desangrar la ya delicada economía boliviana. La subvención, que debería ser un motor de desarrollo interno, se ha convertido en una masiva transferencia de recursos públicos hacia redes criminales transfronterizas.
El cálculo del asambleísta tarijeño Luis Lema, basado en una subvención de $us 8.900 millones en tres años, nos obliga a poner el foco en la magnitud de la pérdida. Estamos hablando de un monto que, como él denuncia, equivale a la importación de combustibles de casi un año entero.
Pero la tragedia no es solo el dinero malgastado; es la estructura de impunidad que permite que este desvío persista. La ANH y el Ministerio de Desarrollo Productivo han reconocido fallas en el Sistema B-SISA, la venta de tarjetas para evadir controles, e incluso la complicidad de personal interno. Sin embargo, el problema, como apunta Lema, va mucho más allá del surtidor.
Frente a esta crisis, la nueva administración, encabezada por el Presidente Rodrigo Paz, ha tomado la bandera de la lucha frontal contra el contrabando, reconociendo el golpe que esto supone para las arcas del Estado. La política del Gobierno de Paz busca detener la transferencia de recursos al crimen organizado y asegurar que la subvención beneficie exclusivamente a los bolivianos.
YPFB: ¿El Nuevo Comibol?
El cuestionamiento más agudo se dirige a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El asambleísta Lema traza un paralelismo escalofriante entre la situación actual de YPFB y el colapso de Comibol hace 40 años: precios deprimidos, falta de reservas, una estructura sindical inflada y una corrupción evidente.
Si es cierto que su estructura ha estado «secuestrada» por intereses políticos y sindicales, y si se confirman gastos como el millón de bolivianos mensuales en trabajadores «en comisión» sin retorno productivo, la crisis de YPFB es tanto productiva como ética. La ineficiencia en la estatal es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción que facilita el contrabando.
El Gobierno de Paz ha señalado la necesidad de una reestructuración profunda en YPFB, no solo para mejorar la exploración y producción, sino para erradicar las prácticas de corrupción interna que, según las propias autoridades, han facilitado el desvío. La modernización del control interno y la despolitización de la gestión son ejes centrales de la nueva estrategia para blindar a la empresa estatal.
Los Culpables de la Fuga y la Estrategia de Paz.
El contrabando de combustibles no es un acto solitario. Es un engranaje complejo que involucra, según las denuncias, a cuatro actores principales que actúan como clientes de esta fuga:
- Narcotráfico
- Minería Ilegal
- Contrabando Fronterizo (Perú, Chile, Brasil, Argentina)
- Autos Chutos
El analista Fernando Romero destaca que la subvención representa hasta el 8\% del PIB anual. La conclusión es simple: frenar el contrabando es la manera más inmediata y efectiva de aliviar la carga económica.
El Presidente Rodrigo Paz ha sido claro en su política: tolerancia cero con estas redes. La estrategia incluye:
Refuerzo Militar y Policial en Fronteras: Intensificando los operativos para decomisar el combustible y la maquinaria ilegal, atacando los principales puntos de fuga hacia países vecinos.
Modernización y Digitalización del B-SISA: La ANH está revisando a fondo el sistema, buscando implementar tecnología más robusta para evitar la clonación de tarjetas y elusión de controles.
Coordinación Interinstitucional: Un esfuerzo conjunto de YPFB, ANH, Aduana y las Fuerzas Armadas para desmantelar las redes que operan en la cadena de distribución.
La Hora de la Reforma
El país no puede permitirse seguir subvencionando la actividad criminal. Si el problema de la subvención, tal como está, es insostenible, la urgencia de ponerle fin al contrabando es la prioridad nacional.
La nueva administración del Presidente Paz tiene la oportunidad histórica de demostrar que la voluntad política existe para sanear las finanzas públicas. El desafío es doble: por un lado, reformar la estructura elefantiásica y vulnerable de YPFB, y por el otro, aplicar la ley con mano firme contra quienes se benefician de la pobreza de la nación.
La lucha contra el contrabando de carburantes es, en esencia, la lucha por la recuperación de la soberanía financiera del Estado boliviano.
Es el momento de respaldar las acciones decididas del nuevo Gobierno del presidente Rodrigo Paz para cerrar esta vergonzosa llave de fuga.