Raquel Ramos alerta que un proyecto de ley del Ejecutivo Municipal pretende eliminar la obligación de remitir contratos al Concejo, lo que, según ella, crearía una “ley a medida” del alcalde. Advierte sobre la posible privatización de servicios básicos y pide a sus colegas rechazar la norma.
Redacción Central/Bolinfo/Tarija/ viernes, 1 de agosto de 2025
Una nueva disputa política ha surgido en el Concejo Municipal de Tarija. La concejal Raquel Ramos denunció públicamente que el alcalde ha enviado un proyecto de ley que, de ser aprobado, limitaría severamente la capacidad del órgano legislativo para fiscalizar contratos y convenios. Según Ramos, la propuesta busca reemplazar la normativa actual y eliminar la obligatoriedad de que estos documentos sean conocidos por el Concejo.
«Una ley a medida» del ejecutivo municipal
Ramos señaló que la iniciativa del alcalde busca «eliminar o abrogar el anterior que ya se tiene del concejo municipal», impidiendo que los contratos, tanto nuevos como los ya firmados, pasen por el control del ente deliberante. La concejal manifestó que esta modificación, de hecho, blindaría de fiscalización a proyectos que han sido muy cuestionados en el pasado, como el contrato de las luminarias, el proyecto Colosal o el sistema de fotomultas.
«Con este proyecto de ley de contratos y convenios, el alcalde municipal se está haciendo una ley a medida de él», sentenció Ramos, expresando su preocupación por la concentración de poder en el Ejecutivo y la reducción de los mecanismos de control que garantizan la transparencia en la gestión pública.
Preocupación por la privatización del agua potable
Uno de los aspectos más alarmantes de la propuesta, según la concejal, es que el nuevo marco legal otorgaría al alcalde la facultad de firmar convenios con nuevas empresas privadas para la administración y el control de servicios básicos. Ramos criticó que se siga optando por un modelo privado, similar al de la empresa Cosalt, en lugar de crear una empresa pública municipal que defienda los intereses de la población.
«Se va a privatizar el agua potable. ¿Y cuánto más nos va a llegar a costar a los tarijeños nuevos convenios?», advirtió la autoridad. Esta inquietud se centra en el temor de que la gestión privada de servicios esenciales pueda resultar en un aumento en las tarifas, afectando directamente la economía de los ciudadanos.
Llamado a los concejales para rechazar la ley
Ramos también alertó que la ley propuesta permitiría al alcalde firmar otros tipos de contratos sin el conocimiento del Concejo, como el de fotomultas, el cual ya fue observado por no haber sido remitido a tiempo para su control. La concejal insistió en que esta práctica vulnera las competencias de fiscalización que tiene el órgano deliberante y debilita la rendición de cuentas.
Aunque el proyecto de ley ha sido enviado a la comisión correspondiente del Concejo, de la cual ella no forma parte, Ramos ha hecho un llamado enfático a sus colegas para que rechacen la norma. «Como tarijeño, les pido a mis colegas concejales primeramente tener conciencia y pensar en la población tarijeña que realmente ahora nos necesita», concluyó, apelando a la responsabilidad de los legisladores municipales para defender los derechos e intereses de los ciudadanos por encima de las presiones políticas.
Concejal Ramos denuncia que el alcalde de Tarija busca limitar la fiscalización de contratos
