Por Fernando Romero, economista_
- Resumen general del estudio Índice Global de Complejidad Corporativa 2026
El Índice Global de Complejidad Corporativa 2026 de TMF Group concluye que el mundo se ha vuelto más complejo para invertir y hacer negocios debido al aumento de regulaciones, mayores exigencias fiscales, tensiones geopolíticas y aceleración tecnológica. El estudio analiza 81 jurisdicciones que representan más del 90% de la economía mundial y evalúa factores como impuestos, contabilidad, recursos humanos, regulación corporativa y estabilidad institucional. Los países más competitivos son aquellos que tienen reglas claras, estabilidad jurídica, baja burocracia…
[19:24, 18/5/2026] Julio Roca Laguna: COYUNTURA – INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA O PODER DELICTIVO.
Escribe: Roberto Márquez
La reciente declaración de Vicente Salazar, líder de la Federación «Tupak Katari», al descartar el diálogo y exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, no es solo un desplante político; es una afrenta directa a la institucionalidad democrática. Bajo la consigna de que el Gobierno ha perdido representatividad, se intenta legitimar el bloqueo como arma de coacción, ignorando que la democracia se sostiene sobre el respeto a las instituciones y no sobre el asedio callejero.
Para analizar este conflicto a la luz de la verdad, es imperativo despojarlo de su retórica «social». Lo que Bolivia atraviesa hoy no es una movilización espontánea, sino una arquitectura de poder diseñada para preservar la impunidad de un individuo y garantizar el control de economías ilícitas. En este escenario, lo que está en juego es el derecho más elemental de los ciudadanos: la libertad.
Derechos humanos bajo asedio
El bloqueo de rutas no es una protesta inofensiva; es una violación sistemática al derecho humano al libre tránsito. Al paralizar el país, el evismo utiliza el hambre como herramienta de extorsión, poniendo en riesgo la alimentación y la salud de millones de bolivianos. No se puede hablar de justicia social cuando se asfixia la economía popular y se impide el paso de suministros vitales para canalizar un descontento artificial contra la administración estatal.
El epicentro de esta crisis es nítido: la orden de aprehensión por trata de personas y estupro en Tarija contra Evo Morales. La marcha y los cercos no buscan «salvar a la patria», sino forzar un canje cínico: paz social a cambio de impunidad judicial. Esta es la mayor negación del principio de justicia: la pretensión de que un caudillo esté por encima de la ley.
La defensa de la Ley y la Economía
Mientras la narrativa del conflicto sostiene que las «10 Leyes» provocarán miseria, la realidad concreta indica lo contrario. Estas reformas son el pulmón necesario para oxigenar las Reservas Internacionales Netas y atraer inversión. El rechazo a estas normas es, en el fondo, una defensa corporativa de la opacidad. Al crimen organizado le resulta vital impedir la fiscalización de flujos monetarios y el control de divisas; necesitan un Estado débil para que el chantaje se consolide como el método supremo de negociación.
Restaurar el Estado de Derecho
La solución a esta crisis no puede nacer de una transacción política tradicional. No es ético ni legal negociar la vigencia de la norma por una paz ficticia. El respeto a la ley no se somete a consenso; se aplica. Por ello, la resolución exige firmeza en tres frentes:
Asfixia Logística: La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) debe intervenir las cuentas que financian este caos. Al cortar el flujo de capitales de origen dudoso, la movilización prebendal se disuelve.
Independencia Judicial: El proceso en Tarija debe seguir su curso sin amedrentamientos. El éxito de este juicio será el símbolo del fin de los privilegios caudillistas en Bolivia.
Pacto por la Democracia: Los actores democráticos y sectores civiles deben conformar un bloque sólido que priorice la estabilidad y la defensa de la Constitución frente al asedio criminal.
Bolivia se encuentra en una encrucijada donde no se debate un pliego petitorio, sino la supervivencia de la democracia. El país debe entender que no hay punto de encuentro posible entre la impunidad criminal y el bienestar ciudadano. Ceder ante el chantaje de quienes buscan anular procesos por delitos graves —como la trata de personas— sería hipotecar el futuro de la República de Bolivia.
La paz social no se negocia; se construye garantizando que nadie esté por encima de la Ley.