Eduardo Claure
El Estado Plurinacional de Bolivia, adecuó su normativa interna a los estándares interamericanos de Derechos Humanos para cumplir como todos los países de la región, ratificando los instrumentos interamericanos e incorporó los estándares de derechos humanos desarrollados en el marco del sistema interamericano de protección y promoción de derechos humanos. Sin embargo, una rápida mirada al periodo de la instalación de gobiernos populistas en la región, vemos que, en estos países, continúa siendo un desafío la necesidad de reforzar la institucionalidad democrática de los Estados, así como el fortalecimiento de las capacidades para implementar políticas públicas con enfoque en derechos humanos que puedan generar impactos concretos en el goce y ejercicio de estos derechos. Más por el contrario, en estos países “progresistas” y, especialmente en el nuestro, aquella directriz fundamental enunciada con efecto vinculante por la CIDH, no se cumple y, más bien, hasta los recientes días transcurridos en el departamento de Santa Cruz y su capital -como fue asediada Bolivia el 2019 y 2020-, en cumplimiento de un Gran Cabildo Cruceño que demandó la realización de un censo poblacional el año 2023, fue cercada y golpeada brutalmente por fuerzas paraestatales acompañadas por la policía, demostrándose que la violación de los Derechos Humanos es pan de cada día en Bolivia, como nunca en su historia, desde el 2006 a la fecha, el periodo más oprobioso de nuestra historia republicana y “plurinacional”.
La protección de los derechos fundamentales que debe garantizar el Estado, según la norma suprema, no es cualquier protección. Se trata de una tutela efectiva, esto es, una protección que garantice en la práctica los derechos y, que sean respetados por todos. Ante ello puede afirmarse que la CPE prevé un principio de efectividad, a través del cual podrán ser evaluados los actos de protección de los derechos y, en su caso, juzgados no tanto desde la óptica de la validez procedimental o sustancial sino desde la perspectiva de su capacidad de asegurar o no en la realidad la garantía integral de los derechos. Y, esta figura, es la que precisamente incumple el gobierno del Estado Plurinacional, ejecutando a cambio, terrorismo de estado. Los pueblos indígenas -su “base social”- han sido, también, afectados severamente.
En este contexto, el reclamo vía cabildo que ha realizado Santa Cruz, no es únicamente como aspiración individual u oriental, es de todo Bolivia, pues involucra el espíritu del país entero, que poco a poco fue aflorando desde los 80´ cuando se reclamaba “descentralización desde abajo”, “descentralización ya”, luego vino la Ley 1654, posteriormente la Ley 1551 y la Ley 2028, en ese transcurso llegó la Ley 2235 del Dialogo Nacional 2000, el D.S. 27731 de Bolivia Productiva y el D.S. 27507 del Referéndum sobre la Política Energética del País, llegando a la Asamblea Constituyente y, “produciendo” la vigente CPE, en el intento de construir “un país con autonomías”. Pero, la realidad, nos muestra que ese largo proceso descentralizador y su profundización, nunca avanzó y, más bien se frenó en seco y se secuestró, por “el gobierno del mal”. Desde la recuperación de la democracia -pactada-, hasta la participativa -violentada-, la forma de distribución de los recursos del Estado, 83% para el gobierno central (PGE 2022) y 17% para las ETAs: gobernaciones, alcaldías y universidades, ha estrangulado a éstas, que se han visto imposibilitadas de cumplir con los términos del desarrollo local, departamental y nacional. Al establecerse en la CPE un amplio catálogo competencial en los cuatro niveles de autonomías, sin la adecuada asignación de recursos, estás entidades incumplen los componentes para el desarrollo en términos sociales y económicos. La perversa y desequilibrada distribución de recursos de la que hace gala el “gobierno de todos”, contraviene todo lo establecido en el bloque de los derechos humanos, no sólo incumplidos, sino, violentados sistemática y violentamente.
Es así qué, el centralismo, vulnera los derechos humanos de los bolivianos. Es el Estado que, bajo forma de gobierno central, limita perversamente la asignación de recursos para el no cumplimiento de los roles del desarrollo: en salud no asigna ni emprende la construcción de hospitales, no otorga ítems, no proporciona equipamiento ni insumos médicos ni hospitalarios; en educación, no amplía la cantidad suficiente de ítems, infraestructura, equipamiento y sigue con un modelo de malla curricular altamente ideologizante y no del desarrollo de la inteligencia; en alimentación, existe una desatención total al desarrollo agropecuario, dejó de existir el IBTA y el SIBTA, el INRA atenta a la seguridad alimentaria al provocar el avasallamiento de tierras a interculturales que no son productivos, sino traficantes de tierras, provocan la ampliación de una frontera agrícola falsa, que más bien, degrada el recurso suelo/tierra productiva, provoca una agresiva deforestación que nos pone como el segundo país del subcontinente con mayor devastación de áreas boscosas; entrega áreas de protección y reservas naturales a cooperativas mineras falsas que son palos blancos de empresas chinas que explotan oro en zonas de alta fragilidad en el equilibrio del recurso agua por el uso de mercurio atentando a la salud de comunidades indígenas del norte de La Paz y el Beni; tolera el ingreso de alimentos transgénicos; ha permitido que se esfumen 270 millones de dólares del FONDIOC, sin responsables por ese robo; por el modelo económico -blindado- las regiones han reclamado de todas las formas posibles y democráticas, mientras el pueblo boliviano, recibe una violencia desatada por el Estado represor bajo mandos policiacos brutales y agentes paraestatales, el terrorismo de Estado toma carta de ciudadanía con represión, detenciones y procesos sumarios arbitrarios al margen de la ley; la presión sobre medios privados de comunicación, periodistas independientes y ataque brutal físico a reporteros, son una muestra del terrorismo de Estado; continúa la violencia policiaca desatada el 2019 y 2020 contra “las pititas” y la ciudadanía, el gobierno y las fuerzas paraestatales acompañada por la policía por instrucciones del propio mandatario de ese periodo, que ordenaba cercar las ciudades y no permitir el ingreso de alimentos ni transporte de oxígeno y ambulancias en plena crisis política, persiste hoy; acciones similares sucedidas este último mes de octubre y noviembre de 2022 en Santa Cruz, pretendiendo reeditar otra Masacre de Terebinto de 1958-1959; la manipulación del sistema electrónico del TSE que provocó el monumental fraude de 2019 y el desconocido Referéndum del 21F y; las severas dudas del manejo de las estadísticas oficiales a través del INE, datos del SERECI, SEGIP y principalmente del TSE, y otros muchos etcéteras, por señalar algunos hechos, configuran como “paquete de medidas políticas para el poder tirano” que, al aplicarse, violentan el Bloque de los Derechos Humanos de la CPE, que está fortaleciendo la voluntad pacífica y tolerante del pueblo cruceño y boliviano, pero, hasta cuándo.?
Quien demandará, para sentar precedentes a los violadores de los derechos humanos, sucedidos en el mayor periodo de “aplicación de la democracia participativa y directa”, provocando el mayor oscurantismo político ideológico de la historia boliviana y que frenó el desarrollo político.? ¡¡Debe reconstruirse la institucionalidad democrática en un Estado de Derecho desarmando el aparato represor estatal, heredado de la más negra época del terror político ejecutado por el tenebroso Federico San Román…!!
En este contexto, la reacción del pueblo cruceño y la adhesión timorata y calculadora del resto de los departamentos mediante sus comités cívicos -que debiera ser rol de partidos políticos- asume legitimidad por su empoderamiento determinante, constituyéndose en el líder político nacional, que plantea una Agenda Política Nacional, no solamente censal, sino para lo que ha venido postergándose: la reconfiguración política nacional, el nuevo relacionamiento de un gobierno central con los nueve departamentos, la reasignación de escaños parlamentarios, la redistribución de recursos nacionales y genere un modelo equilibrado y compensatorio para ETAs necesitadas, la profundización de las autonomías o una federalización aun no diseñada, que implica un largo y escabroso tramo, el cese de violentar los Derechos Humanos establecidos en la CPE y su aplicación abusiva por un centralismo tirano, hace que, Bolivia, deba repensar su futuro, porque Bolivia Somos Todos. De no aprobarse la ley censal en la ALP en los términos que plantea la Bolivia democrática -que apacigüe esta coyuntura- lo sucesivo, vendrá acompañada, de lo que nadie desea, solo la mente febril de un desquiciado y sus secuaces, desconectados de un estado sano de razón y bien juicio.
