Eduardo Claure
Recuperada la democracia luego de un periodo de décadas bajo la predominancia de gobiernos militares y, superada la pesadilla de la UDP, el triple empate, el puente sobre ríos de sangre, aquello de errores y no delitos y seguidamente, asumido el modelo económico neoliberal, cuya idoneidad para enfrentar los retos del subdesarrollo no fue suficiente en manos de los salvadores del fracaso proyecto socialista -incluida la descalabrada asamblea popular-, se llegó al proceso de globalización con las instituciones multinacionales que gobiernan los mercados financieros internacionales, junto a los avances tecnológicos de 5ta generación, entre otros, donde, de pronto, la Bolivia ciudadana, se da cuenta que navegar en estos conceptos y entidades simplemente no sirvieron para mejorar procesos estructurales de largo aliento en los ámbitos económico, social y político: todos para el desarrollo con visión país. Fracaso de sus conductores. Para los bolivianos la democracia aparecía no solo como la alternativa lógica a las dictaduras represivas, sino como la panacea prometida para los crónicos problemas económicos, sociales y políticos desde 1825. Sin embargo, luego de tres décadas de relativa estabilidad, los nuevos regímenes democráticos fueron superabundantemente insuficientes de crear una base sólida que permita alcanzar una real solución a tales problemas, por lo que apareció en el escenario político nacional un discurso explícitamente antidemocrático con rostro populista, que ha horadado las bases de aquella incipiente democracia y viene corroyendo drásticamente la noción básica del estado–nación, particularmente sus tradicionales preceptos de soberanía y autonomía. Puesto que la democracia ha sido siempre asociada al estado–nación y su capacidad de autogobierno, la crisis de esta noción de unidad política afecta seriamente a sus principios fundamentales de representación, soberanía popular y auto determinación. De pronto se siente que estas premisas pierden terreno en la cotidianeidad política e institucional desde el 2006. Ante esta realidad ¿Qué significa democracia cuando el Estado no responde a sus ciudadanos sino a fuerzas populares que obran con fuerza imponiendo su ley? ¿Mantiene el actual régimen democrático boliviano alguna capacidad para manejar -sus- políticas de Estado bajo estas circunstancias? ¿Es viable y posible ante este panorama, promover instituciones y estructuras de participación democrática que no tienen ningún poder real para implementar la voluntad ciudadana mediante el voto ante próximas elecciones nacionales, si el actual poder político es dominantemente populista y permisivo a estos actores que no únicamente delinquen, copan territorio nacional, sino que hacen “política territorial independiente” ajenos al Estado y las leyes? La mayor dificultad a ser resuelta es la relación existente entre la población que es pobre y/o carece de poder político efectivo y un régimen no democrático que promete progreso económico y empoderamiento de la gente, en un contexto en el cual la soberanía nacional se viene reduciendo permanentemente, bajo la presión de organizaciones transnacionales del submundo narco, que han dado lugar a la toma de la región del trópico cochabambino convertido en republiqueta cocalera -similar situación seguramente se dará en Yapacani, Cuatro Cañadas, San Julian y Yungas-; de “fuerzas populares” que toman tierras altamente productivas bajo propiedad privada en la zona oriental; y, en el altiplano similares organizaciones indígena originarios campesinos a título de “pobladores municipales”, extorsionan a empresarios hoteleros que innovaron con esfuerzos privados una alternativa turística muy importante, ante cuyos hechos el gobierno/Estado/partido, nada hace y mira complaciente antes que con indignación y/o intervención bajo el mandato de la ley. Estos tres ejemplos de “poder popular de facto”, llevan a imaginar que se profundizó las autonomías populares para fortalecer la base económica de los pobres -indígena originaria campesina-, “federalizándose” o estando en proceso de ir más allá de las leyes 2028,1654, 1551 y subsiguientes conexas o derivadas de aquellas -que fueron revolucionarias, aunque básicas-, implantando con estas acciones de facto un nuevo modelo económico que funcionará bajo un proyectado Estado/Gobierno/Partido/Región, más allá de toda racionalidad, sujeción a la ley y sentido común: han legitimado territorios autónomos suficientes, lo que no pudieron consolidar las leyes para construir el municipalismo, la descentralización y las autonomías. Qué lejos quedó aquello de “descentralización desde abajo”; “descentralización ya”; “comunidad pequeño municipio”, “participación popular”; “proceso autonómico”; además de “asamblea constituyente”. Mucho diseño, esfuerzo, discusión, gente, tiempo, recursos nuestros y de la cooperación, para casi nada. La vigente CPE y la Ley 031, desquiciaron de la mano del proceso de cambio, todo lo puesto en marcha por aquellas normativas con alto contenido de compromiso y mística transformadora del Estado. Las leyes anotadas, se pensó, evitarían la pérdida de soberanía a nivel macro, pues la tarea pendiente era desarrollar y/o fortalecer la soberanía a nivel micro, engarzada a lo nacional. Esta hipótesis considerada verdadera por los operadores de la Ley 1551, significaba qué, Bolivia, Estado descentralizado, estaría mejor preparado para mantener las instituciones democráticas que se encuentran actualmente bajo las presiones del proceso de globalización que se venía venir. La descentralización -y, autonomías muy bien regidas-, entonces, sería en el nuevo contexto global, no sólo una alternativa más de organización del Estado, sino, una necesidad básica para el sostenimiento del sistema democrático boliviano. Lamentablemente, este pensamiento, no fue entendido por la clase política, hasta hoy, mucho menos por los “socialistas, comunistas y marxistas” del cacareado fallido y timo proceso de cambio. El resultado de estas “acciones populares para recuperar su economía” -ya que el gobierno/Estado/partido, no ha dotado de un modelo económico productivo-, en los próximos años, podría implicar un deterioro en los niveles de vida de la población no adherente al partido de turno, combinado con el desempoderamiento de la misma, por su creciente anulada participación en la toma de decisiones políticas claves -locales y menos nacionales-. Por un lado, esto significaría que las esferas públicas -si es que estas aún existen-, sólo generarían una corriente de opinión pública incapaz de presionar al gobierno para ser tomada en cuenta en las políticas públicas, que, hasta hoy, los intentos realizados por su dispersión y falta de carácter, no han hecho mella al “sistema”. En otras palabras, la dimensión emancipatoria de las esferas públicas desaparecerá, por lo tanto el gobierno/Estado/partido, organizado bajo principios nada democráticos, no responderá a las necesidades de la población no masista, generando una situación que llevará a un desencanto extremo respecto a la democracia como régimen político, que hasta el presente fue considerado por los bolivianos, como el principal modelo a seguir después de haberla recuperado en 1982, aún a pesar de sus imperfecciones. Y, esto se viene dando por cuanto la represión estatal tradicional viene complementada con métodos más sutiles y efectivos de control de las esferas públicas y la manipulación de la opinión pública a través de los medios estatales, las declaraciones amenazantes de funcionarios públicos, el perverso sistema judicial sometido/complaciente y, el permanente hostigamiento a la sociedad civil con nada sutiles amenazas ante manifestaciones diversas: en las calles, huelgas de hambre, cabildos, marchas y declaraciones; lo actual y futuro, está oscurecido por nubarrones tempestuosos, que nada raro, irrumpan, de continuar el asalto a los fondos personales depositados en las AFPs, ante cuyo hecho, la clase política no ha actuado con contundencia, dureza e inflexibilidad, perdiendo una oportunidad estratégicamente política: leer -ante los medios- un pronunciamiento o análisis, es cuando menos, pavor político. Mientras la cotidianeidad ofrece una gresca intrapartidaria desembozada, matizada cada día con novedosas noticias a cuál más hilarante, que desnudan la degradada moral de sus auspiciantes azules, estos, han abierto la soberanía a fuerzas dominantes que se han posicionado de tal manera que, han perforado la soberanía, ya no como concepto jurídico o político, sino como hecho factico concreto; sin embargo este contexto, también muestran al otro lado de la vereda política, la precariedad de ninguna respuesta de una clase política opositora disminuida, errática, timorata y banal, para estos temas y otros, que debieran estimular y azuzar la retoma de estrategias políticas reales y accionarla, y no, solo haciendo tiempo cómo mostrando que están ahí y, nada más: exponiendo su coexistencia camaral, tal vez pensando que este proceso se caerá por si solo y qué, ya llegará, su momento y, de ahí su valor individual partidario, en el que no cabe ni imaginariamente hablar de “unidad entre opositores” para el 2025 y, que, ganarían solitos. ¡¿Ingenuidad, tozudez, o mucho cálculo de alta política…?!
