Muchos están mal utilizando el instrumento legal, incluso para despojar de sus bienes a adultos mayores, sindicándoles de abuso o acoso sexual, relató el dirigente Germán Espinosa.
Redacción Central/Bolinfo/Tarija//
El Periódico-Marzo-20-2026.- Activistas y parientes de personas afectadas por la Ley 348, contra la violencia de género, se movilizaron para exigir la anulación de este instrumento legal o en su defecto modificarlo para evitar su mala utilización.
En la movilización el dirigente de los activistas, Germán Espinosa Chávez, declaró que la mayoría de los encarcelados en Morros Blancos están por esta ley, “no les perdonan nada, sordo, mudo, viejo, lo he vivido en carne propia”.
“Hay encarcelados de 90 años, ya no ven están cieguitos, viejitos, no pueden andar, están en silla de ruedas, qué va hacer una persona de la tercera edad”, sostuvo al indicar que algunos son sindicados de violencia sexual para ser despojados de sus bienes.
Por quitarle, la herencia, la casa, su terreno, le hacen la denuncia de violación o intento, para detenerlo y llevarlo a la cárcel, relató al informar que hay ancianos encarcelados que están llorando día y noche por su situación.
Hay muchos casos, acotó al aludir el caso de Richard Mamani, que estuvo detenido 9 años por una denuncia parecida siendo que era inocente, como se confirmó después, sin que nadie resarza el daño, se desconoce si el juez o fiscal fue sancionado.
En la cárcel de Morros Blancos hay unos 650 encarcelados que están con detención preventiva, si saber si serán o no sentenciados, agregó al remarcar que quienes llevan la peor parte son quienes no tienen dinero, “quienes pueden pagar a jueces están libres”.
Consultado si la ley 348 debe ser anulada, respondió que efectivamente debe ser anulada y trabajarse otra más equilibrada y que haga prevalecer la verdad. Además, la ley se desvirtuó por los malos funcionarios jueces y fiscales.
EL APUNTE
Once
años
La delegada de la Defensoría del Pueblo, Cecilia Bolívar, al evaluar 11 años de vigencia de la ley 348, declaró que el Estado no está respondiendo con adecuados presupuestos a las instancias correspondientes para una mejor aplicación de la Ley.
Aseguró que esta Ley se aprobó para prevenir la violencia de género, aunque es necesario que está ley se materialice en una política pública y que pueda contribuir a la prevención y permita el debido proceso a los denunciados.