Redacción Central/Bolinfo/Tarija/ Sábado, 19 de julio de 2025
El alcalde de Tarija, Johnny Torres, ha salido al paso de los rumores que circulan en redes sociales y medios críticos, negando que el sistema de fotomultas ya esté en funcionamiento en la ciudad. Torres calificó estas versiones como «falsas» y aclaró que el proyecto se encuentra en una etapa de socialización, sin una fecha definida para su implementación.
Fotomultas: Prevención de accidentes y flexibilidad en sanciones
Torres justificó la instalación de las fotomultas como una medida preventiva ante el alto índice de accidentes de tránsito en Tarija, que, según afirmó, representan la tercera causa de muerte en el departamento, dato que, según él, puede verificarse en las estadísticas del hospital San Juan de Dios.
El alcalde precisó que la fotomulta se aplicará únicamente a quienes crucen semáforos en rojo y que los radares se instalarán inicialmente en tres puntos estratégicos con alta siniestralidad: la parada del norte, la antigua terminal de buses y el colegio Castelfort Castellanos. El sistema no medirá la velocidad. Respecto a las sanciones, explicó que la multa inicial será de Bs 100, pero puede reducirse a la mitad si el infractor realiza un «pequeño cursito online de 10 minutos de educación vial». Si además opta por el trabajo comunitario, la multa se reduce a la cuarta parte. Reiteró que el sistema «aún no está en vigencia, se está socializando».
Asimismo, aclaró que el proyecto se enmarca en una asociación público-privada, modalidad que, recordó, cuenta con el respaldo del Gobierno central. «No tenemos recursos como Alcaldía para instalar este sistema con dinero del municipio», apuntó. Sobre las críticas a la participación de una empresa privada cuyo propietario no sería de conocimiento público, Torres respondió que se trata de una empresa boliviana seleccionada mediante un proceso legalmente establecido.
Dura crítica a la gestión económica del gobierno central
Por otra parte, el alcalde Torres fue contundente en su crítica a la gestión económica del Gobierno de Luis Arce. Consideró que la convocatoria a la unidad por parte del presidente es una señal de «desesperación» y una «derrota anticipada» del Movimiento Al Socialismo (MAS) de cara a los comicios de 2025.
Torres cuestionó duramente la administración económica del oficialismo, refiriéndose a las «filas para la gasolina, las filas para el diésel, el encarecimiento de la canasta alimentaria», y sentenció que «El país está totalmente destruido». Añadió que la industria de los hidrocarburos está «colapsada» y que la promesa de industrialización del litio no se ha concretado.
Además, el alcalde lanzó una grave acusación sobre la gestión de los fondos de pensiones administrados por la Gestora Pública. Señaló que una parte significativa de los aportes de los trabajadores fue utilizada para la compra de bonos del Tesoro: «15 mil millones en obligarles a comprar bonos del Tesoro, posteriormente, el presidente Arce ha obligado a comprar 7 mil millones de dólares. 15 más 7, 22 de 27. Sabrá Dios dónde están los otros 5 mil millones”, espetó. Torres sostuvo que los jubilados «ya han perdido» sus aportes, pues los bonos adquiridos carecerían de valor real, y lamentó que muchas jubilaciones actuales, de «800 Bs, 600 Bs», no alcancen para vivir con dignidad, cuestionando la indiferencia del Gobierno ante esta situación.
Como propuesta para revertir la crisis, Torres sugirió que el próximo gobierno debería gestionar un préstamo externo de al menos 10 mil millones de dólares. «Hay que comenzar a volverlo a construir de bajo cero», concluyó.
Estas declaraciones del alcalde no solo evidencian una marcada división política entre las autoridades locales y el gobierno central, sino que también reflejan la creciente preocupación ciudadana por la estabilidad económica y la gestión de los recursos estratégicos del país. La crisis de los hidrocarburos, en particular, está generando efectos en cascada que afectan tanto la operatividad de los municipios como el día a día de la población.
El debate sobre la transparencia y la solidez de los fondos de pensiones es un tema de alta sensibilidad social, especialmente para los jubilados y trabajadores activos. Las acusaciones de Torres sobre el manejo de estos fondos sin duda avivarán la discusión y exigirán respuestas claras por parte de las autoridades nacionales, en un contexto preelectoral donde cada declaración tiene un peso significativo.
Aclara que el proyecto está en fase de socialización, como una medida para reducir accidentes
