Pilar Lizárraga Araníbar
Presidenta dirección provincial de Cercado
Investigadora/Miembro de CLACSO
Ante la convocatoria de un “paro cívico para defender los recursos de los tarijeños”, diversos sectores sociales de Tarija nos hemos manifestado en contra del mismo, y se han visibilizado voces que plantean que la convocatoria liderada por el comité cívico departamental, la gobernación a la cabeza del Sr Oscar Montes y autoridades como el Alcalde de la provincia Cercado no tienen un sustento real y buscan ahondar la crisis en Tarija, amenazando afectar los derechos de las clases sociales populares, naturalizando el despojo de los derechos y conquistas de los más vulnerables que fueron golpeados por la doble dictadura, la del golpe de Estado y la dictadura pandémica y la forma de gobernar por decreto de las autoridades de turno en Tarija.
Después de 10 años se repiten los mismos escenarios, los interlocutores son los mismos, como es el caso de Oscar Montes que el 2012 era alcalde y ahora Gobernador y Jhony Torrez que paso de ser asambleísta a alcalde, y sus estrategias para confrontar y afectar derechos del pueblo profundo, de la gente de a pie no cambiaron. Estas autoridades que criticaban, rechazaban y convocaban a medidas de presión, durante 10 años no han podido construir una solidez técnica para acompañar con compromiso a la región.
El 2012 Oscar Montes como alcalde de Tarija no sólo rechazó el informe técnico de Gaffney, sino que manifestó “… Tarija necesita dotarse de expertos para saber si estos resultados son ciertos o no”. Por su parte el Comité cívico a la cabeza de Walter Mogro rechazaba el informe técnico de la consultora que certificaba que el reservorio Huamampampa H1b conectaba los campos Margarita y Huacaya y afirmaba que la región asumirá acciones en defensa de “sus recursos económicos” y que “Tarija no aceptaba, ni va a aceptar este resultado porque no es el correcto. Vamos a defender nuestros recursos que nos pretenden robar, vamos a tomar acciones que le van a costar mucho al país y a este Gobierno”. Jhony Torrez no se quedo al margen manifestando su rechazo a los resultados del estudio que dieron cuenta de la conexión hidráulica que tienen estos campos y del factor de distribución que se habría determinado con datos técnicos y culpando al gobierno “… que de manera permanente señalaba que Tarija tenía muchos recursos y había que distribuir las regalías. Ahora nos quitaron el 24,9% del campo Margarita”.
Adrián Avila este 2022 plantea una descalificación de los resultados y exclama que se requiere información para ver la fiabilidad de los mismos. Es importante conocer que según lo establecido por Ley se tenía que participar en el proceso, participación que fue clausurada por el gobernador Oscar Montes quien ha negado al departamento de Tarija tener una participación plena e informada en el proceso de determinación del nuevo factor de distribución, ya que como reclamo el Viceministro de Hidrocarburos Tarija no ha participado como control social ejerciendo un derecho estipulado por en este tipo de escenarios, y con esto se ha afectado al derecho del pueblo tarijeño para que estemos informados y podamos participar como lo hizo Chuquisaca. Por otro lado, el señor Montes no ha aportado a construir capacidades técnicas para acompañar el proceso explorativo del departamento, como lo anunciará hace 10 años atrás, no han trabajado para que los recursos se inviertan en desarrollo, en igualdad y en el vivir Bien.
Los argumentos instalados, por el comité cívico de Tarija, el Gobernador Oscar Montes, el Acalde Jhonny Torrez y asambleístas, sobre la confiscación de recursos de los tarijeños y la perdida de millones por concepto de regalías trae al debate el derecho territorial de dos departamentos y nos obliga a mirar de manera critica si hay realmente una apropiación de parte de los chuquisaqueños de un recurso que no les pertenece, lo que lleva a ver la confrontación que se está generando con estos discursos tan irresponsables entre bolivianos. Pero si de derechos se trata habría que profundizar la autonomía y aperturar el debate para un factor de distribución interno que fortalezca a los pueblos y naciones.
El factor de distribución concluyó que el reservorio H1b+H1c+IclaB está distribuido en un 53,18 % a Chuquisaca y en un 46,82 % a Tarija, lo que significa que se debe actualizar el factor de distribución de regalías, antes calculado en un parámetro 50-50. Este resultado es a partir de la constatación técnica que este campo tiene conectividad y esto constituye un sistema compartido de los valores que se genera el recurso, donde una mayor parte se encuentra en territorio chuquisaqueño y otra en territorio tarijeño.
El porcentaje del factor de distribución se modifica por los descubrimientos de la naturaleza geológica de los yacimientos subterráneos, pero esto no implica que Tarija pierde millones de dólares, ya que, con el factor de distribución del 2012, el año 2021 percibimos $us 59,4 millones y este 2022 con un nuevo factor de distribución recibiremos por Margarita-Huacaya 63 millones de dólares. Situación que en términos económicos podría ser más favorable por el descubrimiento y producción de nuevos campos.
Los argumentos que se esgrimen por parte del comité cívico y las autoridades tienen intencionalidad de usar la desinformación del pueblo tarijeño para intentar movilizarlos contra sus propios derechos, como es el derecho al trabajo, pero además construyendo un discurso de odio y de confrontación con el gobierno nacional que se expresan en “que no hay ley para los tarijeños y que hay una mala intención del gobierno”.
Los ciudadanos comunes no tenemos mayor posibilidad de acceder y comprender esta problemática por que no tenemos acceso a ese tipo de conocimiento para interpretar estas situaciones, por tanto emitir posiciones políticas informadas sobre la invalidez o validez de estos informes, y las alteraciones del factor es arriesgado y sujeto a la manipulación política, los espacios para dilucidar esta información han sido poco transparentes por los diferentes niveles y lo cual siembra un campo fértil para los oportunistas políticos que buscan promover su protagonismo y usar estas banderas para confundir y generar desestabilización. Estos escenarios requieren, antes que nada, de un liderazgo político que sea responsable con el pueblo, que permita ampliar la democratización de la información y empoderar al pueblo.
Finalmente, ¿Podemos confiar en la postura del comité cívico sabiendo que estos responden a los intereses de la gobernación y que la gobernación no hizo ningún esfuerzo sistemático para generar información técnica y clausuro los espacios naturales de información donde se podría haber participado en igualdad de condiciones?
