La Junta de Padres de Familia pide investigar las condiciones de permanencia de trabajadores y sus familiares dentro de las unidades educativas de Cercado, luego de que un estudiante de 12 años resultara herido durante una jornada escolar.
Redacción Central/El Periódico/07-10-2026.- La seguridad en las unidades educativas de Tarija volvió al centro de la preocupación de las familias después del incidente registrado en el colegio Esteban Migliacci, donde un estudiante de 12 años resultó herido con un arma blanca durante una jornada de clases. El hecho generó pedidos de medidas inmediatas y una revisión de los mecanismos de control existentes en los establecimientos del municipio de Cercado.Freddy Galarza, representante de la Junta de Padres de Familia, planteó el retiro de la portera del establecimiento, debido a que el joven de 18 años señalado como presunto responsable de la agresión sería hijo de la trabajadora. La solicitud será trasladada a las autoridades educativas para que se determine si corresponde adoptar una medida administrativa mientras avanzan las investigaciones.El menor afectado sufrió una lesión en una de sus piernas y recibió atención médica después del episodio. De acuerdo con los antecedentes conocidos, su condición no revestiría gravedad y se encontraría fuera de peligro. La Policía activó las diligencias destinadas a establecer cómo ocurrió la agresión, las circunstancias que la precedieron y la forma en que el joven ingresó o permaneció dentro del recinto escolar.Para la representación de los padres, el caso expone una situación que requiere una revisión más amplia y no solamente una respuesta frente al hecho ocurrido en el Esteban Migliacci. Por ello, Galarza demandó que se realice una investigación sobre los porteros que residen dentro de unidades educativas de Cercado junto con sus familias.El planteamiento busca establecer bajo qué condiciones se permite la permanencia de familiares de los trabajadores en los establecimientos, qué espacios utilizan, quién autoriza su presencia y cuáles son las reglas para el ingreso y salida de personas que no forman parte de la comunidad estudiantil.La preocupación está relacionada principalmente con los mecanismos de seguridad y control de acceso. Las familias consideran necesario verificar que la presencia de terceros dentro de los colegios no genere situaciones que puedan comprometer la integridad de estudiantes, docentes o personal administrativo.El incidente registrado en el Esteban Migliacci también puso bajo análisis la vigilancia durante los horarios de clases. Entre los aspectos que deberán ser esclarecidos se encuentran la supervisión de las entradas y salidas, la identificación de visitantes y la responsabilidad de quienes tienen a su cargo el control de los accesos.La solicitud de los padres coincide con una creciente demanda para reforzar los protocolos de prevención en los establecimientos educativos. El objetivo no se limita a determinar responsabilidades individuales, sino también a identificar eventuales deficiencias institucionales que permitan evitar nuevos episodios de violencia.La investigación policial deberá establecer la responsabilidad del joven involucrado y reconstruir lo ocurrido antes, durante y después de la agresión. Hasta que concluya ese proceso, cualquier señalamiento deberá ser considerado dentro del ámbito de una investigación en curso y sujeto a las determinaciones de las autoridades competentes.Paralelamente, los padres esperan una respuesta de la Dirección Distrital de Educación respecto al pedido de cambio de la portera. La medida es planteada como una acción preventiva mientras se analiza la situación administrativa de la trabajadora y se conocen los resultados de las actuaciones correspondientes.El debate también alcanza a otras unidades educativas de Cercado. La Junta de Padres considera necesario contar con un diagnóstico sobre cuántos establecimientos tienen viviendas destinadas a porteros y quiénes ocupan actualmente esos espacios. A partir de esa información, pretende que se establezcan criterios uniformes para regular la permanencia de familiares dentro de los colegios.La situación obliga a las autoridades educativas a revisar una cuestión que durante años estuvo vinculada principalmente con la custodia física de los establecimientos: las condiciones bajo las cuales se desarrolla esa función y la convivencia de los trabajadores con sus familias dentro de predios escolares.Mientras continúa la investigación por la agresión, las familias demandan que las medidas de seguridad no se limiten al colegio donde ocurrió el episodio. El pedido apunta a que el municipio y las autoridades educativas evalúen los protocolos existentes en todo Cercado y adopten disposiciones que permitan garantizar que los establecimientos sean espacios seguros para los estudiantes.El caso del Esteban Migliacci deja así dos tareas inmediatas: esclarecer la agresión contra el menor y revisar las condiciones de seguridad de las unidades educativas. Para los padres, ambas acciones deben avanzar de manera paralela para evitar que una situación similar vuelva a producirse.