Rodrigo Baldivieso pide un informe sobre los remanentes de paquetes no entregados en 2026, que rondarían los 1.120 kits y más de 200 mil bolivianos sin justificar, pese a que el presupuesto departamental creció en 144 millones de bolivianos
Redacción Central/El Periódico/10-09-2026.- El asambleísta departamental Rodrigo Baldivieso encendió una nueva alerta sobre el manejo del presupuesto destinado a las personas con discapacidad en la Gobernación. Según explicó, el Plan Operativo Anual (POA) 2027 ya fue remitido a la Asamblea Legislativa Departamental sin que mediara un proceso de socialización previo con las organizaciones y federaciones del sector, lo que —a su juicio— repite un patrón de opacidad que viene denunciando desde gestiones anteriores.
El legislador sostuvo que, aunque el techo presupuestario de la entidad subió en 144 millones de bolivianos respecto al ejercicio anterior, existe temor entre los dirigentes de que el ítem correspondiente al paquete alimentario para personas con discapacidad vuelva a sufrir un recorte, tal como habría ocurrido en gestiones pasadas. Ese beneficio, entregado de forma periódica a las personas registradas con discapacidad en el departamento, se ha convertido en los últimos años en un punto de tensión recurrente entre el sector y las autoridades departamentales, que en distintas ocasiones justificaron ajustes por restricciones fiscales o reprogramaciones internas.
Baldivieso planteó que la falta de participación de los representantes de personas con discapacidad en la elaboración del documento presupuestario contradice los mecanismos de planificación participativa que, en teoría, deberían regir la construcción de instrumentos como el POA en las entidades subnacionales. Indicó que la ausencia de esa etapa de consulta impide conocer con anticipación si el monto asignado para el paquete alimentario se mantendrá, se ampliará o —como temen los dirigentes— se reducirá nuevamente en el ciclo 2027.
En paralelo, el asambleísta cuestionó la falta de transparencia en el manejo de los remanentes de paquetes alimentarios de gestiones pasadas. De acuerdo con la información que maneja, solo durante el año anterior habrían quedado sin entregar alrededor de 1.120 paquetes, un volumen que representaría un valor superior a los 200 mil bolivianos sin que exista, hasta el momento, un respaldo documentado que explique el destino final de esos recursos o de los productos no distribuidos.
Frente a ese escenario, Baldivieso anunció que solicitará formalmente un informe detallado a las instancias correspondientes de la Gobernación, con el fin de esclarecer las causas por las que un número considerable de paquetes no llegó a sus beneficiarios, así como el procedimiento que se siguió —o que debería seguirse— con los saldos no ejecutados. El pedido busca además establecer si existieron observaciones de control interno o de la Contraloría respecto a ese remanente, y si se contempla algún mecanismo de reposición o compensación para las personas que quedaron sin recibir el beneficio.
La denuncia se produce en un contexto en el que las organizaciones de personas con discapacidad en distintos departamentos del país han elevado su nivel de exigencia frente a los gobiernos subnacionales y al nivel central, reclamando la actualización de los montos, la ampliación de la cobertura y mayor puntualidad en las entregas. En meses recientes, dirigentes del sector a nivel nacional también expusieron dificultades para acceder a productos básicos y medicamentos, en un escenario económico marcado por la inflación y por episodios de bloqueos que afectaron el abastecimiento en varias regiones.
Para los dirigentes consultados por el asambleísta, el antecedente de recortes previos —sumado ahora a la falta de socialización del POA 2027— genera desconfianza sobre la continuidad y el alcance real del paquete alimentario el próximo año, más allá del incremento general que registró el presupuesto departamental. Baldivieso remarcó que, si el techo presupuestario creció, no existe justificación técnica para que un programa dirigido a un sector históricamente vulnerable vuelva a ver reducidos sus recursos, y adelantó que insistirá en la fiscalización del tema en las próximas sesiones de la Asamblea Legislativa Departamental.