Ricardo Corine cuestionó al directorio de la asociación por la supuesta exclusión de una comerciante y pidió al alcalde una inspección para investigar la posible concentración de puestos en manos de un grupo familiar.
Redacción Central/El Periódico/22-08-2026.- Socios de la Asociación del Mercado El Dorado denunciaron presuntas irregularidades y actos de favoritismo en la administración de los puestos de venta del centro de abasto. Ricardo Corine, asociado gremial, señaló que el directorio habría excluido a una comerciante de su espacio de trabajo para beneficiar al hijo de la exconcejala Adriana Romero.
La denuncia generó preocupación entre los comerciantes, quienes solicitaron la intervención del alcalde y de las autoridades municipales para realizar una inspección y abrir una investigación sobre la asignación y administración de los puestos. Los asociados consideran necesario revisar la documentación relacionada con la titularidad de los espacios, los procedimientos internos y las decisiones adoptadas por el directorio.
Según la denuncia, una comerciante habría sido apartada del puesto que ocupaba para permitir el ingreso de un nuevo vendedor vinculado familiarmente con una exautoridad municipal. Los socios cuestionan que esta decisión no habría seguido un procedimiento transparente ni habría sido comunicada de manera adecuada a los miembros de la organización.
Corine sostuvo que el conflicto no se limitaría a un caso individual. De acuerdo con su versión, existiría una estructura de parentesco que concentraría varios espacios de trabajo dentro del mercado. Los comerciantes utilizan la expresión “clan familiar” para referirse a la presunta presencia de familiares en distintos puestos y áreas de decisión de la asociación.
Los denunciantes pidieron que las autoridades municipales verifiquen si los puestos fueron asignados conforme a las normas vigentes y a los acuerdos internos de la organización. También plantearon que se establezca si hubo transferencias, reasignaciones o autorizaciones realizadas sin conocimiento de la totalidad de los socios.
Otro de los aspectos observados corresponde a las supuestas amenazas de expulsión contra comerciantes que cuestionan las decisiones del directorio. Los asociados afirman que algunos miembros habrían recibido advertencias relacionadas con la pérdida de sus puestos o con su separación de la organización, en caso de continuar denunciando las presuntas irregularidades.
La situación provocó tensión entre los comerciantes, debido a que los puestos representan su principal fuente de ingresos. Para los afectados, cualquier decisión que implique la pérdida de un espacio de venta debe estar respaldada por una causa justificada, un procedimiento establecido y la posibilidad de presentar descargos.
Los socios también demandaron que el directorio informe sobre los criterios utilizados para distribuir los puestos y sobre la situación legal y administrativa de cada espacio. Consideran que la falta de información alimenta las sospechas de favoritismo y genera conflictos entre quienes trabajan en el mercado.
La intervención municipal solicitada tendría como objetivo verificar las condiciones de funcionamiento del centro de abasto, revisar la documentación de los puestos y recoger los testimonios de los comerciantes involucrados. Los denunciantes esperan que la inspección permita determinar si existieron decisiones arbitrarias o beneficios otorgados a personas vinculadas con autoridades políticas.
Corine pidió que la investigación alcance a todos los responsables de las decisiones cuestionadas y que no se limite a la situación de la comerciante presuntamente desplazada. A su criterio, también debe establecerse si existe una concentración irregular de espacios y si las amenazas de expulsión forman parte de una práctica destinada a impedir la fiscalización interna.
Los comerciantes señalaron que la administración de un mercado debe garantizar igualdad de condiciones para todos los asociados. En ese sentido, reclamaron que las decisiones sobre los puestos sean adoptadas con transparencia, mediante actas y procedimientos verificables, y que cualquier modificación sea comunicada oportunamente.
La denuncia también reavivó el debate sobre la supervisión municipal de los centros de abasto administrados por asociaciones gremiales. Aunque estas organizaciones cuentan con mecanismos internos de funcionamiento, los comerciantes consideran que el municipio debe intervenir cuando existen conflictos relacionados con el uso de espacios, la seguridad de los vendedores o el cumplimiento de las normas.
Hasta el momento, los denunciantes aguardan una respuesta formal del alcalde y de las autoridades municipales. Mientras tanto, solicitaron que no se ejecute ninguna medida de expulsión ni se modifique la asignación del puesto cuestionado hasta que concluya la revisión correspondiente.
El caso permanece en etapa de denuncia y las acusaciones deberán ser verificadas mediante una investigación. Los socios del Mercado El Dorado insisten en que la revisión debe ser imparcial y permitir establecer si hubo favoritismo, amenazas o concentración familiar de puestos dentro del centro de abasto.