En política, las omisiones también hablan. Y en Tarija, el silencio que rodea la promulgación de la llamada ley del 45% comienza a ser más elocuente que cualquier discurso. No por el contenido de la norma en sí —que ya ha generado suficiente debate entre regiones—, sino por la actitud de quienes, teniendo la obligación institucional de actuar, optan por la inacción.
El procedimiento es claro: ante la no promulgación por parte del Ejecutivo departamental, la responsabilidad recae en la presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental. No es una opción ni una facultad discrecional; es un mandato normativo. Sin embargo, cuando el calendario aprieta y el fin de gestión está a la vuelta de la esquina, todo indica que esa obligación está siendo eludida.
La figura de Damián Castillo, en este contexto, queda inevitablemente expuesta. No por lo que ha hecho, sino por lo que no ha hecho. La falta de una decisión firme frente a un tema que requiere claridad institucional proyecta una imagen de tibieza política que resulta preocupante. Más aún cuando se trata de una autoridad que, por su investidura, está llamada a garantizar el cumplimiento de los procedimientos democráticos, más allá de las conveniencias coyunturales.
Es difícil no interpretar esta dilación como un cálculo político. La resistencia de la región del Gran Chaco a la ley del 45% ha tensado el escenario, y en medio de esa disputa, la inacción parece convertirse en una estrategia para evitar costos. Pero gobernar —o legislar— no consiste en esquivar conflictos, sino en enfrentarlos con responsabilidad, incluso cuando las decisiones puedan resultar incómodas.
Lo que está en juego no es únicamente una norma, sino la credibilidad de las instituciones. Cuando las reglas dejan de aplicarse por conveniencia, se debilita el principio básico de legalidad que sostiene al sistema democrático. Y cuando una autoridad elige no ejercer una atribución que le corresponde, se instala un precedente peligroso: el de la discrecionalidad por encima del deber.
Tarija no necesita autoridades que administren los tiempos para evitar decisiones, sino líderes que asuman sus responsabilidades con seriedad, especialmente en momentos de tensión política. La ciudadanía no espera unanimidades, pero sí coherencia y respeto por las normas.
El final de una gestión no debería ser excusa para la parálisis. Por el contrario, es el momento en el que se pone a prueba el verdadero compromiso con la función pública.