Eduardo Claure
No, el título no tiene relación con la película de 1976, “Yo Claudio”, basada en la novela de Robert Graves y convertida en miniserie de la BBC gracias a la creación de Jack Pullman. No, aunque el drama que narra, la suerte de un tonto que llegó a ser importante emperador -Nerón incluido-, pudiese ser, más alusión que realidad con las elecciones de magistrados en los que está empeñado el gobierno, continuando con el procedimiento establecido en Bolivia realizándose vía elección popular desde la reforma propuesta por Evo Morales; siendo en el 2011, por primera vez que en Bolivia se eligió a los 28 integrantes titulares y 28 suplentes de los cuatro tribunales nacionales de justicia. Los candidatos de esas elecciones fueron 116 preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional de entre 600 postulantes iniciales. Aquel año, las campañas proselitistas estuvieron prohibidas y el TED intentó realizar una “campaña de presentación de candidatos”, repudiada por políticos y sociedad en su conjunto. El voto, antes, como ahora, es obligatorio, en aquella oportunidad tres de los tribunales tenían circunscripción nacional y el restante, departamental. Ha corrido mucha agua bajo el puente, y nuevamente este proceso de “elección” de Magistrados, muestra aberraciones en su reglamento por colisiones con la CPE y otras leyes, pero, el ejecutivo “necesita sí o sí” de este cuerpo de juristas afines, sean “elegidos” o, si el proceso se truncara, a “dedo”, por Decreto, para nombrar nuevos afines, o prolongar a los actuales. En este contexto, Magistrado es un término utilizado para referirse a ciertos funcionarios públicos del ámbito jurídico, procede de los tiempos de Grecia y Roma, donde los magistrados eran ciudadanos elegidos para encargarse de la dirección y administración de la ciudad. Practicaban funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Este término, actualmente se refiere a altos cargos públicos judiciales y administrativos. Su principal función es la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. En la actualidad, los magistrados son los encargados que integran los tribunales superiores de justicia y asumen “hasta las últimas consecuencias” los mandatos del ejecutivo. Existen una serie de disposiciones constitucionales en los países de la región sudamericana sobre requisitos para ser magistrado, siendo en su conjunto que el Poder Judicial se deposita en los Órganos que señalan la CPE y la Ley específica, donde rigen los principios de: excelencia, profesionalismo, independencia, honestidad, eficiencia, imparcialidad, legalidad y objetividad. Elementos que, si bien son mencionados en la actual convocatoria boliviana, son soslayados en su objetivo y, tal como estos meses se difunde por los medios nacionales y electrónicos, la repulsa general se manifiesta en voz de la sociedad boliviana que reclama se cumpla lo establecido en la LEY 025 Ley del Órgano Judicial, que señala taxativamente: “Artículo 3. (PRINCIPIOS). Los principios que sustentan el Órgano Judicial son: 2. Independencia. Significa que la función judicial no está sometida a ningún otro órgano de poder público. 3. Imparcialidad. Implica que las autoridades jurisdiccionales se deben a la Constitución, a las leyes y a los asuntos que sean de su conocimiento, se resolverán sin interferencia de ninguna naturaleza; sin prejuicio, discriminación o trato diferenciado que los separe de su objetividad y sentido de justicia. 6. Idoneidad. La capacidad y experiencia, son la base para el ejercicio de la función judicial. Su desempeño se rige por los principios ético-morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado Plurinacional. 12. Respeto a los Derechos. Es la base de la administración de justicia, que se concreta en el respeto al ejercicio de derechos del pueblo boliviano, basados en principios ético-morales propios de la sociedad plural que promueve el Estado Plurinacional y los valores que sustenta éste”. Además de cumplirse lo establecido en la CPE, “Artículo 184 I. Las Magistradas y los Magistrados, Vocales y Jueces no podrán ser reelegidas ni reelegidos, ni designados consecutivamente.” Sin embargo, varios de los postulantes, antes y hoy, según controversias hechas públicas, incumplen con estas exigencias que debieran ser duras, rígidas e inflexibles, para tener Magistrados probos, lo que no sucede actualmente, pues todos ellos son correas del mismo cuero. A lo largo de nuestra historia, ante las sucesivas modificadas constitucionales sucedidas, nunca se pudo prever que un partido, de forma irresponsable, pretendiera atrincherarse en los órganos constitucionales fuera de su mandato democrático, y que para ello contara también con la “reciprocidad” de jueces y magistrados, que han retorcido el derecho hasta límites nunca antes vistos. En voz popular a esta figura, se le llama “ser juez y parte”, porque las decisiones que se dispondrán a tomar, les atañe directa y personalmente, porque afectan a ellos mismos, por cuanto, cuando asuman una decisión, no es que habrán perdido su “apariencia de imparcialidad” entre dos partes, sino que son e integran una de las partes en esta cuestión: la parte que forma el partido/Estado/gobierno, es decir: el acusador, el querellante, el que debe beneficiarse con los fallos, las resoluciones, y así “forrar” al gobernante contra interposiciones que realizan los afectados presos políticos, además de blindarse contra investigaciones y denuncias como por ejemplo el falso contrato de software panameño para la Gestora, que además, nunca fue entregado y cuyo contrato de largo plazo asciende a más de 70 MM de $us., asunto que desde hace años está pendiente y ante lo cual la oposición ni siquiera mira por el rabillo del ojo, a pesar que este proceso fue iniciado y efectivizado cuando el actual presidente era ministro de economía. Los magistrados amurallan al presidente o es también la oposición coadjutora.? Históricamente, cuando se quiere acceder al puesto más alto de una administración, con responsabilidades políticas inherentes al cargo, se tendría que cumplir un determinado recorrido, con una jerarquización estricta, que obliga a comenzar desde abajo en cargos de escaso relieve y sucesivos, si se quería llegar a desempeñar el más alto cometido. Sin embargo, en la actualidad, se accede a los distintos puestos de carácter político sin tener que acreditar un cursus honorum tipificado, pudiendo llegar a lo más alto sin demostrar la cualificación necesaria para el desempeño de tal función, cuando debiera ponerse de relieve la experiencia adquirida en las distintas magistraturas desempeñadas anteriormente, en las que habrían adquirido las competencias y habilidades necesarias para llegar al más alto nivel, demostrando que su recorrido es sin tacha, y mejor con triunfos y honores en su haber, demostrando que el orden jerárquico establecido para asumir estos cargos es una medida acertada, en tanto no es una casa de juegos con mesas de póker y cartas marcadas, lamentablemente, muchos aspirantes, así lo piensan y, juegan a lo seguro; así, la falta de un procedimiento transparente y eficiente para el nombramiento de magistrados limita la independencia judicial, pues quien ejerce el Poder Ejecutivo, tiene el control sobre el Legislativo y el Judicial, haciendo intocable al poder político en función de gobierno y a estos magistrados, colateralmente, pues de como ellos decidan judicialmente, la oposición estará con un pie en el patíbulo, tal el caso de las sanciones a miembros de la RJC, Pumari, Añez, Camacho, César Apaza y otros, solo como ejemplo, sin mencionar las decenas de casos de fechorías y delitos cometidos en el pasado reciente por el gobierno/Estado/partido: ABC, FONDIOC, CAMCE, Fraude monumental, 21F, J. M. Bacovic, Cristhian Urresti, etc., que deben aún estar tapados por el manto de la impunidad y, los nuevos casos ante las denuncias del ex ministro Romero que viene destapando hechos como los lanzados contra Linera y, pensando en lo que podría denunciar -quizá- Quintana y otros, pues ya Evo, hizo su parte, a su estilo; por todo esto, ante los ataques presentes y futuros, debe tener un “blindaje magistral” bajo tutela de su Corte de Magistrados y Séquito de Jueces. El sistema de administración de justicia, así como la clase política y otras instituciones del Estado, están siendo fuertemente cuestionados por la ciudadanía, en razón a qué, problemas como la mora judicial, la corrupción, la impunidad, narcotráfico, violaciones a los derechos humanos, la persecución judicial, la inseguridad ciudadana, la violencia y el manejo doloso de la economía -RIN-, son algunos de los factores que han puesto en entredicho a los operadores de justicia y al sistema político mismo, donde todos señalan al gobierno/Estado/partido, en tanto la preselección se basa solamente en el cumplimiento de ciertos requisitos básicos por parte de los postulantes, siendo que, en el caso que todos cumplan con éstos, todos los postulantes estarían habilitados; en consecuencia, la preselección se convierte en algo nada más que una simple revisión de requisitos y su cumplimiento, convirtiéndose en una selección basada en criterios establecidos por la ALP y la Comisión, para la complacencia e impunidad del ejecutivo. Al respecto, los magistrados no están para gobernar, pero sus sentencias son actos de gobierno y este es político partidario. Muchos magistrados, jueces y fiscales, provienen de la política. Esa participación partidaria o política -aunque no sea militante registrado, si es activista- no puede determinar la actuación judicial una vez tome posesión. Ahora bien, el pensamiento político ideológico puede influir, porque tiene que ver con una visión de la sociedad y su sistema de poder, pero la cuestión de la independencia se funda en la credibilidad que la sociedad tiene de ellos, y se asienta en cada magistrado, que, en este caso, pone su cabeza y conciencia a las presiones que caerán sobre ellos: cada uno tiene su “Espada de Damocles”. A pesar de este contexto, los magistrados debieran pensar qué, no están para ganar concursos de popularidad, están para ser independientes, imparciales, solventes e idóneos: ¿habrá postulantes así…? Sin duda que sí, pero no postulan para no corromper su carrera idónea y perder su dignidad
