En un giro significativo en la política ecuatoriana, Verónica Abad, quien fue elegida como vicepresidenta en las últimas elecciones, anunció su intención de asumir la presidencia del país a partir del día siguiente. Esta decisión surge en un contexto en el que el actual presidente, Daniel Noboa, está a punto de iniciar su campaña electoral para buscar la reelección en las elecciones programadas para febrero próximo. La situación se complica con la necesidad de Noboa de solicitar una licencia para llevar a cabo su campaña, lo que ha generado un vacío administrativo que Abad busca llenar.
La designación de Abad como consejera en la Embajada de Ecuador en Turquía, realizada por Noboa en diciembre, había suscitado cierta controversia. Ella debía haber asumido su nuevo rol el 27 de septiembre, pero su ausencia llevó al Ejecutivo a clasificar su situación como una «ausencia temporal». En consecuencia, el gobierno nombró a Sariha Moya, secretaria de Planificación, como vicepresidenta temporal. Esta decisión fue cuestionada por Abad, quien presentó una acción ante la Corte Constitucional, argumentando que las únicas causales de ausencia están claramente definidas en la Constitución. Su actuación legal subraya la complejidad y las tensiones en la actual estructura de poder.
En un mensaje difundido a través de redes sociales, Abad anunció que tomará el mando del Estado «por mandato expreso de la ley», insistiendo en que su asunción es una función propia y constitucional. Este anuncio ha generado diversas reacciones en la esfera política y entre la ciudadanía. Afirmó la importancia de recibir el apoyo de todas las instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas y la población, para garantizar una transición ordenada y efectiva en la administración pública. Además, enfatizó en la necesidad de una gestión que respete los derechos, libertades y garantías que establece la Constitución, prometiendo un periodo de estabilidad y paz.
El tono de Abad en su mensaje fue firme al declarar que no habrá lugar para ataques a la dignidad de los ciudadanos ni persecuciones por ideologías diferentes. También garantizó que no se incrementarían impuestos ni se modificarían los precios de los combustibles. Su discurso estuvo marcado por un llamado a la responsabilidad y la imparcialidad en el uso de los recursos públicos, prometiendo que su administración se dedicará a preservar la integridad del Estado y a actuar con total transparencia.
Un aspecto crucial de su mensaje fue la convocatoria a las Fuerzas Armadas, recordando su papel fundamental en la protección de los derechos ciudadanos y en el respeto al orden constitucional. Abad subrayó la importancia de no dejar vacío de poder en ningún momento, lo que refleja su determinación de establecer un gobierno que funcione sin interrupciones, en momentos en que el país se prepara para un importante proceso electoral.
Además, hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar la transparencia en el proceso electoral que se avecina, instando a impedir cualquier intento de manipulación que pueda comprometer la integridad de las elecciones. Enfatizó que la voluntad del pueblo es sagrada y debe ser respetada, recordando que la candidatura de Noboa está firmemente en pie.
La situación se complica por el debate sobre si es obligatorio que Noboa solicite licencia para participar en la campaña electoral. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, ha indicado que no existe una norma que obligue al presidente a hacerlo, dado que Noboa no está en periodo de reelección sino que completa el mandato de Guillermo Lasso. Esta interpretación legal podría permitir a Noboa continuar en el cargo mientras se prepara para la campaña, aunque la decisión final recaerá sobre él.
La situación en Ecuador está marcada por una atmósfera de incertidumbre y expectativa. Abad busca consolidar su autoridad y establecer un gobierno que responda a las necesidades del país, mientras que la población observa de cerca los desarrollos políticos en un contexto de creciente polarización y retos sociales. Este momento es crucial para Ecuador, que se enfrenta a la dualidad de un proceso electoral inminente y a la necesidad de estabilidad política y social. En este sentido, la comunidad internacional también está atenta, con un interés particular en asegurar que los principios democráticos sean respetados en el país andino.