Bolivia atraviesa una de las crisis económicas más complejas de las últimas décadas. La caída de los ingresos por hidrocarburos, el agotamiento de las reservas internacionales, el desabastecimiento de divisas y el encarecimiento del costo de vida son síntomas de un modelo que muestra señales de agotamiento. En este contexto, el próximo gobierno, más allá de su signo político, no podrá darse el lujo de gobernar aislado ni de repetir la lógica de la confrontación permanente que ha marcado los últimos años.
La urgencia del momento exige construir escenarios de unidad. Esto no significa uniformidad ni ausencia de debate, sino la capacidad de encontrar puntos comunes que permitan avanzar en un objetivo superior: salvar la economía y devolverle estabilidad al país. Para ello será imprescindible tender puentes entre las fuerzas políticas, los sectores productivos, los trabajadores, los empresarios y la sociedad civil.
La experiencia regional demuestra que los gobiernos que enfrentan crisis profundas sin el respaldo de consensos mínimos terminan debilitados y con soluciones parciales que no alcanzan a revertir la situación. En cambio, cuando se logra un pacto amplio, se sientan bases más sólidas para la recuperación, incluso si las medidas son duras y requieren sacrificios compartidos.
El próximo presidente tendrá la responsabilidad histórica de convocar a ese pacto de unidad. Pero también recaerá en la oposición y en los sectores sociales la obligación de responder con altura de miras, dejando de lado el cálculo mezquino y comprendiendo que la crisis no distingue entre colores políticos ni fronteras ideológicas. La ciudadanía, cansada de la confrontación estéril, espera soluciones.