La comunidad de inteligencia en este gobierno realiza una campaña para demostrar que el expresidente y sus colaboradores trataron de vincular erróneamente a Trump con los intentos rusos de influencia electoral de 2016.
Así es como Washington pensó que sería el ajuste de cuentas.
Cuando el presidente Donald Trump inició su segundo mandato, existía un profundo temor entre funcionarios y exfuncionarios del Departamento de Justicia, expertos jurídicos y líderes demócratas de que Trump cumpliera sus reiteradas promesas de “encerrar” o presentar cargos contra figuras de alto perfil como Liz Cheney, James B. Comey y el expresidente Barack Obama.
Trump no tardó en perseguir a sus enemigos, pero no siempre a los previstos y a menudo no de las formas previstas.
Mostrando su voluntad de utilizar el gobierno federal como arma de una forma tan novedosa como audaz, se enfrentó a una amplia variedad de personas e instituciones —desde bufetes de abogados y universidades hasta periodistas y burócratas federales— que, en su opinión, lo habían traicionado, no se habían alineado o encarnaban valores ideológicos que él rechazaba.
Pero el martes, Trump volvió a las andadas, retomando —en una diatriba agresiva y sin filtro— sus quejas contra Obama, figuras destacadas de gobiernos anteriores y otras personas a las que asoció con lo que considera una larga campaña de persecución que se remonta a las elecciones de 2016.
Tratando de cambiar de tema en un momento en que se encuentra bajo presión política bipartidista por su falta de voluntad de hacer más para publicar los archivos de la investigación sobre Jeffrey Epstein, dijo que había llegado el momento de que sus predecesores enfrentaran cargos penales.
“Es culpable”, dijo refiriéndose a Obama. “Esto fue traición. Esto fue todo lo que se te ocurra”.
Pero si su lista de enemigos no era nueva, su capacidad para buscar un castigo parece estar ampliándose.
En repetidas ocasiones durante su primer mandato, Trump acusó de traición a sus supuestos enemigos e intentó presionar al FBI y al Departamento de Justicia para que los imputaran. Dijo a su jefe de gabinete que quería “poner en manos del Servicio de Impuestos Internos” a quien lo traicionara.
Muchos de ellos fueron investigados, y dos de ellos fueron objeto de auditorías sumamente inusuales e invasivas, pero ninguno fue acusado nunca.
La diferencia ahora es que Trump, mucho más que durante su primer mandato, está rodeado de colaboradores y miembros del gabinete que a menudo parecen dispuestos a seguir sus impulsos más airados y autoritarios.
El Departamento de Justicia, cuya cúpula está poblada de leales, incluidos dos de sus propios abogados, ha mostrado su disposición para ejecutar la agenda personal de Trump. El departamento ha destituido a fiscales implicados no solo en las causas penales abiertas en su contra hace dos años por un fiscal especial, sino también a quienes persiguieron a los alborotadores del 6 de enero. El departamento también abandonó una acusación contra el alcalde de Nueva York después de que aceptara ayudar a Trump en temas de inmigración. Y el gobierno también persiguió a funcionarios de primer mandato que se convirtieron en críticos públicos de Trump, como Miles Taylor y Chris Krebs.
Pero ahora los esfuerzos por perseguir a altos funcionarios de gobiernos anteriores parecen estar cobrando impulso.
La comunidad de inteligencia bajo el mandato de Trump está inmersa en una campaña para demostrar que Obama y sus colaboradores trataron de vincularlo erróneamente con los esfuerzos rusos para influir en las elecciones de 2016 a favor de Trump, y que algunos de los funcionarios de Obama y quizá el propio Obama deberían ser considerados penalmente responsables.
John Ratcliffe, director de la CIA, llevó a cabo una revisión que fue profundamente crítica con el gobierno de Obama y con el exdirector de la CIA John Brennan. Ratcliffe escribió en las redes sociales que la revisión había demostrado que el proceso era corrupto y, a continuación, remitió una denuncia penal al FBI.
La directora de Inteligencia Nacional de Trump, Tulsi Gabbard, publicó otro informe la semana pasada que incluía documentos que, según ella, demostraban que hubo una “conspiración traicionera” en 2016 por parte del gobierno de Obama para perjudicar a Trump. El miércoles, Gabbard publicó más material: un informe de 2017 del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que discrepaba con elementos de la evaluación del gobierno de Obama. Esas conclusiones de la Cámara estaban en desacuerdo con una serie de informes bipartidistas del Senado que posteriormente confirmaron el trabajo de la CIA y de otras agencias de inteligencia.
Hasta ahora, los informes del gobierno de Trump han aportado pocas pruebas, o ninguna, de irregularidades por parte de Obama o sus colaboradores, pero Trump publicó el domingo un video falso de Obama siendo detenido por agentes del FBI en el Despacho Oval.
Aún no está claro si incluso un Departamento de Justicia afín estará dispuesto a abrir investigaciones penales contra Obama u otros destacados demócratas y críticos de Trump, o si podrá encontrar motivos para hacerlo. Incluso si los fiscales presentaran cargos, los procesamientos podrían ser difíciles. Obama, al igual que Trump, goza presumiblemente de inmunidad judicial por cualquier acto oficial durante su mandato, en virtud de la histórica sentencia de inmunidad presidencial dictada por la Corte Suprema el año pasado.
Pero Trump parece decidido a utilizar al gobierno federal para someter a sus enemigos al mismo tipo de escrutinio que él ha sufrido.
Enfurecido por lo que ha tratado de caracterizar como investigaciones y procesos judiciales de “caza de brujas” en su contra, que comenzaron con la investigación de las elecciones de 2016 y se transformaron en la investigación de obstrucción a la justicia, ha dictado órdenes ejecutivas paralizantes contra bufetes de abogados que tenían conexiones, aunque fueran fugaces, con esos episodios. Ese proceso ha presionado a muchos de los bufetes para que destinen casi mil millones de dólares en trabajo legal gratuito a causas que él favorece.
Calificando a las universidades como caldo de cultivo del antisemitismo y de un tipo de liberalismo woke que, en su opinión, se ha opuesto a él y lo ha denigrado en todo momento, su gobierno dio un escarmiento a Harvard, utilizando un enfoque amplio de todo el aparato gubernamental para exigir cambios importantes. Sometió a Harvard a importantes recortes en su financiación de la investigación, intentó retirar los visados a sus estudiantes internacionales e inició una serie de investigaciones invasivas y onerosas sobre la institución.
Harvard negocia ahora un acuerdo con la Casa Blanca, pero el gobierno ha mantenido la presión sobre la institución al anunciar una nueva investigación el miércoles.
Se ensañó con lo que consideraba focos de resistencia del “Estado profundo” dentro de su propio gobierno.
Ha intentado acobardar a los medios de comunicación, excluyendo a The Associated Press del grupo de prensa de la Casa Blanca, extrayendo cuantiosos acuerdos económicos de los propietarios de ABC y CBS en disputas sobre su cobertura y presentando una demanda contra The Wall Street Journal por su información sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.
Pero, como reconocen sus propios partidarios, nada de eso es tan importante como meter entre rejas a uno de sus supuestos enemigos.
The New YorkTimes