WASHINGTON.- “Estados Unidos ha sido invadido por criminales y depredadores. Te necesitamos para sacarlos. El país te necesita”. El anuncio con la imagen del Tío Sam del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una de las agencias federales más empoderadas en la segunda administración de Donald Trump, para reclutar hasta 10.000 nuevos agentes a sus filas generó un boom inusitado en solo un mes.
Atraídos por un generoso bono inicial de hasta 50.0000 dólares, opciones para pagar o condonar préstamos estudiantiles y otros beneficios, más de 120.000 personas aplicaron en el sitio web del ICE para sumarse a la amplia ofensiva de la Casa Blanca contra los migrantes ilegales, una bandera de campaña de Trump que sigue a toda marcha y promete acelerarse en los próximos meses.
El ICE, con una monumental inyección de fondos y más flexibilidad para sus redadas, registró unas 200.000 deportaciones desde que Trump asumió el cargo, el 20 de enero, y se encamina en 2025 a superar cifras que no se veían desde hacía una década en Estados Unidos; los vuelos de repatriación de compañías privadas a diversos países, sobre todo de América Latina, están en pleno auge; el plan de autodeportaciones recibió un fuerte impulso, y la capacidad del sistema de detención de inmigrantes fue ampliada con el objetivo de acelerar las expulsiones.
El combo entusiasma a la administración republicana, aunque las cifras de deportaciones totales para este año –ya hubo 350.000 entre todas las agencias federales, sumadas a las auto-expulsiones, según estimaciones de expertos- aún quedarían lejos del objetivo que se trazó la Casa Blanca para este año: un millón de expulsados de Estados Unidos, a un ritmo de 3000 por día.
“Esto no implica que no lo lograrán en el segundo o tercer año de gestión, teniendo en cuenta que la ley presupuestaria promulgada por Trump incluye un aumento de 76.000 millones de dólares para el ICE [durante los próximos cuatro años] con el objetivo de aumentar su capacidad de reclutar agentes, comprar aviones, expandir los centros de detenciones y poder dar fondos a otros países para que ayuden en las deportaciones”, señaló a LA NACION Ariel Ruiz Soto, experto del Migration Policy Institute (MPI). “Todo eso puede cambiar el sistema completamente”, añadió.