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TRATA DE PERSONAS… UNA DEUDA URGENTE DEL ESTADO

Tarija, por su condición fronteriza con Argentina y su conexión con rutas internacionales, requiere una estrategia efectiva para impedir que el departamento se convierta en un corredor de captación, tránsito y explotación de personas.La trata y el tráfico de personas constituyen algunos de los delitos más crueles y preocupantes de nuestro tiempo. Detrás de estas redes criminales existen historias de engaño, explotación laboral, violencia sexual, desapariciones y familias que viven con la incertidumbre de no conocer el paradero de sus seres queridos. Frente a esta realidad, Bolivia y particularmente Tarija no pueden seguir respondiendo con acciones aisladas ni medidas circunstanciales.La condición fronteriza de Tarija con Argentina representa una oportunidad para el intercambio comercial, la integración y el desarrollo, pero también supone una vulnerabilidad que las organizaciones criminales pueden aprovechar. Bermejo, Yacuiba y los diferentes pasos fronterizos requieren controles permanentes, coordinación institucional y mecanismos de vigilancia capaces de detectar el movimiento de personas en condiciones sospechosas. Desde estos puntos, las redes delictivas pueden facilitar el traslado de víctimas hacia otros destinos nacionales e internacionales.El problema no se resuelve únicamente reforzando los controles migratorios o desplegando efectivos policiales. Se necesita una política integral que involucre a la Policía, Fiscalía, autoridades migratorias, gobiernos subnacionales y organismos de protección de la niñez y adolescencia. También es indispensable fortalecer la cooperación con Argentina y otros países para identificar redes, compartir información y perseguir a quienes se benefician de estos delitos.La prevención debe ocupar un lugar central. Muchas víctimas son captadas mediante falsas ofertas laborales, promesas de mejores oportunidades o engaños difundidos por redes sociales. La información a la población, la protección de personas vulnerables y la atención oportuna a las denuncias pueden evitar que más ciudadanos caigan en estas organizaciones.El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y proteger la dignidad humana. No basta con anunciar operativos después de cada hecho ni presentar resultados circunstanciales. Se necesita investigación, inteligencia, justicia y presencia institucional sostenida en las zonas de frontera.Tarija no puede resignarse a convivir con estas amenazas ni permitir que su ubicación geográfica sea aprovechada por las mafias. Combatir la trata y el tráfico de personas debe convertirse en una prioridad nacional.

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