Luis Caso cuestionó la aplicación de la norma y sostuvo que las medidas adoptadas no habrían contribuido a resolver la crisis de combustibles, mientras el sector observa un incremento del contrabando y mayores dificultades para el transporte.
Redacción Central/El Periodico/29-08-2026.- El ejecutivo del Transporte Libre de Tarija, Luis Caso, ratificó la posición de su sector respecto a la necesidad de abrogar el Decreto 5676 y cuestionó los resultados que, según afirmó, se habrían generado desde su aplicación. El dirigente señaló que la normativa no habría cumplido con el objetivo esperado y, por el contrario, habría contribuido a profundizar las dificultades que enfrenta el transporte.
Caso vinculó los efectos de la disposición con la situación del abastecimiento de combustibles y manifestó su preocupación por las condiciones en las que los transportistas deben desarrollar sus actividades. Desde su perspectiva, las medidas implementadas mediante el decreto no habrían permitido alcanzar una solución efectiva a los problemas existentes.
El dirigente sostuvo que una de las consecuencias que atribuye a la aplicación de la norma es el favorecimiento de actividades relacionadas con el contrabando de combustible. Esta situación, de acuerdo con su planteamiento, estaría generando mayores dificultades para garantizar el abastecimiento destinado al mercado interno y afectaría de manera directa a quienes dependen de la disponibilidad de carburantes para prestar el servicio de transporte.
La posición del Transporte Libre se mantiene en torno a la abrogación del Decreto 5676, al considerar que las disposiciones establecidas no estarían respondiendo a las condiciones actuales del sector. Caso señaló que, desde la aplicación de la normativa, las dificultades no habrían disminuido y que la crisis se habría tornado más compleja para los transportistas.
El dirigente también observó que las medidas vinculadas con la comercialización y distribución de combustibles deben ser evaluadas considerando sus efectos sobre las actividades económicas que dependen de manera permanente de la gasolina y el diésel. Para el transporte público y privado, cualquier dificultad en el suministro puede repercutir en los costos de operación, la frecuencia de los servicios y los ingresos de los conductores y propietarios.
En ese contexto, Caso sostuvo que la normativa debería ser revisada y que corresponde considerar alternativas que permitan atender las dificultades relacionadas con el abastecimiento. La demanda de su organización se mantiene en la eliminación de la disposición, como parte de una posición que busca modificar las medidas actualmente vigentes.
El ejecutivo del Transporte Libre también cuestionó que, pese a la aplicación del decreto, persistan problemas relacionados con la disponibilidad de carburantes. A su criterio, la situación evidencia que las disposiciones adoptadas no habrían logrado alcanzar el propósito planteado y requerirían una evaluación por parte de las autoridades nacionales.
Uno de los principales puntos de preocupación para el sector está relacionado con la diferencia entre la demanda interna de combustible y la disponibilidad efectiva para los usuarios. Los transportistas sostienen que cualquier desvío de carburantes hacia actividades ilegales termina afectando a quienes requieren el producto para desarrollar actividades formalmente establecidas.
La denuncia sobre un posible favorecimiento al contrabando, sin embargo, deberá ser respaldada por las investigaciones y controles correspondientes para establecer responsabilidades y determinar el alcance de este fenómeno. En tanto, el sector transporte plantea que las autoridades adopten medidas que permitan garantizar el suministro regular y reducir los factores que generan dificultades en la provisión.
Caso señaló que el transporte continuará realizando seguimiento a la situación y mantendrá su demanda de abrogación del Decreto 5676. El planteamiento forma parte de las observaciones que el sector viene realizando respecto a las políticas aplicadas para enfrentar la crisis de combustibles.
La posición del Transporte Libre de Tarija abre nuevamente el debate sobre la efectividad de las medidas implementadas y sobre la necesidad de encontrar mecanismos que permitan garantizar el abastecimiento, controlar el desvío ilegal de carburantes y reducir el impacto económico que la escasez o irregularidad en la provisión puede generar sobre el transporte.
Mientras el sector espera una respuesta de las autoridades, la discusión se concentra en los resultados de la normativa y en la posibilidad de modificar o dejar sin efecto las disposiciones cuestionadas. Caso ratificó que, desde la perspectiva de los transportistas, el Decreto 5676 no habría contribuido a superar la crisis y que su continuidad debería ser revisada.