Las recientes protestas en la ciudad de Tarija, protagonizadas por vecinos indignados y víctimas de la creciente ola de robos de vehículos y autopartes, son mucho más que una simple muestra de molestia: son un grito colectivo de auxilio. La población ha dicho “basta” a la impunidad, a la inacción de las autoridades y a la sensación de vulnerabilidad que se extiende como sombra en cada barrio.
Durante las últimas semanas, la inseguridad ha tocado puertas en todos los rincones de la ciudad. Ya no se trata únicamente de vehículos de alto valor; se roban desde motocicletas hasta radios y espejos retrovisores, en plena luz del día o bajo la oscuridad, sin que los responsables sean identificados ni sancionados. La ciudadanía vive con miedo. Miedo a dejar su vehículo en la calle. Miedo a que las cámaras de seguridad sean inútiles. Miedo a que la Policía llegue tarde o simplemente no llegue.
Por eso, las movilizaciones son legítimas. Y son necesarias. No se puede construir una ciudad segura sin presión social, sin exigir rendición de cuentas, sin despertar a quienes tienen el deber constitucional de proteger a la población. Las protestas son un llamado urgente a fortalecer el patrullaje, a implementar tecnología eficiente para el rastreo de vehículos robados, a depurar a malos elementos dentro de la Policía, y sobre todo, a terminar con la pasividad del aparato judicial que deja libres a delincuentes reincidentes.
Tarija no debe normalizar el robo ni resignarse a la delincuencia. El tejido social aún tiene la capacidad de reaccionar, de organizarse y exigir cambios. Las autoridades municipales, departamentales y nacionales tienen ahora la responsabilidad de actuar con firmeza y decisión, no con discursos vacíos o promesas de corto aliento. La seguridad ciudadana no puede ser un privilegio para unos pocos: es un derecho que debe garantizarse para todos.