El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha dirigido un llamado a los 19 magistrados de las altas cortes del país, recientemente elegidos en los comicios judiciales de diciembre, instándolos a desempeñar sus funciones con imparcialidad y ética. Durante un acto celebrado en la casa de Gobierno en La Paz, Arce tomó juramento a los nuevos jueces de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Constitucional Plurinacional (TCP), Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura.
En su discurso, el mandatario boliviano expresó su confianza en que estos nuevos jueces serán partícipes del tan anhelado cambio en el sistema de justicia del país. Arce reconoció la importancia de resolver diversos desafíos existentes en la justicia boliviana, como la transparencia, la independencia y la prontitud en la resolución de casos, así como la protección de los derechos del pueblo.
Asimismo, el presidente Arce destacó la alta participación ciudadana en los comicios, donde se emitieron un total de 6.029.704 votos, siendo el 64,29 % de ellos válidos. Estos números representan un hito en la historia electoral boliviana, según resaltó Arce. Además, mencionó que a pesar de las dificultades previas en el proceso de preselección de candidatos y las acciones constitucionales en contra, la organización y desarrollo de los comicios fueron exitosos.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó las credenciales a los 19 magistrados titulares, compuestos por diez hombres y nueve mujeres, junto con sus respectivos suplentes. En este sentido, se hizo hincapié en la necesidad de que los jueces apliquen la justicia de manera equitativa y sin presiones externas.
Es importante recordar que esta elección judicial es la tercera de su tipo en Bolivia, luego de procesos anteriores marcados por altas cifras de votos blancos y nulos, en señal de rechazo a lo que se consideraba una manipulación por parte del Movimiento al Socialismo (MAS), partido oficialista.
Ante la ampliación del mandato de los jueces elegidos en 2017, que originalmente debería haber finalizado a principios del año pasado, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, hizo un llamado a reforzar la institucionalidad en el sistema de justicia y a respetar los derechos políticos de los ciudadanos. Callisaya enfatizó la necesidad de corregir cualquier desvió de poder que pueda debilitar la democracia boliviana.
En medio de estos acontecimientos, surgió una denuncia durante la mañana sobre la supuesta negativa por parte del Gobierno de Bolivia para posesionar a los magistrados suplentes, lo que podría generar controversia en el proceso de renovación judicial en el país.