La democracia no se sostiene únicamente en la voluntad popular expresada en las urnas; se fortalece —o se debilita— en el marco normativo que rige el proceso electoral. En Bolivia, ese andamiaje jurídico muestra grietas cada vez más evidentes.
La normativa electoral vigente adolece de vacíos, ambigüedades y márgenes excesivos de interpretación que hoy ponen en riesgo la certeza del proceso, la igualdad de condiciones entre actores políticos y, en última instancia, la confianza ciudadana en el sistema democrático.
Una de las falencias más críticas es la posibilidad permanente de interponer demandas, impugnaciones e inhabilitaciones contra candidatos o partidos en prácticamente cualquier etapa del calendario electoral. Lejos de ser una garantía de legalidad, esta apertura indiscriminada se ha convertido en un factor de incertidumbre.
Las reglas del juego cambian sobre la marcha; las candidaturas quedan en suspenso; las campañas se desarrollan bajo la sombra de decisiones administrativas o judiciales imprevisibles.
El resultado es un clima de duda que erosiona la legitimidad del proceso incluso antes de que se emita el primer voto.Esta situación no solo afecta a los actores políticos, sino también al órgano electoral y a la ciudadanía.
El Tribunal Supremo Electoral queda expuesto a presiones constantes y a interpretaciones contradictorias de normas imprecisas, mientras el electorado asiste, desconcertado, a un proceso que parece más una disputa jurídica que una contienda democrática.
La democracia pierde cuando la ley se vuelve un campo minado y no un terreno claro y previsible.Reformar la normativa electoral no significa relajar controles ni tolerar ilegalidades; significa dotar al sistema de reglas claras, plazos perentorios y criterios objetivos.
Significa cerrar los vacíos que hoy permiten el uso estratégico de demandas para desestabilizar, excluir o desgastar a adversarios. Significa, en suma, garantizar seguridad jurídica y equidad, principios consagrados en la Constitución Política del Estado, pero aún insuficientemente reflejados en la legislación electoral.La urgencia es evidente. Cada proceso electoral celebrado bajo normas ambiguas profundiza el escepticismo y debilita el pacto democrático. Postergar la reforma es aceptar que la incertidumbre sea la regla y no la excepción.