En un contexto marcado por la incertidumbre política y económica, la Central Obrera Regional (COR) y la Federación de Gremiales de El Alto han emitido un contundente rechazo a las convocatorias a movilizaciones anunciadas por exdirigentes que, según ellos, buscan desestabilizar al actual gobierno. Las declaraciones se produjeron después de que Antonio Siñani y Jesús Cahuana, figuras asociadas a movimientos sociales del pasado, propusieran una serie de protestas a partir del 13 de enero en respuesta a un artículo del Presupuesto General del Estado (PGE) que regula la lucha contra la acumulación ilegal de alimentos.
El secretario ejecutivo de la Federación de Gremiales de El Alto, Rodolfo Mancilla, instó a la ciudadanía a mantenerse alerta y no dejarse engañar por estos líderes que, según él, carecen de legitimidad y fundamento legal. Mancilla enfatizó que tanto Siñani como Cahuana parecen estar aprovechando la actual coyuntura política no para representar los intereses de la población, sino para atender ambiciones personales que podrían comprometer la estabilidad social y política de la región.
Un punto central de la controversia es la disposición séptima del PGE, que otorga a las instituciones pertinentes la facultad de realizar controles y confiscar productos a quienes se dediquen a prácticas ilegales como el almacenamiento y la especulación con alimentos. Este aspecto ha cobrado relevancia, especialmente tras reportes de agio y especulación alimentaria al cierre del año 2024, que generaron un ambiente de desconfianza entre los consumidores y los comerciantes.
Marcelo Mayta, secretario ejecutivo de la COR, también expresó su preocupación y advirtió sobre las intenciones ocultas de los exdirigentes. Subrayó que no hay base social que respalde los llamados a la movilización, argumentando que estos líderes solo buscan aprovechar una situación complicada para hacer valer sus propias agendas. En su opinión, la población debe ser cautelosa frente a estos llamados a la protesta y no dejarse manipular por quienes no tienen un compromiso genuino con el bienestar ciudadano.
Además, los representantes gremiales manifestaron su intención de mantener un diálogo abierto con el gobierno nacional para abordar las preocupaciones sobre la disposición impugnada y sus implicaciones en el sector. Mancilla destacó la importancia de las mesas de diálogo que se están estableciendo, donde se busca aclarar las inquietudes planteadas por los gremiales respecto a la implementación de la normativa y cómo ésta podría afectar su actividad económica. «Nosotros, como confederación de gremiales, somos de la cultura del diálogo y por eso estamos coordinando con autoridades, incluso parte del gabinete especial de los movimientos sociales del país», comentó, asegurando que su organización no participará en las manifestaciones propuestas.
La dinámica de este conflicto resalta un momento crítico en la relación entre el gobierno, los gremios y la población en general. En un entorno donde los recursos y la disponibilidad de alimentos son vitales para la estabilidad social, cualquier movimiento que amenace con desestabilizar esta frágil balanza puede tener severas consecuencias. Así, la preocupación por la especulación y el agio no solo es una cuestión económica, sino también social, y los líderes gremiales están llamados a jugar un papel fundamental en la mediación y resolución de estos conflictos, frente a una posible escalada de tensiones que podría perjudicar a los sectores más vulnerables de la sociedad.
La apelación a un enfoque dialogante refleja una estrategia deliberada por parte de los gremios para cultivar una relación constructiva con el gobierno, en un momento donde la cohesión social es más necesaria que nunca. De esta manera, se abre un espacio para el entendimiento y la colaboración, en lugar de la confrontación, lo que podría sentar las bases para una respuesta más efectiva a los desafíos que enfrentan tanto los comerciantes como los consumidores en El Alto.