Los efectos del cambio climático ya no son una amenaza lejana. Sequías prolongadas, heladas tempranas, lluvias torrenciales y granizadas devastadoras se han vuelto parte del calendario agrícola boliviano. Cada fenómeno natural deja su huella en los campos, en la producción y, en consecuencia, en la mesa de los bolivianos. Ante esta realidad, el país no puede seguir actuando como si los daños al agro fueran simples accidentes de temporada. Urge asumir una política integral de previsión y protección que garantice la seguridad alimentaria nacional.
Los productores del campo —pequeños, medianos y grandes— están librando una batalla desigual frente a la naturaleza. Sin infraestructura adecuada, sin seguros agrícolas reales y con escaso acceso a tecnologías que permitan anticipar y mitigar los impactos, el esfuerzo humano se diluye en pérdidas que afectan no solo a las familias productoras, sino a toda la cadena alimentaria. Cada hectárea perdida, cada cultivo destruido, representa menos alimentos en los mercados y precios más altos para la población.
El Estado, los gobiernos departamentales y municipales deben asumir que la prevención es más barata y efectiva que la reconstrucción. La inversión en sistemas de alerta temprana, en obras de riego y drenaje, en semillas resistentes y en capacitación técnica, no puede seguir siendo postergada. Del mismo modo, urge consolidar un verdadero sistema de seguros agrícolas y fondos de contingencia que permitan al productor levantarse después de un desastre, en lugar de quedar abandonado a su suerte.
Bolivia no puede depender del azar para alimentar a su población. La seguridad alimentaria es un pilar de la soberanía nacional, y proteger al agro es proteger al país. Las autoridades deben entender que cada fenómeno natural no solo golpea al campo, sino también a la economía, al empleo y a la estabilidad social.
Prevenir hoy es garantizar el pan de mañana. Y ese compromiso debe ser asumido con responsabilidad, planificación y acción coordinada entre todos los niveles del Estado.